El debate sobre el acceso de los menores a las redes sociales volvió al centro de la escena tras el anuncio del Gobierno de avanzar en su prohibición para menores de 16 años. La medida, aún en trámite parlamentario, abrió una grieta previsible entre quienes la consideran necesaria y quienes la ven excesiva.
En medio de esa discusión aparece Dani Sánchez-Crespo, tecnólogo y profesor, quien desde hace años analiza el impacto social de la tecnología. Su postura es que las redes sociales generan efectos medibles en la salud mental y la capacidad de atención de los adolescentes, y su beneficio no compensa los riesgos.
Tecnología, cerebro y autocontrol: el punto crítico
Para comprender su planteamiento, Sánchez-Crespo propone una clasificación sencilla. Existen tecnologías claramente positivas, como aquellas que facilitan la vida cotidiana sin generar daños relevantes. Otras, en cambio, son directamente perjudiciales y por eso se prohíben. En medio se ubica una zona gris que requiere regulación.
Las redes sociales, sostiene, encajan en esa categoría intermedia, pero cada vez más cerca del extremo negativo. El argumento no es ideológico sino neurológico. Durante la infancia y la adolescencia se consolidan los circuitos cerebrales vinculados al autocontrol, la recompensa y la gestión del esfuerzo. La exposición constante a estímulos breves y recompensas inmediatas altera ese equilibrio.
El mecanismo es conocido. El llamado scroll infinito y las notificaciones permanentes activan circuitos dopaminérgicos asociados a la anticipación de recompensa. El problema no es el teléfono móvil como dispositivo, sino el contenido que alojan determinadas redes sociales. Según explica, la novedad constante no responde a una experiencia real sino a un estímulo diseñado para retener la atención.
Diversos estudios académicos han advertido una disminución en la capacidad de concentración sostenida en jóvenes que crecieron con redes sociales. Profesores universitarios en Estados Unidos han señalado dificultades crecientes para analizar películas completas o textos extensos. La atención fragmentada deja huella.
Sánchez-Crespo insiste en una idea central: el acceso a un móvil debería estar vinculado al autocontrol del menor. Si un adolescente no puede desconectarse cuando se le pide, no está preparado para gestionar determinadas aplicaciones. El debate, por tanto, no es solo tecnológico sino educativo.
¿Prohibir o regular las redes sociales? La respuesta política
La propuesta de limitar el acceso a redes sociales para menores de 16 años no surge en el vacío. Australia avanzó con restricciones similares. Francia y Reino Unido estudian medidas en la misma línea. En todos los casos, el foco está puesto en la protección del desarrollo psicológico.
El profesor sostiene que la intervención del Estado se justifica cuando las familias no cuentan con herramientas suficientes para controlar el uso de redes sociales. No todos los padres dominan la tecnología ni comprenden los algoritmos que determinan qué contenidos se muestran y por qué.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto en la autoestima. Documentos internos revelados en su momento mostraron que grandes plataformas eran conscientes de que ciertas redes sociales agravaban problemas de imagen corporal en adolescentes, especialmente en chicas. Casos de ansiedad, trastornos alimentarios y conductas autolesivas encendieron las alarmas.
Frente a ese escenario, la pregunta es directa: ¿compensan los beneficios sociales que ofrecen las redes sociales el daño potencial? Para Sánchez-Crespo, la respuesta es negativa. La función de socialización puede canalizarse por vías menos invasivas, mientras que los riesgos están ampliamente documentados.
Es cierto que toda prohibición enfrenta desafíos prácticos. Los menores pueden intentar eludir controles mediante sistemas de verificación débiles. Sin embargo, el profesor compara la situación con otras regulaciones sanitarias. Cuando se prohibió fumar en espacios cerrados, no desaparecieron todas las infracciones, pero el impacto positivo fue mayoritario.
La regulación de redes sociales, argumenta, debe entenderse como parte de un proceso gradual. A medida que más países adopten medidas similares, aumentará la presión para establecer estándares internacionales más estrictos. La experiencia europea en protección de datos muestra que los marcos regulatorios pueden ampliarse y consolidarse.
