El desarrollo del medio rural continúa ocupando un lugar relevante en la agenda del Gobierno. A las ayudas a la adquisición de vivienda en municipios de 10.000 habitantes o menos —que contemplan subvenciones de hasta 10.800 euros, con el límite del 20% del valor del inmueble— se suman nuevas iniciativas orientadas a reforzar la cohesión territorial, mejorar los servicios y generar oportunidades económicas en los pequeños municipios.
La presentación esta semana en Infiesto (Asturias) de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incorpora 30 líneas de actuación y 60 medidas destinadas a combatir el desequilibrio poblacional.
El objetivo es facilitar que residir en un pueblo sea una opción viable y estable en el tiempo, en un contexto marcado por décadas de pérdida de habitantes en amplias zonas del interior. Las ayudas a la vivienda constituyen una herramienta directa para favorecer la fijación de población.
Sin embargo, el Ejecutivo plantea un enfoque que va más allá del acceso a un inmueble. La nueva estrategia incide en tres ámbitos principales: conectividad, transporte y empleo, considerados factores estructurales para hacer atractivo el entorno rural.
Uno de los avances señalados es el refuerzo de la conectividad digital. En los últimos años, la cobertura de fibra óptica y banda ancha ha pasado del 38% en 2018 al 82% en 2024, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal.
La mejora del acceso a internet de alta velocidad es clave para el teletrabajo, la digitalización empresarial y la prestación de servicios, y puede contribuir a ampliar el perfil de potenciales residentes en municipios pequeños.
En paralelo, el transporte se configura como otro eje de actuación. El Gobierno ha anunciado un nuevo programa dotado con 20 millones de euros para apoyar soluciones innovadoras de transporte sostenible en zonas rurales. La medida pretende mejorar la movilidad cotidiana y el acceso a servicios básicos en entornos donde la baja densidad de población dificulta la existencia de redes de transporte público frecuentes y eficientes.
Estas iniciativas se integran además en el denominado Plan ‘País de 30 Minutos’, cuyo planteamiento es garantizar que los ciudadanos dispongan de acceso a servicios esenciales —sanitarios, educativos, financieros o administrativos— en un radio máximo de media hora desde su residencia. Reducir la distancia a estos servicios es uno de los factores que más influyen en la decisión de permanecer o trasladarse a un municipio rural.
El empleo y el emprendimiento constituyen otro de los pilares de la estrategia. Desde 2022 se han financiado más de 700 proyectos vinculados a pequeñas y medianas empresas, economía social y entidades locales. La nueva fase prevé elevar el apoyo hasta los 80 millones de euros para entidades municipales, con la intención de dinamizar la actividad económica y generar oportunidades laborales que acompañen las políticas residenciales.
Asimismo, la transición energética justa ocupa un espacio relevante dentro del plan. Tras movilizar más de 1.600 millones de euros en ayudas directas en los últimos años, el Ejecutivo plantea una nueva línea dentro del fondo España Crece que podrá alcanzar hasta 1.000 millones de euros adicionales destinados al sector primario y al medio rural.
Las inversiones se dirigirán a ámbitos como la gestión forestal, la agricultura regenerativa, la ganadería extensiva o la eficiencia hídrica, sectores estrechamente vinculados al territorio.
FISCALIDAD
En conjunto, la estrategia combina vivienda, servicios, actividad económica y sostenibilidad ambiental. No obstante, distintos análisis coinciden en que el reto demográfico exige también instrumentos fiscales más ambiciosos y específicos que incentiven de forma sostenida la residencia y la inversión en municipios con menor densidad de población.
La disponibilidad de vivienda y la mejora de infraestructuras resultan elementos necesarios, pero pueden no ser suficientes si no se acompañan de un marco tributario que refuerce la competitividad del medio rural frente a los entornos urbanos.
Medidas como deducciones fiscales reforzadas, bonificaciones en cotizaciones o incentivos estables para empresas y autónomos podrían contribuir a consolidar los avances logrados en los últimos años. La experiencia comparada en otros territorios europeos muestra que la fijación de población suele requerir un paquete integral que combine ayudas directas con ventajas fiscales de largo recorrido.
