Locuaz en los micrófonos conservadores cuando se trata de afear la gestión de su compañero de partido Pedro Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se muestra mucho más discreto cuando toca rendir cuentas sobre sus propias competencias. Y pocas son hoy tan sensibles como la vivienda.
Mientras el mercado inmobiliario se recalienta en las cinco capitales de provincia, el Ejecutivo autonómico ha optado por no aplicar la Ley estatal de Vivienda aprobada por el Gobierno central en 2024, que permite declarar zonas tensionadas y limitar las subidas del alquiler en áreas especialmente castigadas por la presión de la demanda.
Una vez más, García-Page se ha alineado con las regiones del Partido Popular para rechazar esa herramienta, pese a que los datos evidencian un fuerte encarecimiento, especialmente en el eje más próximo a Madrid. La cercanía con la capital del Estado —donde el mercado vive una escalada histórica de precios— ha convertido a Castilla-La Mancha en territorio refugio para miles de compradores y arrendatarios expulsados de Madrid.
El efecto frontera es evidente en Guadalajara, donde el precio del metro cuadrado alcanzó en enero de 2026 los 2.089 euros, un 22,3% más que un año antes. Es la subida más pronunciada de la región y una de las más intensas del país. Toledo sigue una senda similar. La capital regional marcó en enero un precio medio de 1.904 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 15,4%.
La presión logística, la mejora de comunicaciones y el trasvase de población desde Madrid explican parte del fenómeno, pero la falta de intervención pública en el mercado también alimenta la tendencia. En Ciudad Real, el metro cuadrado se sitúa ya en 1.546 euros, un 18,5% más que en enero de 2025. Albacete alcanza los 1.800 euros por metro cuadrado (+7,8%), mientras que Cuenca se coloca en 1.511 euros (+6,8%). Aunque las subidas son más moderadas en estas dos últimas, la evolución confirma una dinámica generalizada de encarecimiento.
Ya en junio de 2024, Podemos exigió a Page que declarara zonas tensionadas de alquiler. El coordinador regional, José Luis García Gascón, reclamó entonces que el Gobierno autonómico cumpliera con la Ley de Vivienda para limitar los precios. La petición cayó en saco roto.
LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE GARCÍA-PAGE
En lugar de activar los mecanismos de contención previstos por la normativa estatal, el presidente regional ha optado por un paquete de incentivos fiscales y medidas de oferta que presentó como eje prioritario durante el Debate sobre el Estado de la Región en octubre de 2025. Once propuestas estratégicas integradas en un Plan de Acción de Vivienda 2026-2030, que —aseguró— podrían ampliarse.
Entre ellas destaca un préstamo a tipo 0 para jóvenes menores de 36 años y familias con hijos que adquieran su primera vivienda, con ayudas de hasta 48.000 euros para cubrir el 20 % de la entrada. La medida, dotada con 30 millones de euros, exige dos años de empadronamiento previo salvo en municipios en extrema despoblación.
El plan incluye además 45 millones para construir 700 viviendas en alquiler asequible o en venta en zonas urbanas, deducciones fiscales por arrendamiento de hasta 500 euros, rebajas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales —del 5 al 3 % para primera vivienda—, reducción a la mitad de los Actos Jurídicos Documentados y una deducción del 15 % en el IRPF por aportaciones a cuentas ahorro vivienda.
También se anunció la ampliación del precio máximo de la vivienda que puede acogerse a beneficios fiscales, pasando de 180.000 a 240.000 euros; la creación de un registro de demandantes; la reconversión de suelo y edificios públicos en desuso para levantar hasta 2.000 viviendas; protocolos con entidades financieras; agilización del cambio de uso de suelo; reclasificación “exprés” de suelo rústico en entornos rurales; una nueva norma técnica de planeamiento y ayudas a pequeños municipios para redactar planes urbanísticos.
A comienzos de 2026, en un acto en Cogolludo (Guadalajara), Page volvió a defender el «bloque de deducciones fiscales más importante» de la historia de la región para facilitar la adquisición y el alquiler, con la previsión de beneficiar a unas 12.000 personas y un impacto estimado de ocho millones de euros.
Sin embargo, desde la oposición se cuestiona la eficacia real de estas iniciativas que se quedan lejos de las ambiciones socialistas en los gobiernos de Cataluña y Navarra, esta última con la cartera de vivienda en manos de la coalición Contigo-Zurekin.
El parlamentario regional del PP Nacho Redondo calificó el plan de García-Page como «un ejercicio de propaganda política» que «ignora conscientemente la realidad radicalmente distinta que viven las cinco provincias». En su intervención, habló de una región a dos velocidades en materia de vivienda, con mercados tensionados en Guadalajara y Toledo frente a zonas con ausencia de promoción en Cuenca o partes de Ciudad Real y Albacete. También cuestionó que las medidas puedan beneficiar apenas a 12.000 personas en una comunidad de más de dos millones de habitantes.
Pese a los intentos de tumbar a García-Page, el PP castellanomanchego tampoco atraviesa su mejor momento. Bajo el liderazgo de Paco Núñez, la formación no logra levantar cabeza y en Génova reconocen en privado que éste solo aspiraría a la Presidencia regional si la ultraderecha de Vox experimentara un fuerte crecimiento.
