El mercado inmobiliario en Gijón ha arrancado 2026 con una tendencia claramente alcista. El precio medio de la vivienda se sitúa en 2.546 euros por metro cuadrado en enero, según los últimos datos de Idealista. La cifra supone un incremento del 0,7% respecto a diciembre, un 1,2% en el último trimestre y un contundente 18% interanual frente a enero de 2025.
La subida consolida una dinámica de encarecimiento sostenido que tensiona el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y rentas medias. Comprar es cada vez más caro y el alquiler continúa bajo presión, en un contexto donde la oferta no crece al mismo ritmo que la demanda.
Una de las consecuencias más visibles de esta situación es el auge en la transformación de locales comerciales en viviendas. La demanda para cambiar el uso de bajos se ha multiplicado por seis en apenas dos años, según datos de la Concejalía de Urbanismo. En 2023 el Ayuntamiento cerró el ejercicio con 15 solicitudes de cambio de uso, todas concedidas. En 2024 la cifra ascendió a 44 peticiones, de las que 36 fueron autorizadas y ocho quedaron en tramitación.
El salto definitivo se produjo en 2025, cuando Urbanismo recibió 95 solicitudes, el máximo histórico registrado en la ciudad. El fenómeno responde a un doble factor: las dificultades de acceso a la vivienda y la falta de actividad comercial en determinados barrios, donde abundan locales vacíos. Sin embargo, el crecimiento acelerado llevó al Ayuntamiento a congelar las licencias para nuevos cambios de uso, con alrededor de 80 expedientes a la espera de revisión.
El Consistorio decidió someter los proyectos a un nuevo informe técnico al considerar que anteriormente no se estaba aplicando correctamente la normativa. La medida ha generado malestar entre promotores, arquitectos y particulares, que ven paralizadas inversiones ya iniciadas o planificadas.
PLAN LLAVE
En paralelo, el Gobierno local impulsó el llamado Plan Llave, una iniciativa municipal destinada a construir 500 viviendas protegidas durante el actual mandato. En septiembre de 2025 el Ayuntamiento retomó la licitación del proyecto y aprobó los pliegos para el primer lote, compuesto por 120 viviendas.
El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, defendió entonces la iniciativa asegurando que el Plan Llave era la medida «más efectiva» que un Ayuntamiento puede llevar a cabo para que en su territorio se construya «una bolsa de vivienda protegida» y subrayó que con esta propuesta «Gijón vuelve a liderar la respuesta a los problemas de la ciudadanía».
El modelo planteaba la permuta de seis parcelas municipales por vivienda futura, bajo régimen de Vivienda Protegida Concertada (VPC). Las empresas disponían de 45 días para presentar ofertas. Sin embargo, la primera fase quedó desierta. Ninguna promotora concurrió al concurso, lo que abrió un nuevo frente político en la ciudad.
Desde la oposición, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, sostuvo que el fracaso del plan demuestra la «incapacidad de Foro Asturias», que gobierna la ciudad, para ofrecer «soluciones reales a la crisis de la vivienda». El Gobierno local, por su parte, atribuyó la falta de ofertas a la negativa del Ejecutivo autonómico, cuya cartera de Vivienda está en manos de IU, a revisar el módulo de vivienda protegida.
El Principado respondió que es «rotundamente falso» que hubiera obstaculizado el plan. Mientras el debate local se intensifica, el Gobierno central ha reforzado su presencia en la ciudad. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitó en el mes de noviembre pasado una promoción de 250 viviendas destinadas al alquiler asequible en el centro de Gijón.
La actuación cuenta con una inversión estatal de 8,97 millones de euros en ayudas directas y un préstamo de 35,1 millones a través del Instituto de Crédito Oficial. El precio del alquiler se situará en 8,85 euros por metro cuadrado, lo que equivale a rentas mensuales de entre 354 y 663,75 euros según tipología.
En el conjunto de Asturias, el Gobierno de España ha acordado más de 308 millones de euros en políticas públicas de vivienda desde 2018, movilizando la construcción de 620 viviendas y la rehabilitación de más de 3.100.
