La Sala de lo Social ha ratificado la procedencia del despido de una comercial de Renfe que, aprovechando su acceso privilegiado al sistema, tramitaba para beneficio propio las indemnizaciones por demora de billetes que los viajeros nunca llegaban a reclamar.
Lo que empezó como un «sobresueldo» astuto ha terminado con una sentencia ejemplarizante. Una trabajadora de Renfe ha sido despedida de forma procedente tras descubrirse que utilizaba los billetes olvidados por los pasajeros en los mostradores o máquinas para lucrarse personalmente. La empleada, que conocía al detalle el compromiso de puntualidad de la compañía, identificaba los trenes con retraso y tramitaba los reembolsos a su favor introduciendo sus propios datos bancarios o solicitando el abono en efectivo, una práctica que la empresa calificó de fraude contractual grave.
El esquema era tan sencillo como arriesgado: la comercial recolectaba billetes de viajeros que, por desconocimiento o falta de tiempo, no solicitaban la compensación por demora. Al tener el control de la terminal de venta y atención al cliente, lograba que el sistema validara la devolución sin levantar sospechas inmediatas. Sin embargo, los mecanismos de auditoría interna de Renfe detectaron una anomalía en el volumen de reclamaciones gestionadas bajo un mismo patrón, lo que dio inicio a una investigación que ha acabado dándole la razón a la empresa ferroviaria.
El fin del compromiso de puntualidad como negocio personal
El despido, ratificado ahora judicialmente, se basa en la ruptura total de la buena fe contractual que debe regir cualquier relación laboral. La empleada no solo se apropiaba de pequeñas cantidades de forma recurrente, sino que utilizaba herramientas de la empresa para perpetrar un engaño contra el patrimonio de la propia Renfe. El tribunal ha considerado que no hay lugar a la readmisión, ya que la gravedad de los hechos invalida cualquier atenuante de antigüedad o desempeño previo.
La defensa de la trabajadora intentó alegar que el perjuicio económico era mínimo para una entidad del tamaño de Renfe, pero la justicia ha sido tajante al respecto. No se juzga solo la cuantía robada, sino el abuso de confianza y la deslealtad manifiesta al aprovecharse de los retrasos del servicio para beneficio privado. Este tipo de prácticas, según la sentencia, socavan la integridad del sistema de atención al cliente y dañan la reputación de la operadora pública frente al usuario.
Un sistema de auditoría que no perdona errores
Renfe ha reforzado sus protocolos de seguridad digital tras detectar que algunos empleados podían realizar devoluciones sin una identificación exhaustiva del titular original del billete. La detección de este caso fue posible gracias a que los registros de actividad quedaron grabados de forma indeleble en el software de gestión de taquillas. Cada céntimo reclamado por la comercial estaba vinculado a su usuario de acceso, lo que dejó un rastro de migas de pan digital imposible de ocultar ante los inspectores.
Este caso sirve de advertencia para otros empleados del sector público que manejan sistemas de devoluciones o compensaciones directas al ciudadano. La tecnología que facilita la gestión también es la que permite una trazabilidad absoluta del fraude, haciendo que el «dinero fácil» sea cada vez más difícil de esconder. Renfe ha dejado claro que mantendrá una política de tolerancia cero ante cualquier conducta que suponga un quebranto de la ética profesional y el uso indebido de los recursos internos.
La picaresca española se estrella contra el Código Penal
El uso de indemnizaciones no reclamadas es una forma de picaresca que los tribunales españoles están empezando a castigar con dureza en el ámbito laboral. Al ser una empresa pública, el daño se percibe como un ataque al erario, lo que endurece la visión de los magistrados sobre la procedencia del despido. El hecho de que la trabajadora esperara a que los viajeros abandonaran la estación para actuar demuestra una premeditación que anula cualquier posibilidad de error involuntario o descuido administrativo.
La sentencia destaca que el trabajador tiene la obligación de velar por los intereses del empleador, no de buscar brechas en el sistema para enriquecerse. Este «sobresueldo» clandestino, por pequeño que fuera en cada operación individual, constituía una conducta delictiva continuada en el tiempo que hacía insostenible su permanencia en el puesto de trabajo. La comercial, que contaba con años de experiencia en la casa, ha perdido su carrera y sus derechos indemnizatorios por un puñado de devoluciones fraudulentas.
El impacto en el compromiso de puntualidad de Renfe
El escándalo llega en un momento delicado para Renfe, que ha ajustado recientemente sus márgenes de indemnización por retrasos para alinearse con los estándares europeos. La picaresca interna no solo supone una pérdida económica, sino que empaña el compromiso de transparencia que la operadora intenta proyectar tras las constantes críticas por las averías en la red de Cercanías y Media Distancia. Que una empleada se lucre con los fallos del servicio es la mayor ironía posible para la dirección.
Para evitar que estos sucesos se repitan, la compañía está implementando sistemas de validación biométrica o de doble factor para los reembolsos de alto volumen en ventanilla. El objetivo es que el dinero de las devoluciones llegue exclusivamente a quien sufrió el retraso y no se quede por el camino en manos de intermediarios desleales. La digitalización total de las reclamaciones parece ser la única vía para erradicar estas malas prácticas que todavía sobreviven en el trato personal de taquilla.
Jurisprudencia clave para el sector servicios
Este fallo sienta un precedente importante para el sector servicios y de transporte en España, donde la gestión de reembolsos es una tarea diaria para miles de trabajadores. Los tribunales están enviando un mensaje claro: el acceso a los datos del cliente no es una licencia para el lucro personal. La gravedad de la falta es tal que incluso si la cantidad defraudada es pequeña, la sanción máxima del despido disciplinario está plenamente justificada por la pérdida de confianza.
En conclusión, la astucia de la comercial se convirtió en su propia trampa al subestimar la capacidad de control de los nuevos sistemas digitales de Renfe. Su salida de la empresa, sin derecho a indemnización, es el cierre de un capítulo de deslealtad laboral que ha terminado de la peor forma posible para ella. El caso queda como un recordatorio de que, en la era del big data, hasta el fraude más discreto deja una huella que tarde o temprano llega al despacho de un juez.
