El Gobierno ha abierto una consulta pública para estudiar cómo desarrollar energía eólica marina (offshore) a través de un sistema de subastas. En este sentido, la propuesta se basa en formas alternativas en las que España pueda poner su grano de arena en el cumplimiento de los objetivos de transición energética europea.
Aún así, esta nueva propuesta se produce después de que desde el Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de una tendencia que se está dando entre los países comunitarios con esta forma de energía: mucho optimismo, pero con pocos planes realistas.
El plan energético español
Esta iniciativa, enmarcada en Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar, parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) busca definir las bases de las futuras subastas de energía eólica marina en España, con el objetivo de desarrollar de 1 a 3 GW de capacidad instalada de eólica marina y hasta 60 MW de otras energías marinas para 2030.
No obstante, a diferencia de la tendencia general de Europa, estas instalaciones no estarían ancladas al suelo marino, sino que serían flotantes. Una forma de tecnología renovable no tan estudiada, ni desarrollada como otras alternativas de energía offshore.
Esta audiencia pública incluye propuestas para adjudicar de forma simultánea, mediante concurso, el régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red y la concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre para instalaciones eólicas en el mar. Además, contempla criterios de valoración que pueden incluir aspectos como el impacto ambiental, la creación de empleo local o la compatibilidad con otros usos del mar.
Mucho ruido y pocas nueces: el nuevo paradigma de la eólica marina europea
Esta nueva audiencia pública, se ha desarrollado en un contexto en el que el Tribunal de Cuentas Europeo ya advirtió de que los objetivos de desarrollo europeos en torno a esta energía son muy ambiciosos. En este sentido publicó un análisis titulado: “Informe Especial 22/23: Energía renovable marina en la UE”, que indica que se busca desarrollar una energía con una capacidad instalada relativamente limitada hasta llegar a niveles de 61 GW en 2030 y hasta 340 GW en 2050.
Según el Tribunal, estos objetivos implican un crecimiento muy acelerado del sector en un plazo relativamente corto y requieren una coordinación estrecha entre Estados miembros, instituciones europeas y operadores del sistema energético. Además, de un alto nivel de inversión, propio del desarrollo de estas tecnologías.
Por otro lado, Bruselas también señala que, aunque existen marcos estratégicos y financieros para apoyar este crecimiento, el desarrollo real de la energía renovable marina es desigual entre los Estados miembros y avanza a distintas velocidades. El informe subraya que muchos países todavía se encuentran en fases tempranas de planificación, con procedimientos complejos y largos en materia de permisos, ordenación del espacio marítimo y conexión a red.
Los costes energéticos de todos los sectores europeos podrían desplomarse para 2032
El Tribunal también destaca que el desarrollo de la red eléctrica, tanto en tierra como en el mar, constituye uno de los principales cuellos de botella para la expansión de la energía renovable marina. Señala que la planificación de las infraestructuras de red no siempre avanza al mismo ritmo que los objetivos de generación, lo que puede generar retrasos, ineficiencias y costes adicionales en el despliegue de nuevos proyectos. De hecho, el caso español, en este aspecto, actúa como ejemplo debido al estado de saturación de sus redes de distribución.
En definitiva, la propuesta del Gobierno para explorar el potencial renovable de la energía eólica marítima está alineada con los intereses tanto europeos como nacionales en materia de transición energética. Y aunque siga siendo una audiencia pública y no se esté desarrollando como tal en proyecto, este anuncio ha generado dudas entre los analistas económicos.
En este sentido, RBC en su nota diaria duda de si este proyecto puede ser competitivo en rentabilidad y coste para el sistema, debido a las elevadas inversiones de capex necesarias para poner en funcionamiento la tecnología de turbinas flotantes (que son más caras si cabe que las ancladas al fondo marino). A esto se le suma que, el banco canadiense ve un riesgo regulatorio por razones políticas, donde un proyecto de tanta envergadura podría verse frenado y paralizado ante un cambio de gobierno.
Si a la tesis planteada por el banco se le suma el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, se puede ver que es un proyecto arriesgado. Por lo que habrá que ver como evoluciona este plan para el desarrollo de eólica offshore y si cumple con los objetivos esperados.
