La regularización extraordinaria de personas migrantes que ha aprobado el Gobierno abre un nuevo capítulo en el debate público sobre migración y vivienda en España. Como ha ocurrido en otras ocasiones, la medida ha sido recibida con una mezcla de respaldo social, críticas políticas y una cascada de bulos que tienden a simplificar —o distorsionar— su alcance real.
«Podemos está para garantizar derechos, y papeles son derechos», afirmó la secretaria política de Podemos, Irene Montero, al anunciar el acuerdo alcanzado con el PSOE tras meses de negociaciones. El Consejo de Ministros ha dado así el primer paso para tramitar un Real Decreto inspirado en la regularización de 2005, impulsada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
No se trata de una anomalía: esta será la séptima regularización extraordinaria en democracia. Desde 1986, seis procesos similares —tres de ellos bajo gobiernos del Partido Popular— permitieron documentar a más de un millón de personas. Según las estimaciones actuales, más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse ahora, con lo cual Pedro Sánchez rondará al número de residentes legalizados que alcanzaron José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Pese a ello, parte del debate mediático se ha visto contaminado por informaciones falsas. Algunos titulares han sugerido que se concederán permisos de residencia sin comprobación de antecedentes penales, algo que no se corresponde con el marco legal vigente.
En las redes sociales algunos han calificado la medida de electoralista, confundiendo deliberadamente residencia con nacionalidad. Conviene recordar que la residencia no otorga derecho a voto en elecciones generales ni autonómicas, y que solo una minoría de residentes puede participar en comicios municipales, y únicamente en determinados casos.
En este contexto, el impacto sobre la vivienda se ha convertido en uno de los ejes del debate. España atraviesa una emergencia habitacional marcada por el aumento de precios, la escasez de alquiler asequible y la precariedad residencial.
La regularización puede tener un doble efecto. Por un lado, ampliará la demanda formal de vivienda, algo que algunos partidos utilizarán para tensionar el ambiente. Pero, por otro, contribuirá a aflorar una realidad ya existente: cientos de miles de personas que ya viven en España, trabajan y residen en barrios y ciudades, pero lo hacen en condiciones de invisibilidad legal.
Lejos de crear una presión nueva sobre el mercado, la regularización permite ordenar una demanda que hoy se canaliza de forma irregular. Muchas personas migrantes sin papeles solo pueden acceder a subarriendos informales, alquileres en negro o situaciones de hacinamiento.
Al obtener la residencia, podrán firmar contratos legales, empadronarse y acceder a mecanismos de protección frente a abusos. Esto no solo mejora sus condiciones de vida, sino que también contribuye a reducir la economía sumergida en el sector inmobiliario y a dotar de mayor transparencia al mercado del alquiler.
Este argumento ha sido respaldado por actores poco sospechosos de ser favorables al Gobierno. Organizaciones empresariales y la Iglesia católica han expresado su apoyo a la regularización, subrayando que la estabilidad administrativa favorece tanto la cohesión social como el funcionamiento normal de sectores clave de la economía.
En vivienda, la regularización puede facilitar la intermediación pública, la mediación en conflictos y el acceso a programas de alquiler asequible que hoy quedan fuera del alcance de quienes no tienen documentación.
RACISMO INMOBILIARIO
El debate sobre vivienda y migración no puede desligarse del racismo estructural que atraviesa el mercado inmobiliario. En mayo de 2025, cinco grupos parlamentarios y medio centenar de entidades sociales llevaron al Congreso una iniciativa para denunciar y combatir el racismo inmobiliario.
Informes recientes como el de la Asociación Provivienda muestran que la práctica totalidad de las agencias inmobiliarias admite o consiente discriminaciones contra personas migrantes y racializadas, ya sea negando visitas, imponiendo requisitos adicionales o aceptando instrucciones explícitas de propietarios para no alquilar a personas extranjeras.
Esta exclusión empuja a miles de personas a la precariedad residencial, dificulta el empadronamiento y, con ello, el acceso a derechos básicos como la sanidad o la educación. La regularización, sin ser una solución mágica, puede actuar como palanca para reducir estas dinámicas, al reforzar la posición legal de los inquilinos y facilitar la actuación de las administraciones frente a prácticas discriminatorias que hoy quedan en la sombra.
Todo ello ocurre, además, en un momento de fuerte confrontación política. Pedro Sánchez sigue así una senda ya transitada por Aznar y Rodríguez Zapatero, pese a que ahora el Partido Popular eleva el tono y anuncia intentos de frenar la medida en Bruselas, en un contexto de competencia electoral con la ultraderecha de Vox.
El contraste entre las regularizaciones impulsadas en el pasado y la oposición actual evidencia hasta qué punto la migración se ha convertido en un campo de batalla simbólico. Este choque se refleja también en el ámbito legislativo.
El rechazo en el Congreso del llamado ‘decreto ómnibus’, que incluye medidas clave en materia de vivienda —como la prórroga de la moratoria antidesahucios o la prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables— dificulta todavía más la respuesta institucional a la crisis habitacional.
