La Comunidad de Madrid ha cargado duramente contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusa de pretender extender al conjunto de las comunidades autónomas el modelo sanitario que aplica el Ministerio en Ceuta y Melilla, marcado por problemas de gestión, de estructura y de personal sanitario, quien recurrentemente inician convocatorias y huelgas médicas.
Estas palabras se producen después de que el Gobierno anunciara ayer el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que pretende acabar con el modelo de colaboración público-privada en la gestión hospitalaria. Desde el Ejecutivo madrileño, liderado por Isabel Díaz Ayuso, advierten de que mantendrán su modelo sanitario y que acudirán a los tribunales si la norma es finalmente aprobada en el Congreso.
CAOS EN CEUTA Y MELILLA
Actualmente, Ceuta y Melilla son los dos únicos territorios en España donde la sanidad no está transferida y depende directamente del Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Esto significa que es el propio Gobierno central quien asume la gestión de hospitales, centros de salud, contratación de personal, planificación y presupuestos, sin intermediación autonómica.
En los últimos años, ambos territorios han registrado huelgas médicas y protestas por la continua falta de especialistas, la profunda sobrecarga asistencial y las dificultades para cubrir plazas estructurales. Además, por sus características geográficas, dependen en muchos casos de derivaciones a la península, sobre todo a regiones como Andalucía por su cercanía, para determinados tratamientos complejos, lo que ha alimentado el debate sobre la eficacia del modelo de gestión directa estatal.
De hecho, según los datos que se reflejan en la tercera oleada de la encuesta trimestral elaborada por el CIS (Barómetro Sanitario), apuntan a que hay una percepción extendida de mal funcionamiento del sistema de salud. Un 33,9% de los ciudadanos de Ceuta considera que la sanidad pública “funciona mal y necesita cambios profundos”, mientras que en Melilla este porcentaje se sitúa en el 18,8%. A ello se suma que más de la mitad de la población melillense (54,8%) cree que el sistema requiere cambios fundamentales.
La pérdida de confianza se refleja también en gran medida en la preferencia por las alternativas privadas. Según el propio CIS, el 64,6% de los melillenses y el 45% de los ceutíes optarían por la sanidad privada si tuvieran libertad de elección.
El Hospital Universitario de Melilla, por ejemplo, fue inaugurado tras años de retrasos en su construcción y con un presupuesto superior al inicialmente previsto, convirtiéndose en uno de los símbolos del debate sobre la gestión sanitaria directa del Estado. En Ceuta, el proyecto del nuevo hospital también ha sufrido demoras prolongadas.
INCOMPETENCIA MINISTERIAL
Por su parte, la ministra Mónica García ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de incurrir en malversación de caudales públicos por aplicar el sistema de colaboración público-privada en Madrid. Sin embargo, la portavoz de la CAM, Carmen Esteban, ha respondido calificando a García como “la ministra más incompetente” al frente de Sanidad.
Desde el Ejecutivo madrileño defienden que su modelo ha contribuido a situar a la sanidad madrileña como la mejor de España y subrayan que el 90 % del presupuesto sanitario se destina a la sanidad pública de gestión directa.
El Gobierno autonómico insiste en que, si la ley entra en vigor, presentará un recurso por invasión de competencias. No obstante, dudan de que prospere, ya que consideran que otras comunidades autónomas, como Cataluña, también podrían verse perjudicadas.
Desde Madrid añaden que lo que realmente busca la titular de Sanidad es extender al resto del país un modelo que, aseguran, ya está generando tensiones en los territorios bajo gestión directa del Ministerio.
