La digitalización avanza a gran velocidad en Europa, pero no lo hace de forma inclusiva. Mientras administraciones y empresas aceleran su transformación digital, una parte muy significativa de la población queda fuera de este proceso por una razón tan simple como preocupante: la mayoría de los entornos digitales no están pensados para todos los usuarios. El resultado es una brecha en accesibilidad que no solo persiste, sino que se amplía con el tiempo.
La entrada en vigor de la normativa europea que regula la accesibilidad digital pretendía corregir esta situación. Sin embargo, los datos más recientes revelan que el problema está lejos de resolverse. De hecho, el 97% de las webs del sector privado europeo incumplen los criterios exigidos por la legislación actual, una cifra que evidencia un desfase preocupante entre la norma y su aplicación real.
Una brecha digital que la ley no logra cerrar
El European Web Accessibility Monitor confirma que menos del 3% de los sitios web privados cumplen de forma adecuada los requisitos de accesibilidad marcados por la legislación comunitaria. Este incumplimiento se mantiene incluso después de la entrada en vigor de la Ley 11/2023, que transpone la Directiva Europea de Accesibilidad y amplía las obligaciones para empresas y plataformas digitales.
La situación tiene consecuencias directas sobre millones de personas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 30% de la población entre 65 y 74 años presenta dificultades para realizar tareas digitales básicas, como leer mensajes, navegar por una página web o completar un trámite online. A partir de los 75 años, este porcentaje aumenta todavía más, lo que convierte la accesibilidad en un factor clave para la inclusión social.
Desde Bleta, especializada en tecnología accesible, advierten de que el problema no es solo normativo, sino estructural. “El incumplimiento no solamente es sancionador. Es social”, señalan desde la compañía, aludiendo al impacto que tiene dejar fuera del entorno digital a una parte creciente de la ciudadanía.
Cuando cumplir la norma no garantiza una buena experiencia
Uno de los aspectos más preocupantes es que muchas plataformas afirman cumplir los requisitos legales, pero no ofrecen una experiencia realmente usable. Informes como el WebAIM Million Report muestran que buena parte de las webs que superan auditorías técnicas siguen presentando barreras reales para el usuario.
Gerard Pinar, COO de Bleta, lo resume con claridad: “A medida que aumenta la edad, la brecha digital no se reduce: se amplía. No hablamos de errores puntuales, sino de una experiencia de uso que resulta hostil para millones de personas”.
La accesibilidad, explica, se ha tratado durante años como un complemento y no como una base. Se añaden funciones, se activan opciones o se cumplen mínimos legales, pero sin tener en cuenta cómo interactúan realmente las personas con la tecnología en su día a día.
El problema no es tecnológico, es de enfoque
El avance de la inteligencia artificial, las nuevas interfaces y el desarrollo constante de aplicaciones no han ido acompañados de un diseño verdaderamente inclusivo. Aunque grandes compañías incorporan herramientas específicas, estas suelen quedar ocultas en menús complejos o requieren conocimientos previos que muchos usuarios no tienen.
En este contexto, la accesibilidad se convierte en una barrera silenciosa. No se trata de la ausencia de tecnología, sino de su mala implementación. “El problema no es el código, es el planteamiento”, subraya Pinar. “Si el diseño no parte de cómo usan la tecnología las personas reales, el resultado es exclusión”.
Esta situación se agrava en un momento en el que cada vez más trámites, servicios y gestiones cotidianas dependen de canales digitales. Desde la banca hasta la sanidad o la administración pública, la falta de entornos accesibles limita la autonomía de millones de ciudadanos.
Un reto que va más allá del cumplimiento legal
El incumplimiento generalizado de la normativa no solo expone a las empresas a sanciones, sino que también plantea un problema social de gran calado. La accesibilidad no es únicamente una cuestión técnica o legal, sino un factor determinante para garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad cada vez más digitalizada.
La entrada en vigor de la normativa europea pretendía marcar un punto de inflexión, pero los datos demuestran que todavía queda un largo camino por recorrer. Sin una apuesta real por el diseño inclusivo, la formación y la concienciación, el riesgo es que la transformación digital acabe dejando atrás a quienes más necesitan que la tecnología sea sencilla, clara y usable.
