La situación de la vivienda en España atraviesa una de sus etapas más críticas de las últimas décadas. El encarecimiento de los alquileres, la escasez de pisos asequibles, la presión de fondos de inversión extranjeros sobre los bloques residenciales y la falta de ambición de las políticas públicas han convertido muchas zonas urbanas en espacios prácticamente inaccesibles para sus habitantes.
Madrid, epicentro económico del estado, refleja con claridad esta problemática: barrios que antes eran comunidades con historia y diversidad se enfrentan a la especulación, a la gentrificación y a un modelo de desarrollo que prioriza la rentabilidad económica sobre el derecho básico a una vivienda digna.
El centro de la ciudad se ha convertido en un territorio de tensiones donde los residentes sufren las consecuencias de decisiones políticas y urbanísticas que favorecen al capital privado. La presión turística, la proliferación de pisos de alquiler vacacional y los incrementos continuos de los precios del alquiler han transformado el paisaje urbano y social.
Entre los bloques más representativos de esta situación se encuentran cuatro ejemplos concretos que ilustran cómo la ciudadanía organizada lucha por mantener sus hogares frente a los intereses de grandes tenedores.
Tribulete 7-10
En el histórico barrio de Lavapiés, el bloque situado en Tribulete 7-10 se ha convertido en un símbolo de resistencia vecinal. Propiedad de la socimi Élix Rental Housing II, los vecinos han denunciado prácticas de acoso inmobiliario y coacciones por parte de la empresa.
Desde hace más de dos años, los residentes se han organizado para proteger su derecho a permanecer en sus hogares y han llevado su caso a los tribunales, exigiendo que se respeten sus contratos y se frene la especulación que amenaza con expulsarlos del barrio.
San Ildefonso 20
Otro caso destacado es el de San Ildefonso 20, un edificio propiedad de ATM TYR Real Estate, gestionado por Trier Capital. Los vecinos de este inmueble buscan transformar el bloque en una cooperativa de viviendas bajo régimen de cesión de uso, una alternativa que permitiría garantizar la permanencia de las familias en el barrio.
La iniciativa refleja un modelo de resistencia colectiva frente a la apropiación por parte de fondos de inversión, defendiendo la vivienda como un derecho y no como un activo financiero.
Buenavista 25
El bloque de Buenavista 25 enfrenta a sus vecinos con la productora de cine Gloriamundi Producciones, que ha asumido la gestión de los alquileres en el edificio. La acción de la empresa ha generado subidas de rentas y conflictos con los inquilinos, quienes se organizan siguiendo la estrategia sindical #NosQuedamos.
Esta situación obliga a los vecinos a mantener una vigilancia constante para evitar desahucios y pérdida de sus hogares.
Zurita 22
Finalmente, el bloque de Zurita 22 sigue la misma línea de resistencia que Buenavista 25, enfrentándose a la misma productora y sus prácticas de gestión inmobiliaria agresiva. Los residentes se han unido para garantizar la estabilidad en sus viviendas y luchar contra el fenómeno de conversión de bloques residenciales en pisos turísticos, que es una tendencia que ha saturado el centro de Madrid y ha reducido el acceso a vivienda asequible para quienes viven allí desde hace años.
NEGATIVAS
A pesar de la presión social y de los ejemplos exitosos de regulación en otras comunidades autónomas como Cataluña y Navarra, el Gobierno regional de Madrid ha rechazado aplicar medidas que podrían contener la subida de precios y limitar la acción de los grandes tenedores. En estos territorios, las políticas de control del alquiler han logrado frenar la escalada de los precios y ofrecer alternativas de vivienda asequible para las familias.
Sin embargo, en Madrid, la falta de intervención mantiene un mercado dominado por la especulación, dejando a los barrios más vulnerables en situaciones de extrema presión habitacional. Además, a nivel estatal, el PSOE se niega a prorrogar los contratos de alquiler que vencen este 2026 por tres años. Esta medida, según cálculos de Sumar, afectaría a más de 600.000 contratos.
Por otro lado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) asegura que la finalización del escudo antidesahucios derivará en la pérdida de hogar de unas 60.000 familias, lo que incrementa aún más la vulnerabilidad de la ciudadanía ante la crisis habitacional.
