La escalada del conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por la aplicación de la Ley de Vivienda no logra ocultar una realidad incómoda: la crisis de la vivienda sigue avanzando sin que se adopten medidas estructurales de la envergadura que reclaman los socios a la izquierda del PSOE y buena parte de las plataformas sociales.
Desde Moncloa, el mensaje es claro. El PSOE considera legítimo y necesario afear al PP que se niegue a aplicar la Ley de Vivienda en territorios clave como Madrid, Andalucía o Aragón. La ministra Isabel Rodríguez ha elevado el tono en las últimas semanas, llegando incluso a deslizar la posibilidad de una intervención de la Comunidad de Madrid al amparo del artículo 155 de la Constitución.
«Me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está cumpliendo sus obligaciones en materia de vivienda, pero no tengo mayoría en el Senado», reconoció en una entrevista en TVE, admitiendo de paso los límites políticos de esa amenaza. Rodríguez acusa al PP de actuar «contracorriente» respecto a Europa y de bloquear medidas que, según defiende el Ejecutivo, ya están demostrando su eficacia allí donde se aplican.
«No se están topando los alquileres en Madrid porque el PP no quiere», ha reiterado la ministra, que subraya que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles, según el CIS. En paralelo, el Gobierno ha tratado de blindar el uso de los fondos públicos, asegurando que «no habrá ni un solo euro» del Estado destinado a vivienda que no sea protegida de forma permanente.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 7.000 millones de euros, obliga a las comunidades a destinar al menos un 40% de los recursos a aumentar la oferta, un 30% a rehabilitación y otro 30% a ayudas directas. Son pasos relevantes dentro de las competencias estatales, pero insuficientes para quienes consideran que el Gobierno se queda corto ante una emergencia social de primer orden.
Porque mientras el PSOE centra su ofensiva en el incumplimiento autonómico, sus socios de investidura ponen el foco en la falta de ambición del propio Ejecutivo. Sumar ha reclamado medidas mucho más contundentes, como la renovación automática de más de 630.000 contratos de alquiler que vencerán en 2026. El fin de estos contratos podría afectar a más de 1,6 millones de personas, cifra que se elevaría a 2,7 millones si se suman los vencimientos previstos para 2027. Por otra parte, Podemos presentó hace dos años una propuesta integral para reducir los alquileres hasta un 40%, intervenir de forma directa el mercado. La iniciativa plantea un giro radical respecto al marco actual y responde, según la formación morada, a la evidencia de que las políticas graduales no están logrando frenar la expulsión de inquilinos ni la gentrificación de las ciudades.
DEBATE ABIERTO
Los datos de Navarra han vuelto a avivar este debate. Desde la declaración de 21 municipios como Zona de Mercado Residencial Tensionado, el precio del alquiler ha caído un 8,6% en el segundo semestre de 2025, mientras la oferta se ha mantenido estable. Todo ello en un contexto nacional en el que los precios subieron un 8,5%, según Idealista.
A diferencia de otros territorios, Navarra cuenta con un registro público y obligatorio de contratos, lo que refuerza la credibilidad de los datos y desmonta uno de los principales argumentos de la derecha contra la regulación. El contraste con las comunidades gobernadas por el PP es evidente. Mientras Navarra, Cataluña o Euskadi avanzan en políticas de contención, regiones como Madrid siguen rechazando cualquier tipo de intervención. Isabel Díaz Ayuso ha reiterado que no habrá límites de precios ni regulación del alquiler, apostando por atraer inversión privada y fondos inmobiliarios.
El resultado, según denuncian organizaciones sociales, es una creciente presión sobre los inquilinos, especialmente jóvenes y rentas medias y bajas, sin alternativas habitacionales suficientes. Plataformas como #NiUnDesahucioMás han advertido recientemente del riesgo de desmontar el escudo social y han señalado tanto a los partidos que han votado en contra de su prórroga —PP, Junts, UPN y Vox— como al propio Gobierno por no haber impulsado «medidas estructurales y permanentes» que garanticen el derecho a la vivienda.
La crítica apunta a una paradoja incómoda: mientras el Ejecutivo denuncia la inacción de las autonomías del PP, evita dar el salto hacia políticas más ambiciosas que podrían tensionar el equilibrio interno de la coalición y el marco constitucional.
