El pasado 17 de febrero, los centros de trabajo de Canal Sur amanecieron teñidos de negro. Trabajadores y trabajadoras de la radiotelevisión pública andaluza estaban llamados a secundar los denominados ‘martes negros’, una iniciativa impulsada por el Comité Intercentros de la RTVA para denunciar lo que consideran una deriva insostenible en la gestión del ente público.
Ocho años después del cambio político en la Junta de Andalucía, el Partido Popular —que prometió despolitizar la cadena cuando estaba en la oposición— afronta acusaciones de enchufismo, manipulación informativa y uso partidista de la autonómica. La convocatoria no surge de la nada. El Comité Intercentros asegura que la situación de la plantilla es límite.
Denuncian que la viabilidad de la RTVA está «en riesgo» por la «falta de personal», con una «sobrecarga de trabajo» sobre un «personal bajo mínimos». Según sus datos, en los últimos años se han perdido 350 trabajadores y la previsión de jubilaciones eleva la cifra hasta 450 en los próximos ejercicios.
En ese contexto, reclaman que «no haya más despidos en estos procesos» y exigen recuperar empleo estructural. Pero la chispa que ha encendido definitivamente la protesta ha sido la contratación de cinco redactores mediante el cupo del 10% contemplado en el convenio.
Para el Comité, esa decisión ha sido la «gota que ha colmado el vaso». Entre los fichajes figura un periodista que hasta ahora trabajaba en el gabinete de comunicación del presidente andaluz, Juanma Moreno.
Los representantes de los trabajadores sostienen que estas incorporaciones se han hecho al margen de los procedimientos ordinarios y responden a criterios políticos. En un comunicado difundido a la plantilla, el Comité Intercentros fue rotundo: «Denunciamos que la manipulación informativa se ha convertido en la norma de actuación, hurtando a los andaluces su derecho a acceder a una radiotelevisión objetiva y plural». Y añadía tres objetivos claros en «defensa del servicio público»: «Exigir más plazas para recuperar la plantilla perdida, para garantizar el empleo, la promoción, los traslados y la estabilidad de todas y todos los trabajadores. Denunciar el enchufismo y falta de transparencia en la contratación. Frenar la externalización acelerada de la producción».
El conflicto ha dado además el salto a los tribunales. Las secciones sindicales de CGT y UGT han emprendido acciones legales contra la RTVA por estas contrataciones. CGT ha presentado una demanda ante los juzgados de lo Social de Sevilla por la cobertura de cuatro plazas de redactor/a en Sevilla que, según el sindicato, se han adjudicado «a dedo», vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad. UGT, por su parte, ha interpuesto una reclamación previa a la vía jurisdiccional social y ha exigido la «paralización inmediata» del quinto contrato pendiente.
Ambas organizaciones sostienen que la dirección ha realizado una «interpretación torticera» del convenio colectivo para «enchufar a quienes le mandan desde San Telmo», en referencia a la sede de la Presidencia andaluza. A su juicio, el artículo 34 solo permite acudir a ese cupo si la «especificidad de las características del puesto a contratar así lo requiera», algo que —afirman— no concurre, ya que el perfil de los seleccionados «no revela especificidad ninguna que lo justifique».
CGT ha ido más allá y ha solicitado medidas cautelares para frenar los contratos antes de que se consoliden. «Entendemos que la gravedad de los hechos y sus consecuencias para el conjunto de la plantilla exigen una respuesta firme e inmediata. Por eso también solicitamos medidas cautelares con el objetivo de que se paralicen inmediatamente esos contratos y evitar así que se consoliden situaciones que más tarde serían difíciles de revertir», señala el sindicato. En el plano político, la acusación es todavía más dura.
Para CGT, se trata de «una maniobra electoral, ante la proximidad de los comicios andaluces, para controlar el discurso, y vender la realidad que quiere vender Juanma Moreno a Andalucía». El sindicato denuncia «un paso más en el uso partidista que viene realizando el PP de la radio televisión pública de Andalucía, algo que estando en la oposición criticó al PSOE, y que luego, ya en el gobierno ha demostrado superar con creces, soberbia y absoluta impunidad.
TOROS PARA TODOS
A las denuncias por supuesta manipulación se suma la polémica por la apuesta estratégica por los contenidos taurinos. Entre 2022 y 2025, según datos ofrecidos por el propio director general, la RTVA ha destinado 2.973.500 euros a retransmisiones de eventos taurinos, incluyendo costes internos, externos y derechos de emisión. El gasto ha pasado de 524.250 euros en 2022 a 1.712.500 euros en 2025.
Paralelamente, el Ejecutivo andaluz ha reforzado su apoyo institucional a la tauromaquia. En 2023 destinó 230.000 euros a escuelas taurinas y, el pasado 7 de febrero, modificó una orden para elevar del 50% al 80% la financiación autonómica de la promoción de la tauromaquia en municipios taurinos, con subvenciones que oscilan entre 800 y 4.000 euros. Además, en 2024 adjudicó 2,5 millones de euros procedentes de fondos europeos a la deficitaria plataforma OnetoroTV.
El contraste entre la reducción de plantilla denunciada por los trabajadores y el aumento de la inversión en toros alimenta el debate sobre las prioridades de la cadena pública. Ocho años después del relevo al PSOE en el Palacio de San Telmo, el PP llegó prometiendo profesionalizar y despolitizar la radiotelevisión autonómica.
Hoy, sin embargo, la dirección de Canal Sur se enfrenta a una contestación interna sin precedentes recientes, con protestas semanales, demandas judiciales en marcha y acusaciones explícitas de enchufismo y sesgo informativo.
