Las prisiones españolas suelen aparecer en el debate público solo cuando ocurre un crimen mediático o un motín espectacular. Sin embargo, detrás de esos muros existe una realidad cotidiana mucho más compleja y silenciosa, protagonizada por miles de funcionarios que conviven a diario con internos de todo tipo.
Manuel Morales, funcionario con años de experiencia, describe un sistema penitenciario que considera contradictorio: humano en sus formas, pero cada vez más permisivo con conductas violentas. Gracias a su testimonio se permite entender cómo funciona realmente una prisión por dentro y cuáles son sus principales carencias.
Una prisión con reglas humanas, pero llena de tensiones
Morales insiste en desmontar una idea muy extendida: las prisiones españolas no son infiernos medievales, pero tampoco hoteles de lujo. “Las cárceles son bastante humanas, pero quien está privado de libertad no vive en un resort”, resume. En España, los centros penitenciarios cuentan con aulas, bibliotecas, gimnasios e incluso piscinas. Sin embargo, para él muchas de esas comodidades no tienen relación directa con la reinserción.
El funcionario explica que la organización interna de una prisión se basa en distintos módulos según la conducta de los internos. No se dividen por el delito cometido, sino por el grado de adaptación al régimen penitenciario. Un preso que se comporta correctamente puede convivir en un módulo ordinario, mientras que los más conflictivos deberían ser enviados a primer grado o a zonas de aislamiento.
El problema, según Morales, es que esa clasificación cada vez se aplica menos. “Hace seis o siete años había más de mil internos en primer grado. Hoy hay menos de cuatrocientos, pero las agresiones se han multiplicado por cuatro”, asegura. Para él, la conclusión es clara: se rebaja la exigencia disciplinaria para evitar conflictos administrativos, aunque eso aumente el riesgo dentro de la prisión.
Otro aspecto crítico es la falta de personal. En un módulo pueden convivir hasta 120 internos atendidos solo por dos funcionarios. Uno permanece en la cabina de seguridad y el otro se mueve por el patio. “Nunca estamos en mayoría. El sistema español no se basa en la fuerza, sino en la contención, pero a veces esa contención se vuelve imposible”, afirma.
A esa precariedad se suma la escasa protección legal. A diferencia de un policía, un funcionario de prisión no es considerado agente de la autoridad. Si un interno lo agrede, las consecuencias penales son mínimas y, en muchos casos, el trabajador nunca recibe indemnización alguna. “Estamos más desprotegidos que casi cualquier otro servidor público”, lamenta.
Drogas, violencia y un modelo que prioriza la calma
Uno de los puntos más polémicos de su relato es la entrada de drogas y objetos prohibidos. Morales sostiene que el propio sistema facilita que eso ocurra. “La droga entra porque la prisión está diseñada para que entre. Mientras los presos estén tranquilos, nadie quiere hacer demasiado ruido”, afirma con crudeza.
La mayoría de sustancias, explica, llegan a través de comunicaciones con familiares o por reingresos tras permisos. También se han detectado métodos más modernos, como drones que lanzan paquetes a las ventanas de las celdas. Los teléfonos móviles de alta gama son ya un problema habitual.
A esto se suma el abuso de medicación psiquiátrica. Muchos internos reciben ansiolíticos y antidepresivos que luego utilizan como moneda de cambio dentro del centro. Paradójicamente, la atención especializada es escasa. En muchas prisiones el psiquiatra solo acude una vez por semana para atender a cientos de personas.
La violencia cotidiana es otra realidad invisibilizada. Manuel Morales relata casos de peleas graves, agresiones a funcionarios e incluso asesinatos entre internos con objetos improvisados. “Cualquier cosa puede convertirse en un arma: una cuchilla, una pesa del gimnasio, un hueso afilado”, explica. Aun así, las sanciones internas suelen ser leves: quedarse sin patio por unos días o pasar un corto periodo en aislamiento.
Para el veterano funcionario, todo responde a una misma lógica: evitar problemas a corto plazo. “El sistema quiere presos que no den problemas; reinsertar ciudadanos no es la prioridad”, repite. Según su visión, se ha optado por un modelo estadístico que reduce los primeros grados para mostrar buenos resultados, aunque la conflictividad real dentro de la prisión aumente.
Pese a las dificultades, Morales defiende la importancia social de su trabajo. Asegura que los funcionarios hacen de psicólogos, mediadores y hasta de bomberos cuando surge una emergencia. “Nuestro oficio es desconocido y muy hermético, pero sostenemos una parte esencial del Estado”, concluye.
