Ari López, abogada especializada en derecho mercantil y concursal, asegura que “cuando un autónomo deja su actividad, las opciones son limitadas y poco conocidas”. En un país donde pymes y trabajadores por cuenta propia sostienen buena parte del PIB, muchos que preguntan qué ocurre cuando un autónomo se acerca a la jubilación o ya no puede seguir trabajando.
La respuesta está muy lejos de ser tranquilizadora. La jubilación del autónomo, tal y como se entiende en el régimen general, no existe. Lo que hay son fórmulas parciales, complejas y con fuertes límites económicos. La abogada explica qué alternativas reales existen hoy en España y por qué planificar con antelación no es una opción, sino una necesidad.
La jubilación del autónomo: una protección muy inferior a la del asalariado
A diferencia del trabajador por cuenta ajena, el autónomo llega al final de su vida laboral con una red de seguridad mucho más frágil. No hay indemnización, no hay un paro equiparable y, en muchos casos, tampoco hay relevo natural del negocio. Cuando la actividad deja de ser viable —por edad, salud o desgaste económico— las salidas son escasas.
“Un autónomo puede vender su empresa, traspasar la cartera de clientes o cerrar de forma ordenada si la situación se vuelve insostenible”, explica López. Esta última opción, especialmente en casos de endeudamiento, pasa por procedimientos legales que permiten extinguir la actividad sin responsabilidad personal, algo todavía poco conocido.
Lo que no existe, insiste la abogada, es una jubilación clásica. “La Seguridad Social no ofrece al autónomo una prestación que le permita dejar de trabajar con ingresos suficientes para mantener su nivel de vida”, asegura. En la práctica, muchos continúan activos más allá de la edad legal porque no tienen alternativa económica.
Jubilación flexible y jubilación activa: qué puede hacer hoy un autónomo
Actualmente, el sistema contempla dos figuras que suelen generar confusión: la jubilación flexible y la jubilación activa. Ninguna equivale a una jubilación plena, pero ambas permiten combinar ingresos y trabajo bajo ciertas condiciones.
La primera está pensada para quienes han cotizado al menos 33 años. Permite reducir la jornada laboral hasta un máximo del 75 %, mientras la Seguridad Social complementa el porcentaje restante. Sin embargo, tiene una limitación clave: el autónomo no puede seguir como autónomo. Debe estar contratado por un tercero. Además, el complemento económico está topado y ronda los 900–930 euros mensuales, incluso con largas carreras de cotización.
La segunda es la única modalidad que permite seguir trabajando como autónomo. Exige un mínimo de 15 años cotizados, pero con una condición relevante: haber superado en al menos un año la edad legal de jubilación. En este caso, se cobra aproximadamente el 50 % de la pensión mientras se mantiene la actividad. De nuevo, con topes que rara vez superan los 1.000 euros. “Son fórmulas que alivian, pero no resuelven”, asegura Ari López y agrega que “sirven como complemento, no como sustento principal”.
El gran problema: llegar tarde a la planificación
Uno de los errores más frecuentes, según la abogada, es confiar en que el sistema público cubrirá las necesidades futuras del autónomo. “No lo hace, ni está diseñado para hacerlo”. De ahí que recomiende pensar en el final de la actividad mucho antes de que llegue.
Eso implica ahorrar, invertir y entender que depender exclusivamente de la pensión pública es, en la mayoría de los casos, insuficiente. “No se trata solo de planes de pensiones, que muchas veces no salen a cuenta, sino de construir patrimonio y liquidez a largo plazo”, apunta.
La realidad es que muchos autónomos desconocen estas limitaciones hasta que se encuentran cerca del retiro. Y entonces, las decisiones son apresuradas: vender mal el negocio, cerrar sin asesoramiento o prolongar la actividad más allá de lo deseable.
