Borja Ibáñez no se anda con medias tintas. Este cardiólogo, director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), lidera desde hace años la batalla contra la aterosclerosis, enfermedad que acumula grasa y colesterol en arterias y mata a 20 millones de personas al año. Pero su frustración va más allá del quirófano. Mientras España desarrolla tratamientos magníficos para casi todas las patologías cardiovasculares, los casos no dejan de aumentar.
Esto explota porque el sistema falla en prevención primaria. El 31 de diciembre de 2024, el Gobierno aprobó un Real Decreto que limita a dos raciones semanales los ultraprocesados en centros públicos con pensión completa y los excluye completamente de menús infantiles. Frente a esta medida tímida, Borja Ibáñez exige algo más contundente: gravar con impuestos la comida basura que inunda supermercados y destinar esa recaudación a subvencionar alimentos saludables.
La propuesta sin filtros del cardiólogo
El doctor Ibáñez no esconde su postura. «Yo sería ultraagresivo», afirma cuando habla de políticas públicas contra la comida insana. Su propuesta es cristalina: las grandes empresas que comercializan productos ultraprocesados deben pagar impuestos elevados. Ese dinero iría directo a abaratar aceite de oliva, verduras y frutas para que comer sano sea accesible a todos.
La idea no es nueva en Europa. Francia e Italia ya legislaron contra el desperdicio alimentario obligando a supermercados a donar comida no vendida bajo multas de hasta 500.000 euros. Pero Ibáñez apunta a otra batalla: no se trata solo de reducir desperdicio, sino de desincentivar el consumo de productos que golpean el bolsillo sanitario.
Por qué esta exigencia llega ahora
El contexto explica la urgencia. Desde 1990 hasta hoy, el número de personas viviendo con enfermedad cardiovascular en el mundo se duplicó de 311 a 626 millones. El estilo de vida moderno, con abundancia de comida ultraprocesada y sedentarismo, dispara estas cifras. En España, el consumo masivo de alimentos procesados desde la infancia se instaló con retraso respecto a Estados Unidos, pero ya muestra consecuencias.
- El 31 de diciembre de 2024, Consumo aprobó un Real Decreto que limita ultraprocesados en hospitales, residencias y centros públicos
- La norma establece máximo 80% de productos saludables en máquinas vending y 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada
- El colesterol elevado está presente en cerca del 70% de todas las patologías cardiovasculares
- Un estudio previo del CNIC reveló que 6 de cada 10 personas aparentemente sanas de 40 a 55 años ya presentan placas de ateroma en arterias
| Medida | Alcance | Fecha de entrada |
|---|---|---|
| Límite ultraprocesados centros públicos | Máximo 2 raciones/semana | 31 dic 2024 |
| Exclusión total menús infantiles | Todos los centros públicos | 31 dic 2024 |
| Productos saludables en vending | Mínimo 80% | 31 dic 2024 |
Cómo afecta la comida basura a tu corazón
El mecanismo es simple pero letal. Los productos ultraprocesados disparan el colesterol malo en sangre, que se adhiere a las paredes arteriales formando placas de ateroma. Esas placas estrechan el conducto sanguíneo, reducen el flujo y acaban provocando infartos o accidentes cerebrovasculares.
Un estudio del CNIC con 4.000 empleados del Banco Santander reveló que personas aparentemente sanas ya presentan aterosclerosis oculta. El problema se agrava cuando la enfermedad da la cara: entonces se trata magníficamente, pero llegamos tarde. Las consecuencias son devastadoras: 31 kilos de comida desperdiciados por persona al año en hogares españoles, pero el verdadero desperdicio está en las vidas que se pierden por comida que nunca debió llegar a los supermercados.
Qué implica gravar la comida insana
Más allá de la recaudación, Ibáñez apunta a un cambio de comportamiento. Si los refrescos azucarados, snacks y ultraprocesados cuestan el doble por impuestos, el consumidor piensa dos veces antes de comprarlos. Paralelamente, el aceite de oliva y las verduras bajan de precio gracias a subvenciones financiadas con esa recaudación.
Este modelo conecta a una tendencia macro: el sistema sanitario español gasta millones tratando enfermedades cardiovasculares que podrían prevenirse con intervención temprana. Ibáñez imagina un futuro donde, a partir de los 18 años, todas las personas se sometan a revisiones periódicas sencillas para detectar factores de riesgo. Si se identifican placas incipientes, cinco años de medicación a los 20 años pueden equivaler a 35 años de medicación mucho más tarde.
Borja Ibáñez: Disipando dudas que todos tenemos
P: ¿Qué productos se considerarían comida basura para gravarlos?
R: Refrescos azucarados, snacks ultraprocesados, bollería industrial y productos con alto contenido de grasas saturadas y azúcares añadidos.
P: ¿Cuánto costaría el impuesto propuesto por Ibáñez?
R: El cardiólogo no especifica cifra, pero propone que sea lo suficientemente elevado para desincentivar consumo y financiar subvenciones a alimentos saludables.
P: ¿Realmente puede desaparecer la aterosclerosis una vez formada?
R: Sí. En el estudio PESA del CNIC, el 8% de participantes vio desaparecer placas de ateroma tras seis años de cambios intensivos en estilo de vida.
P: ¿Qué alimentos se abaratarían con la recaudación del impuesto?
R: Aceite de oliva, verduras, frutas y otros pilares de la dieta mediterránea equilibrada.
Qué pasará con esta propuesta
La exigencia de Ibáñez no cae en saco roto. El CNIC busca actualmente 8.000 voluntarios en España para el ensayo REACT, que pretende curar la aterosclerosis temprana con intervención agresiva en estilo de vida y medicación preventiva. Si logran identificar y tratar la enfermedad a tiempo en 8 de cada 10 pacientes, el impacto sería enorme.
Mientras tanto, el Real Decreto de Consumo ya marca un precedente al limitar ultraprocesados en centros públicos. La siguiente batalla se librará en los supermercados, donde productos insanos siguen ocupando estanterías centrales sin restricción. Ibáñez lo tiene claro: o las autoridades actúan con contundencia ahora, o seguiremos tratando infartos evitables dentro de 20 años. La prevención empieza en la nevera, pero las políticas públicas deciden qué llega a ella.
