En casi todas las comunidades de vecinos hay una figura clave para que todo funcione con normalidad: el presidente, el auténtico poder vecinal. Un cargo, en teoría, temporal, poco agradecido y pensado para coordinar, no para mandar. Pero en la práctica, no siempre es así.
En muchos edificios, el presidente acaba convirtiéndose en una especie de autoridad paralela. Decide, ordena, amenaza y, en algunos casos, actúa como si la comunidad fuera su pequeño ayuntamiento particular. El resultado suele ser el mismo: conflictos, enfrentamientos y una convivencia cada vez más tensa.
De representante a jefe sin elecciones con poder vecinal
El problema no suele aparecer el primer día. Al principio, el presidente cumple su función con normalidad. Convoca juntas, firma documentos y traslada acuerdos. Pero poco a poco, algo cambia.
Empiezan las decisiones unilaterales. Avisos colocados en el portal sin haber pasado por junta. Normas nuevas que nadie recuerda haber aprobado. Prohibiciones improvisadas sobre el uso de zonas comunes. Incluso amenazas veladas de sanciones que nadie sabe de dónde salen.
Muchos vecinos, por desconocimiento o por evitar líos, asumen que el presidente “tiene autoridad” para hacerlo. Y ahí empieza el abuso.
Lo que puede hacer… y lo que no
El presidente no es un cargo ejecutivo con poder absoluto. No puede imponer multas por su cuenta. No puede modificar normas sin acuerdo de la junta. No puede decidir obras, gastos o restricciones importantes de manera individual.
Su función es representar a la comunidad y ejecutar lo que se ha aprobado colectivamente. Ni más ni menos.
Sin embargo, en la práctica, hay presidentes que actúan como si su firma bastara para todo y tuviesen la totalidad del poder vecinal. Ordenan cambiar llaves, restringir accesos, cortar servicios comunes o presionar a vecinos concretos bajo la excusa del “bien del edificio”.
El problema es que muchos de esos actos son directamente impugnables.
El miedo a enfrentarse
¿Por qué estas situaciones se prolongan tanto? Porque enfrentarse al presidente y su poder vecinal tiene un coste social. Es el vecino del tercero. El que te cruzas en el ascensor. El que sabe a qué hora entras y sales.
Denunciar, cuestionar o pedir explicaciones genera incomodidad. Y en comunidades pequeñas, el silencio suele ganar a la razón. Hasta que el abuso deje de ser soportable.
Entonces llegan las juntas eternas, los gritos, las acusaciones cruzadas y los bandos enfrentados. Lo que era un cargo rotatorio se convierte en el origen del conflicto principal del edificio.
Cuando el administrador tampoco ayuda
En algunos casos, el administrador de fincas actúa como freno. En otros, se limita a seguir instrucciones del presidente, aunque se salten procedimientos básicos.
Esto agrava la sensación de indefensión. Los vecinos no saben a quién acudir ni qué decisiones son realmente válidas. Todo se mezcla: rumores, interpretaciones interesadas y normas que nadie encuentra por escrito.
Y mientras tanto, el presidente sigue actuando como si tuviera un mandato permanente.
Un cargo que desgasta comunidades enteras
Ser presidente no es fácil. Pero precisamente por eso, no debería convertirse en un puesto de poder. Cuando ocurre, la comunidad deja de ser un espacio de convivencia para convertirse en un campo de batalla.
La solución, casi siempre, pasa por lo mismo: información, juntas bien convocadas y vecinos dispuestos a recordar que vivir en comunidad no significa obedecer sin preguntar.
Porque cuando un presidente se cree alcalde, el problema ya no es la gestión del edificio. Es la convivencia diaria. Y eso, una vez roto, cuesta mucho volver a arreglarlo. A no ser, por supuesto, que alguien tome la decisión de convocar una junta urgente para cambiar, al fin, de presidente.
