La controversia sobre los apartamentos turísticos en València ha abierto un debate sobre la veracidad de los datos oficiales servidos por el equipo de gobierno municipal del Partido Popular. La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, compareció ante los medios desde un piso turístico del barrio de la Malva-rosa que figura como clausurado en el listado difundido por el consistorio.
Según la coalición, el inmueble sigue disponible en plataformas digitales, lo que cuestiona que la orden de cierre haya tenido efectos reales. La comparecencia se produjo después de que la alcaldesa, María José Catalá (PP), afirmara que el número de viviendas turísticas se ha reducido un 14%, en base a datos de la fundación Visit València.
El equipo de gobierno sostiene que se han intensificado las inspecciones y dictado órdenes de cierre. Compromís, por su parte, plantea que existe una diferencia entre la apertura de expedientes y el cese efectivo de la actividad. De acuerdo con la documentación recabada por la formación tras acudir al Síndic de Greuges, el listado municipal recoge algo más de 800 inmuebles con expediente, una cifra inferior a la anunciada públicamente.
Además, en numerosos casos constan actas de inspección o trámites administrativos, sin que se haya completado el procedimiento hasta una resolución firme que garantice la clausura. El apartamento utilizado como ejemplo, según Compromís, fue denunciado por la Policía Local en abril de 2024 y recibió una orden de cierre posterior.
Sin embargo, meses después fue inscrito en el registro autonómico como vivienda turística. La coalición sostiene que, pese a figurar como clausurado, continúa operando, lo que evidenciaría problemas en la ejecución y coordinación administrativa. Desde el gobierno municipal se argumenta que la solicitud de licencia del inmueble es anterior a la actual moratoria y que no incurre en ilegalidad.
Para Compromís, más allá de ese caso concreto, la cuestión central es la capacidad del Ayuntamiento para asegurar que las órdenes dictadas se cumplen y que los datos comunicados reflejan cierres efectivos.
El análisis del propio listado muestra que la mayoría de expedientes se concentran en el Cabanyal y en el distrito de Poblats Marítims, así como en Ciutat Vella y Ruzafa. Esta distribución, según la coalición, confirma que la presión turística se extiende a barrios residenciales y requiere actuaciones con resultados verificables.
El Ayuntamiento prepara una nueva ordenanza que fijará límites porcentuales por barrio y distrito, además de mantener la moratoria de nuevas licencias mientras se delimita el mapa de zonas tensionadas. También ha anunciado el refuerzo de los equipos de inspección y de la Policía Local para controlar anuncios en plataformas y comprobar la situación de los inmuebles.
COMPROMÍS PIDE LA TRAZABILIDAD COMPLETA DEL PROCESO
Compromís sostiene que el elemento decisivo no es el número de expedientes iniciados, sino la trazabilidad completa del proceso hasta el cierre real. A su juicio, la política pública en esta materia debe poder seguirse paso a paso: desde la detección de una posible infracción hasta la notificación formal, la resolución administrativa y la verificación posterior de que la actividad ha cesado.
Sin esa secuencia cerrada y comprobable, consideran que las cifras agregadas carecen de capacidad para describir el impacto efectivo de las actuaciones municipales. Por ello, la coalición ha hecho público el listado de viviendas que el gobierno da por clausuradas y anima a contrastar caso por caso si continúan anunciándose en plataformas digitales.
La iniciativa busca someter los datos oficiales a contraste externo y facilitar que cualquier persona pueda verificar si existe correspondencia entre lo que consta en los registros municipales y la oferta que permanece accesible en internet.
Según exponen, la transparencia en la documentación y en el estado actualizado de cada expediente es un requisito para evaluar la aplicación real de las decisiones adoptadas. A su juicio, la prioridad debe situarse en garantizar que las resoluciones administrativas tengan efecto material y que exista constancia documental de su cumplimiento. Esto implica, señalan, mecanismos de seguimiento posteriores a la orden de cierre, coordinación entre registros municipales y autonómicos y actualización periódica de la información pública.
