El reconocimiento otorgado a Estados Unidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, en plena ola de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Donald Trump, evidencia la estrategia del PP madrileño para evitar que se hable de su gestión.
ENEMIGO DE LA PRENSA
Circunscribiéndonos solo al ámbito periodístico, cabe recordar que la administración estadounidense no solo ha hostigado a los medios con retórica agresiva, demandas judiciales y cierres de medios estatales; también ha impuesto restricciones físicas que limitan de manera drástica el acceso de los periodistas a lugares donde antes podían ejercer su labor con libertad.
Reporteros Sin Fronteras documenta ocho acciones concretas de este tipo. Entre ellas se incluyen desde el endurecimiento de los pases diarios del Departamento de Estado hasta la prohibición del acceso de periodistas a ciertas zonas de la Casa Blanca, la limitación de cobertura de los tribunales federales de inmigración, la deportación de reporteros extranjeros, la imposición de normas restrictivas en el Pentágono, la exclusión de medios críticos del Air Force One, la restricción de visados a periodistas internacionales y la sanción a agencias como Associated Press por utilizar expresiones que Trump considera incorrectas.
Estas medidas reflejan un patrón sistemático de control e intimidación, un intento explícito de reducir la transparencia y ahogar la labor de quienes informan sobre la política estadounidense. La paradoja se vuelve evidente cuando, al mismo tiempo, se entrega un premio que simboliza admiración y legitimidad a un país que ejerce un control tan intenso sobre la prensa.
Que Ayuso haya decidido reconocer a Estados Unidos en este momento no es un detalle menor: el gesto se produce mientras se consolidan prácticas que socavan una serie de derechos fundamentales. Incluso Vicente Vallés, que rara vez había criticado a la presidenta madrileña, dedicó anteayer un durísimo comentario editorial a esta provocadora decisión, que según la oposición busca tapar los escándalos de gestión y los problemas relacionados con el novio de la presidenta.
TRUMP Y LA PRENSA
Desde enero de 2025, la ofensiva de Trump contra la prensa ha ido más allá de la retórica: la restricción de acceso a eventos gubernamentales, tribunales y espacios de decisión no solo impide el ejercicio del periodismo, sino que también altera la percepción pública sobre la transparencia del gobierno. Se ha expulsado a periodistas extranjeros que cubrían manifestaciones, se ha limitado el trabajo de agencias internacionales mediante visados temporales y se ha marginado a medios críticos, negándoles incluso el acceso al avión presidencial.
Esta estrategia, que Reporteros Sin Fronteras califica como un «duro golpe para la libertad de prensa», revela un patrón deliberado: Trump busca monopolizar la narrativa política, reducir la visibilidad de la oposición mediática y moldear la cobertura de los hechos según su conveniencia. La situación interna estadounidense no hace sino agravar la alerta. Los mismos mecanismos que limitan la cobertura informativa también contribuyen a la violencia social.
Minnesota, por ejemplo, ha sido escenario de protestas y de enfrentamientos con agentes federales tras la muerte de Renée Nicole Good a manos del ICE, un caso que refleja cómo la aplicación de la ley puede derivar en violaciones a la Primera Enmienda. En paralelo, la proliferación de medios digitales ultraconservadores, algunos incluso premiados con fondos públicos por administraciones locales, normaliza la estrategia de Trump y la presenta como ejemplo de patriotismo o eficacia política.
LA ESTRATEGIA TRUMPISTA
El patrón de Trump ante la prensa es claro: las restricciones físicas a los periodistas, la intimidación legal, la expulsión de reporteros y la censura indirecta conforman un esquema sin equivalente reciente en la historia estadounidense contemporánea.
Las consecuencias son inmediatas: menor diversidad informativa, acceso reducido a la toma de decisiones, aumento de la autocensura y consolidación de un espacio mediático donde solo los relatos favorables al poder encuentran cabida. La acción de premiar al país en este contexto se convierte, entonces, en un gesto que legitima indirectamente estas prácticas y contribuye a normalizar lo que debería considerarse intolerable.
