Renfe, Ouigo e Iryo han asumido que durante el resto del año tendrán que afrontar un retraso de, al menos, 25 minutos en sus viajes. Sin embargo, en las últimas semanas los retrasos han sido mucho mayores, llegando a dos horas después de la hora marcada a su destino. Este ha sido el motivo para que dos de ellas, Renfe e Iryo, no asuman temporalmente su política de indemnizaciones por impuntualidad.
Sin embargo, FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las compañías ferroviarias —Iryo, Ouigo y Renfe— no pueden alegar la limitación de velocidad establecida por Adif en ciertos trayectos en los últimos días como causa de «fuerza mayor» para negarse a cumplir con sus compromisos de puntualidad o con las indemnizaciones mínimas que recoge la normativa europea en caso de retrasos.

La asociación señala que el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, indica expresamente que no se consideran circunstancias extraordinarias «las huelgas del personal de la empresa ferroviaria, las acciones u omisiones de otra empresa que utilice la misma infraestructura ferroviaria y las acciones u omisiones de administradores de infraestructuras y de estaciones», lo que incluye las actuaciones que está realizando Adif sobre las vías y que son motivo de las cancelaciones o retrasos que están sufriendo los trenes.
El problema, por supuesto, es que estos retrasos no están controlados por las empresas. Los problemas actuales de las vías de tren no están en manos de los tres operadores de la alta velocidad, sino que dependen del tiempo que Adif mantiene los límites de velocidad en las vías, en particular en las conexiones entre Madrid y Barcelona, la más popular del país y una en la que los retrasos se alargan hasta por encima de las 2 horas.
Como recuerda FACUA, la normativa europea dispone que, en caso de un retraso de entre los 60 y los 119 minutos, se tendrá que indemnizar a los pasajeros con un 25% del precio del billete, que asciende a un 50% si el retraso del viaje alcanza los 120 minutos. Si bien las empresas han cambiado su compromiso en el corto plazo, la realidad es que este reglamento se mantiene, pero los usuarios que quieran recurrir a él tendrán que hacerlo a través de la vía legal.
Esto haría que, en la mayoría de los viajes de las últimas semanas, Renfe, Ouigo e Iryo se viesen obligadas a pagar una indemnización a la mayoría de los viajeros. Es una realidad complicada de digerir, pero que puede tener un costo difícil de ignorar para las empresas de alta velocidad, en un año que ya se dibuja como especialmente complicado.
OUIGO, IRYO Y RENFE DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EL MOMENTO DE LA COMPRA DEL BILLETE
En cualquier caso, Facua recuerda que Ouigo, Iryo y Renfe deben tomar en cuenta la política de puntualidad que ofrecían en el momento en el que el billete salió a la venta. Si en el momento en el que se realizó el pago no se había confirmado el cambio en la política de puntualidad, las empresas deberán asumir el pago que habían ofrecido.
La negativa a cumplir con sus políticas de puntualidad en aquellos billetes comprados con anterioridad a su eliminación temporal implica imponer al viajero una modificación unilateral en las condiciones pactadas en el momento de la contratación del servicio, lo que podría suponer una práctica abusiva.
Además, insisten en que las empresas del sector no pueden considerar las limitaciones impuestas por Adif como una «causa de fuerza mayor», según el reglamento europeo. Por lo tanto, es de esperar que se vean en la obligación de pagar algunos billetes durante los próximos meses.
LA NORMALIDAD NO VOLVERÁ ESTE AÑO
Lo cierto es que las comunicaciones de Ouigo, Iryo y Renfe, así como las de Adif, dejan claro que la normalidad del sector no volverá del todo hasta finales de año, pero esperan que al menos se puedan controlar sus retrasos en un tiempo suficientemente llevadero para evitar la molestia de los usuarios. En la práctica no solo se trata de los viajes más largos, sino de abordar el tren sin saber la hora de llegada al destino, y lo mucho que esto dificulta que los usuarios hagan planes, no importa si viajan por motivos de ocio o de trabajo.

En cualquier caso, se han visto movimientos fuera del sector de la alta velocidad para intentar controlar la situación de los usuarios. Tanto los límites de precio que ha aplicado Iberia en algunas rutas como los controvertidos viajes especiales de Uber demuestran que hay demanda para opciones de viaje fuera de la alta velocidad tras el accidente de Adamuz, que ha vuelto a transformar el mapa de todo el sector.








