La crisis de la vivienda en España entra en una nueva fase de incertidumbre tras los últimos movimientos en el Congreso de los Diputados. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley que recoge el denominado escudo social, separado del decreto que garantiza la revalorización de las pensiones para 2026.
Esta decisión, tomada de manera estratégica por el Ejecutivo, buscaba facilitar la aprobación de al menos uno de los dos decretos tras el fracaso parlamentario de la semana anterior. La prórroga de la moratoria antidesahucios, que es una de las medidas más relevantes del escudo social para proteger a familias en situación de vulnerabilidad, se enfrenta ahora a un futuro incierto.
La medida había logrado frenar hasta un 25% de los desahucios desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis por la pandemia, y era considerada por expertos y organizaciones sociales como la única herramienta efectiva para evitar lanzamientos de hogares sin alternativa habitacional.
Tras la aprobación inicial del Consejo de Ministros, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el PNV que modificaba la norma para excluir a los pequeños propietarios —propietarios de una o dos viviendas— de la obligación de ofrecer una alternativa habitacional a sus inquilinos vulnerables.
Este pacto parcial ya debilitaba la protección: según estimaciones del sector social, más del 90% de las viviendas en alquiler son de un propietario con un activo en el mercado. La medida buscaba proteger a los propietarios más modestos frente a la carga de asumir alternativas habitacionales, pero a cambio dejaba fuera de la protección a la mayoría de los hogares en situación de riesgo.
Con esta modificación, la moratoria de desahucios ya no garantizaba cobertura efectiva para gran parte de los inquilinos vulnerables, limitando su alcance a un número reducido de casos. El acuerdo PSOE-PNV, aunque presentado como un avance frente a la situación previa, carecía de la ambición y la cobertura que organizaciones sociales y expertos reclamaban.
Fue entonces cuando Junts per Catalunya anunció su rechazo al decreto, dejando sin apoyo parlamentario suficiente la prórroga de la moratoria antidesahucios. La formación catalana consideró que las modificaciones introducidas no solucionaban los problemas estructurales de la vivienda y que el coste de la medida recaía de manera injusta sobre pequeños propietarios, mientras que las familias vulnerables seguían sin una solución integral.
Con el veto de Junts, que se suma a la postura de PP, Vox y UPN, la protección temporal que ofrecía la moratoria quedó prácticamente neutralizada, exponiendo a miles de familias a la amenaza de desalojos. En los últimos años, Junts per Catalunya había mostrado una imagen más social en materia de vivienda, con posturas más sociales que la tradición de Convergència, y había prometido priorizar la protección de familias vulnerables.
Sin embargo, el auge de Aliança Catalana y la presión de sectores más conservadores dentro del independentismo han acelerado un giro hacia posiciones más proteccionistas del pequeño propietario.
SIN ALTERNATIVAS
La combinación del pacto PSOE-PNV, que ya limitaba el alcance de la protección, y el rechazo de Junts, deja a las familias más vulnerables sin alternativas claras. En Cataluña, se estima que podrían reactivarse más de 13.000 procesos de desahucio, mientras que a nivel estatal el número total de desalojos en riesgo asciende a 60.000.
Organizaciones sociales advierten de que la decisión política tiene consecuencias directas sobre la vida de las familias. La moratoria había sido la única herramienta efectiva para detener los desahucios de hogares sin alternativa, y su debilitamiento deja a las personas más vulnerables sin protección frente a los tribunales y a la presión inmobiliaria. Además, los servicios sociales, ya saturados, tendrán que asumir una carga adicional sin recursos suficientes para garantizar soluciones habitacionales.
ENFADO
Desde la plataforma #NiUnDesahucioMás, que agrupa a más de 100 entidades de todo el Estado, advirtieron hace unos días de la irresponsabilidad de dejar caer la única medida que ha demostrado eficacia real para frenar los desahucios sin alternativa habitacional.
Y señalan directamente a los partidos que han votado en contra —PP, Junts, UPN y Vox—, «en especial a Junts, teniendo en cuenta el especial contexto catalán en el que se reactivarán más de 13.000 procesos de desahucio».
Pero la crítica no se queda ahí. La plataforma también apunta al Gobierno por no haber logrado los consensos necesarios ni haber impulsado «ninguna medida estructural y permanente que garantice el derecho a la vivienda».
