María López (44 años) pensaba que vivía en un bloque tranquilo del centro de la ciudad, no en un alojamiento turístico. Y es que era un edificio de seis plantas, vecinos de toda la vida y una convivencia razonablemente pacífica. Todo cambió el día en que el piso de al lado dejó de tener inquilinos “normales” y empezó a recibir, cada tres o cuatro días, caras nuevas con maletas de ruedas arrastrándose por el rellano a cualquier hora.
Lo que al principio parecía algo puntual pronto se convirtió en una rutina. Entradas de madrugada, despedidas a primera hora, timbres equivocados y conversaciones en otros idiomas en el portal. El piso se había convertido, sin previo aviso, en un alojamiento turístico.
Un problema cada vez más habitual en las comunidades
El caso de María no es aislado. Cada vez más comunidades de vecinos se enfrentan al mismo conflicto: propietarios que destinan su vivienda al alquiler turístico sin consultar ni avisar al resto del edificio. Aunque en muchos casos la actividad es legal, la convivencia empieza a resentirse casi de inmediato.
Los vecinos denuncian ruidos nocturnos, mayor uso del ascensor, puertas que se quedan abiertas, desconocidos circulando por zonas comunes y una sensación constante de inseguridad. “No sabes quién entra ni quién sale. Hoy hay una familia y mañana un grupo de despedida de soltero”, explica María.
El choque suele producirse cuando los residentes permanentes sienten que su hogar deja de serlo y se convierte, poco a poco, en un espacio de paso.
¿Se puede prohibir un alojamiento turístico en una comunidad?
Aquí es donde empiezan las dudas y las discusiones. Muchos vecinos creen que basta con quejarse para que el alojamiento turístico desaparezca, pero la realidad es más compleja. En la mayoría de los casos, si el propietario cumple la normativa autonómica y municipal, puede alquilar su vivienda a turistas.
Eso no significa que la comunidad no tenga margen de actuación. Desde hace unos años, las juntas de propietarios pueden limitar o incluso prohibir este tipo de alquileres mediante acuerdo comunitario, siempre que se apruebe por mayoría cualificada y se refleje en los estatutos.
El problema es que estos acuerdos no suelen tener efecto retroactivo. Es decir, si el vecino ya ejercía la actividad antes de la modificación, puede seguir haciéndolo. Esto genera frustración entre quienes llegan tarde al conflicto.
Cuando la convivencia se rompe
En el edificio de María, la tensión fue creciendo con el alojamiento turístico. Un vecino mayor se quejaba de no poder dormir. Otra residente denunció que varios turistas llamaron a su puerta pensando que era la del piso alquilado. Incluso hubo discusiones en el portal por el uso del ascensor cargado de maletas.
El ambiente se enrareció hasta el punto de que en la última junta de vecinos el tema ocupó casi toda la reunión. Gritos, reproches y una división clara entre quienes defendían el derecho del propietario a rentabilizar su piso y quienes reclamaban tranquilidad.
“No estamos en contra de que alquile, estamos en contra de vivir en un hotel”, resumía uno de los asistentes.
El papel del presidente y del administrador
En este tipo de conflictos, el presidente de la comunidad y el administrador juegan un papel clave. Son quienes deben comprobar si el piso cumple la normativa, si tiene licencia cuando es obligatoria y si respeta las normas internas del edificio.
Cuando hay incumplimientos claros —ruidos fuera de horario, daños en zonas comunes o comportamientos incívicos— la comunidad puede exigir responsabilidades al propietario. Incluso se puede llegar a la vía judicial si la actividad provoca molestias graves y continuadas.
Eso sí, los procesos suelen ser largos y costosos, lo que lleva a muchos vecinos a resignarse.
Un conflicto que seguirá creciendo
El auge del alquiler turístico ha cambiado la vida en muchos barrios y ha trasladado un debate urbano directamente a los portales. Para personas como María, el problema no es solo legal, sino emocional. “Compré este piso para vivir tranquila, no para convivir con turistas”, afirma.
Mientras no haya un equilibrio claro entre el derecho a la propiedad y el derecho al descanso, los conflictos por alojamientos turísticos seguirán llenando las juntas de vecinos… y los pasillos de maletas ajenas.
