El escándalo por la adjudicación de viviendas de protección pública en la Playa de San Juan de Alicante ha vuelto a situar al Partido Popular valenciano en el centro de la polémica urbanística. Lo que debía ser una promoción destinada a facilitar el acceso a la vivienda ha derivado en un caso con dimisiones políticas, investigaciones judiciales y serias dudas sobre el uso final de unos pisos levantados sobre suelo público en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.
Ante la magnitud del problema, la dirección autonómica del PP y el gobierno municipal han activado una estrategia de contención para tratar de limitar el impacto político y proteger las siglas. El foco está en una promoción de viviendas de protección pública, que además era la primera construida en Alicante en más de veinte años. Se trata de pisos de grandes dimensiones, con garaje, trastero y zonas comunes propias de una urbanización de alto nivel.
La controversia estalló al conocerse que entre los adjudicatarios figuraban cargos públicos, familiares directos de altos responsables municipales y técnicos vinculados al propio procedimiento administrativo.
Tras destaparse el caso, dimitieron la concejala de Urbanismo y una directora general del Ayuntamiento, mientras se conocía que informes internos ya habían advertido de posibles conflictos de interés y de adjudicatarios cuyo perfil económico difícilmente encajaría en los requisitos exigidos para acceder a una vivienda protegida.
El gobierno municipal, presidido por el alcalde Luis Barcala, optó por presentar una denuncia ante la Fiscalía y sostener que el Ayuntamiento carece de instrumentos legales para fiscalizar las adjudicaciones realizadas por cooperativas privadas sobre suelo público.
Ese argumento ha sido uno de los ejes de la defensa política del PP, atrincherado en una retórica que sufre algunas lagunas. Barcala y su equipo han insistido en que el consistorio se limita a vender el suelo y conceder licencias, descargando la responsabilidad sobre una normativa que delega en agentes privados buena parte del proceso.
Sin embargo, esta posición no ha logrado cerrar la crisis. La aparición de nuevos indicios, como la posible venta o alquiler irregular de algunas viviendas, ha ampliado el alcance del escándalo y ha reforzado la percepción de que los controles fallaron antes y después de la adjudicación.
CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN
En este contexto, la dirección autonómica del PP ha entrado en escena. El síndic popular en Les Corts, Miguel Barrachina primero y después figuras de mayor peso orgánico, entre ellas el president de la Generalitat y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, han asumido un papel activo para respaldar a Barcala y tratar de encapsular el caso en el ámbito local.
El mensaje es claro: se trataría de un conjunto de irregularidades individuales, sin conexión política ni directrices de partido, y ya en manos de la justicia. No obstante, la oposición no comparte esa lectura. Desde PSOE, Compromís y Esquerra Unida se habla de un fracaso sistémico del modelo de gestión de la vivienda protegida y de un patrón de privilegios que recuerda a etapas pasadas.
Han exigido explicaciones al alcalde en un pleno extraordinario y han presentado denuncias propias ante la Fiscalía, apuntando a posibles delitos relacionados con la gestión administrativa, los conflictos de interés y el uso fraudulento de un recurso público concebido con fines sociales.
A medida que avanzan las investigaciones, el caso ha ido creciendo en gravedad política. No solo se cuestiona quién accedió a los pisos, sino también qué se ha hecho con ellos después. Han trascendido indicios de operaciones inmobiliarias incompatibles con la protección pública, incluidas ofertas en el mercado libre y prácticas destinadas a sortear los límites legales de precio.
De confirmarse, estos hechos vaciarían de contenido el objetivo esencial de la promoción: garantizar vivienda asequible y evitar la especulación. Es en este punto donde el escándalo conecta con un pasado que el PP valenciano creía superado. Durante años, el partido quedó marcado por una forma de gobernar asociada al urbanismo descontrolado, las recalificaciones dudosas y una red de intereses cruzados que desembocó en algunos de los mayores casos de corrupción del país.
Tras una larga etapa de desgaste electoral y promesas de regeneración, la dirección popular había logrado instalar el relato de una nueva etapa. Sin embargo, lo ocurrido en Alicante vuelve a proyectar una sombra incómoda en un momento muy delicado para el PP levantino tras la carbonización de Carlos Mazón a cuenta de su escandalosa gestión de la dana.
