El problema de la vivienda en España ha encontrado en el alquiler turístico a uno de sus principales señalados. Sin embargo, para Juan Cubo, empresario y presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, el foco está mal dirigido. Con más de dos décadas en el sector, sostiene que retirar este tipo de alojamientos tendría un impacto mínimo sobre el acceso a la vivienda y, en cambio, podría dañar la economía.
Cubo defiende que el problema habitacional responde a factores estructurales mucho más profundos: falta de construcción, exceso de regulación y escasez de mano de obra cualificada. En su opinión, simplificar el diagnóstico solo contribuye a alimentar un debate poco riguroso.
El peso real de la vivienda turística en el mercado
Según explica, en Andalucía existen entre 80.000 y 90.000 viviendas destinadas al alquiler turístico, lo que representa alrededor del 1,4%–1,5% del parque total. “Retirarlas no aportaría prácticamente nada a la solución del problema habitacional”, afirma.
El empresario insiste en que la narrativa dominante ha convertido al sector en un “chivo expiatorio”. A su juicio, los datos no respaldan la idea de que el alquiler de corta estancia sea el responsable del encarecimiento residencial. Recuerda que España lleva años construyendo muy por debajo de lo necesario mientras la población sigue creciendo.
A esta ecuación se suma, dice, un cuello de botella cada vez más visible: la falta de profesionales de oficios. “Hoy es mucho más difícil conseguir un fontanero o un electricista que un abogado”, señala, para ilustrar cómo la escasez de mano de obra también limita la capacidad de aumentar la oferta de vivienda.
Desde su perspectiva, el principal motivo por el que muchos propietarios optan por el alquiler vacacional no es la rentabilidad, sino la seguridad jurídica. La incertidumbre asociada al arrendamiento tradicional —especialmente ante posibles impagos— empuja a algunos propietarios a buscar modelos con mayor control sobre el inmueble.
Impacto económico y efecto territorial
Juan Cubo subraya que el turismo representa aproximadamente el 14% del PIB andaluz y sostiene que la vivienda turística forma parte de un ecosistema mucho más amplio. Alrededor de esta actividad, afirma, se articulan decenas de subsectores: limpieza, mantenimiento, jardinería, rehabilitación, mobiliario o servicios locales.
En este sentido, advierte de que una retirada masiva de estas viviendas podría reducir de forma significativa la llegada de visitantes. “No solucionaría el problema de la vivienda, pero sí podría provocar un daño económico relevante”, resume.
El empresario pone además el foco en el turismo de interior, donde —según defiende— la vivienda turística actúa como herramienta contra la despoblación. En muchos municipios pequeños, explica, es la única vía para atraer visitantes y generar actividad económica.
Más del 75% de estas viviendas, asegura, se encuentran fuera de las grandes capitales. Por eso reclama que la regulación distinga entre realidades territoriales muy diferentes: grandes ciudades, zonas costeras y municipios rurales.
En paralelo, Cubo critica lo que considera una “sobrerregulación” creciente del sector y alerta de que la hiper burocracia también está frenando la construcción de nueva vivienda. El proceso para transformar suelo rústico en urbanizable, sostiene, se ha convertido en una “yincana administrativa” que retrasa la promoción inmobiliaria.
Juan Cubo insiste en que centrar el debate en la vivienda turística desvía la atención de los verdaderos desequilibrios del mercado residencial. A su juicio, sin un aumento sostenido de la construcción y de la mano de obra cualificada, el problema del acceso a la vivienda persistirá.
El empresario reclama un enfoque más técnico y menos ideológico que tenga en cuenta el impacto económico del turismo y las diferencias territoriales. Regular, sostiene, es necesario; hacerlo sin diagnóstico preciso, advierte, puede agravar tanto la escasez de vivienda como la actividad económica.
