La vivienda se ha convertido en uno de los ejes centrales de la precampaña electoral en Castilla y León a un mes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Con los precios de venta y alquiler al alza y un cruce de acusaciones entre la Junta y el Gobierno central por la financiación de promociones públicas, el debate sobre el acceso a la vivienda se sitúa en el centro del choque político.
Según los datos de Idealista correspondientes a enero de 2026, el precio medio de la vivienda en venta en Castilla y León se sitúa en 1.287 euros por metro cuadrado. Aunque en términos mensuales apenas varió un 0,7% respecto a diciembre, el incremento interanual alcanza el 8,4%, con subidas especialmente significativas en algunas provincias. Ávila encabeza el aumento con un 15,1% en el último año, seguida de León (11,0%), Valladolid (9,5%), Segovia (8,2%) y Salamanca (8,0%). También registran incrementos Soria (7,1%), Burgos (6,0%), Palencia (4,1%) y Zamora (0,4%).
En el mercado del alquiler, la presión es similar. El precio medio alcanza los 9,4 euros por metro cuadrado en enero, con un incremento del 0,7% mensual y del 8,5% en términos interanuales. En comparación con octubre de 2025, el aumento es del 3,9%, según Idealista.
Estas cifras consolidan una tendencia ascendente que complica el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias y bajas. En este contexto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha optado por confrontar directamente con el Gobierno central. En una carta remitida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, expresó su «preocupación por las inexactitudes» de sus declaraciones tras afirmar que «tres de cada cuatro euros invertidos en vivienda corresponden al Gobierno central».
Mañueco rechaza esa afirmación y desglosa las cifras para defender el esfuerzo autonómico. Según los datos aportados por la Junta, de los 54,3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation transferidos a la Comunidad, 50,1 millones se han destinado a vivienda, a los que se suman 86,6 millones de recursos propios.
En las promociones en ejecución, la financiación europea representa el 36,65% del total, frente al 63,35% asumido por el Ejecutivo autonómico. Además, frente a los 77,92 millones comprometidos por el Ministerio en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022–2025, la Junta asegura haber aportado ya 126,69 millones.
El presidente autonómico ha calificado de «inadmisibles» las declaraciones de la ministra y ha instado al Gobierno a realizar una aportación extraordinaria de 306,14 millones de euros si desea que la proporción del 75% que reivindica se ajuste a la realidad contable en Castilla y León.
A la confrontación institucional se suma el debate sobre la aplicación de la Ley estatal de Vivienda. El Gobierno autonómico del PP no ha declarado zonas tensionadas ni ha aplicado los mecanismos previstos en la norma que permitirían limitar las subidas del alquiler en áreas con fuerte presión de precios. Desde el Ejecutivo regional sostienen que la intervención del mercado no resolverá el problema de fondo y defienden como prioridad el incremento de la oferta.
PROPUESTAS DESDE LA IZQUIERDA
El PSOE, por su parte, plantea un modelo distinto. El candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, anunció en noviembre la propuesta de crear un consorcio autonómico para impulsar la vivienda protegida si gana los comicios de marzo de 2026. El programa socialista recoge el compromiso de garantizar el denominado «derecho subjetivo a la vivienda», vinculando el precio del alquiler a los ingresos de la unidad familiar y limitando el acceso a viviendas protegidas a quienes no superen determinados umbrales de renta.
Además, el PSOE propone un Pacto Social por la Vivienda con entidades sociales, colegios profesionales y la universidad, así como un programa de intermediación para movilizar viviendas vacías hacia el mercado del alquiler, con el objetivo de que la renta no supere el 30 % de los ingresos de los adjudicatarios.
En el resto del arco parlamentario, Podemos ha calificado de «esencial» ampliar el parque público de vivienda y topar los precios del alquiler mediante la intervención del mercado residencial para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Vox, en cambio, mantiene un perfil bajo en esta materia y la cuestión apenas ha ocupado espacio en su discurso público reciente.
