El accidente en Adamuz hizo que se dejaran de lado algunos de los problemas históricos de Renfe. La empresa pública había podido esquivar algunas de las críticas de los últimos años mientras se aclaraba la situación. Sin embargo, a más de un mes del descarrilamiento y con una normalidad a medias en la alta velocidad poco a poco algunas de estas críticas vuelven a la palestra pública.
Entre ellas está el cambio en su política de puntualidad exigido por las enmiendas del Senado a la ley de transporte sostenible. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que Renfe está incumpliendo la Ley de Movilidad Sostenible al no restablecer las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos, vigentes desde el 1 de enero de 2026. Es una situación que seguramente no toma por sorpresa a la empresa pública, que lleva ya varios meses intentando buscar un resquicio legal para escapar de la nueva exigencia.
Lo cierto es que desde la empresa han señalado que la normativa que establece la ley exige una modificación del reglamento ferroviario, que podría afectar también las políticas de puntualidad de sus competidores en la alta velocidad, Ouigo e Iryo. Sin embargo se han negado hasta ahora a cumplir con la normativa.
Como recordaba la propia Renfe en el comunicado donde informaban que, de momento, no cumplirán con la medida que ha impuesto el PP, la normativa como está definida sólo los afecta a ellos. La propia empresa ha defendido, a través de X, que aunque está de acuerdo con medidas que mejoren la puntualidad de todo el servicio, el mismo pasa también por aplicar la misma normativa de puntualidad a todos los operadores del país. «Renfe adaptó en 2024 su sistema a un esquema alineado con reglamentos europeos, precisamente porque opera en competencia. Si se mejora la protección al cliente, debe hacerse para todos los operadores», ha defendido la empresa pública.
Sin embargo, a pesar de la insistencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y de la directiva de la empresa de que aplicar esta medida es inviable, la insistencia de las organizaciones en defensa del consumidor de la misma no desaparece. Tanto la OCU como antes FACUA han insistido en la necesidad de aplicar esta medida, como una forma de hacer presión para que Renfe recupere su puntualidad histórica, en un momento en que la percepción, incluso antes del accidente, es que era complicado confiar en que los trenes llegaran a su hora.
RENFE AVISA QUE VOLVER A LA ANTIGUA POLÍTICA DE PUNTUALIDAD PUEDE SUBIR SU PRECIO
Renfe ha avisado que esta medida es inviable, pues con otros operadores en las vías es complicado predecir con exactitud los motivos de los retrasos. Pues han señalado que el retraso en un viaje de otra empresa, por ejemplo el tren de Ouigo que estuvo atravesado en las vías alrededor de una hora durante esta semana, puede terminar retrasando su propio tren. Por tanto, asumen que en caso de que finalmente deban asumir la nueva política de indemnización tendrán que asumir un aumento de sus precios.
El aumento se calcula en un 10%, aunque habrá que seguir de cerca la realidad del mercado y los intentos de la empresa y el ministerio de evitar que la nueva normativa entre en vigor. Recordemos que lo que ha pedido el Partido Popular desde el Senado es simplemente que Renfe recupere su vieja política de puntualidad, que se traduce en la obligación de devolver el 50% del importe pagado por un billete en caso de un retraso de más de 15 minutos y un 100% en caso de un retraso mayor de 30 minutos.
LOS RETRASOS SON DIFÍCILES DE ASUMIR EN 2026
Lo cierto es que para Renfe uno de los grandes problemas en 2026 es que la puntualidad no depende solo de ellos. Adif sigue aplicando un límite importante en la alta velocidad en rutas clave, incluso en la que conecta Madrid y Barcelona, con diferencia la más popular a nivel nacional.
En esta situación la empresa sigue buscando que se revise la ley o, al menos, que se aplique también a sus competidores. Es un proceso complicado, que puede obligar a Puente solicitar un Decreto ley de urgencia en el Consejo de Ministros, un movimiento que hasta ahora no han querido dar mientras siguen buscando otras soluciones legales a la nueva exigencia de puntualidad.
