Emprender nunca fue sencillo en España, pero en los últimos años el camino parece haberse empinado aún más. La subida de la cuota de autónomos y el nuevo sistema de cotización obligatoria por ingresos han reabierto un debate de fondo sobre fiscalidad, pensiones y el modelo productivo que el país está dispuesto a sostener.
La última reforma se presentó como una medida de equidad y sostenibilidad. Sin embargo, para muchos profesionales y expertos, el efecto inmediato fue otro: convertir al autónomo en una de las principales palancas para financiar un Estado con serios problemas estructurales.
La cotización obligatoria y el golpe al inicio de los proyectos
Hasta hace poco tiempo, el autónomo podía elegir su base de cotización. Esa flexibilidad permitía ajustar costes durante los primeros meses de actividad, cuando los ingresos eran bajos o directamente inexistentes. Quien optaba por la base mínima asumía también una futura pensión más reducida. Era una decisión personal, consciente y voluntaria.
Con el nuevo sistema, esa elección desaparece. El autónomo está obligado a cotizar en función de sus ingresos reales, incluso cuando el margen es mínimo. El resultado fue inmediato: quienes ganan poco también pagan más. En un país donde miles de personas se dan de alta sin haber facturado aún, esta obligación se convierte en una barrera de entrada difícil de salvar.
España es una excepción en Europa en este punto. En muchos países, los primeros pasos del emprendimiento están protegidos con cotizaciones simbólicas o directamente exentas durante un periodo inicial. En nuestro país, en cambio, se paga desde el primer día por el simple hecho de intentarlo. Y si a ese coste fijo se le añade una subida progresiva, el mensaje es claro: emprender tiene un precio alto, incluso antes de comprobar si la idea funciona.
Desde el Gobierno se argumenta que la reforma protege al autónomo y mejora su futura pensión. Sin embargo, el discurso genera escepticismo. Muchos profesionales prefieren destinar ese dinero a planes privados o a reinvertirlo en su propio negocio. No por desconocimiento, sino por falta de confianza en un sistema de pensiones que, según la mayoría de proyecciones, es financieramente insostenible a medio plazo.
Autónomo: Déficit público, pensiones y el coste oculto del modelo
La subida de la cuota del autónomo no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de un contexto fiscal más amplio. España recauda principalmente a través del IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y, en cuarto lugar, las cotizaciones sociales. Estas últimas representan una cantidad muy superior a la que muchos ciudadanos perciben.
En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, solo una pequeña parte aparece reflejada en la nómina. El resto lo asume el empresario. El coste real de un salario puede duplicar lo que llega al bolsillo del empleado. Aun así, ni siquiera ese volumen de ingresos alcanza para cubrir el gasto en pensiones, que absorbe cerca del 50% del presupuesto público.
Para sostenerlas, el Estado recurre a los Presupuestos Generales, detrayendo recursos de otras partidas menos visibles, como el mantenimiento de infraestructuras o la inversión productiva. Las carreteras que se deterioran lentamente son un ejemplo cotidiano de ese ajuste silencioso.
En este escenario, el autónomo aparece como un contribuyente especialmente expuesto. No solo asume el riesgo de su actividad, sino que soporta una presión fiscal creciente en nombre de un sistema que no le garantiza una contraprestación proporcional. Cuando el negocio falla, la pérdida es privada. Cuando el Estado necesita ingresos, la carga es colectiva.
Las consecuencias van más allá de la recaudación. Penalizar el trabajo por cuenta propia reduce el número de nuevos proyectos y consolida un modelo de autoempleo de subsistencia, con escasa capacidad de crecimiento. Muchos autónomos evitan contratar personal por el coste y la complejidad administrativa. El salto de profesional individual a empresa se vuelve cada vez más difícil.
Las economías más dinámicas presentan un porcentaje de autónomo mucho mayor que el español. No como precariedad, sino como red productiva flexible, capaz de adaptarse y generar valor. En un mercado laboral rígido y caro, el trabajo por cuenta propia será cada vez más habitual. La paradoja es evidente: se empuja a más personas a emprender, pero se les dificulta hacerlo.
