El despliegue de redes móviles en nuestras ciudades ha dejado de ser un «invitado gratuito» en el paisaje urbano vizcaíno para convertirse en una nueva vía de ingresos para las arcas municipales.
Bizkaia ha dado el primer paso para que los ayuntamientos cobren a las operadoras móviles por el uso intensivo que hacen del espacio público. Esta decisión, aprobada por unanimidad en las Juntas Generales, busca terminar con un privilegio histórico que permitía a las grandes telecos instalar antenas y repetidores sin pagar el canon que sí abonan las empresas de telefonía fija o suministros energéticos.
El fin del «privilegio» de las telecos en Bizkaia
Hasta ahora, la Norma Foral de Haciendas Locales contenía un párrafo que era, en la práctica, un blindaje para el sector de la telefonía móvil. Mientras que cualquier empresa que levanta una acera para meter cables de fibra o gas paga una tasa, las operadoras de móvil estaban exentas por ley de esta contribución específica.
Esta excepción, tildada de «difícil de sostener» por los grupos junteros, generaba una desigualdad fiscal evidente entre compañías que utilizan el mismo suelo, subsuelo o vuelo municipal. Al eliminar este blindaje, Bizkaia se alinea con una corriente de justicia tributaria local que busca que quienes más explotan el dominio público para sus negocios, más contribuyan al mantenimiento de los servicios comunes.
La seguridad jurídica que reclamaba Bilbao
El caso de la capital vizcaína ha sido el detonante real de este cambio normativo, ya que el Consistorio bilbaíno llevaba tiempo topándose con un muro legal. El Ayuntamiento de Bilbao quería aplicar una tasa del 1,5% sobre la facturación anual de estas compañías, pero la normativa foral vigente se lo impedía de forma taxativa, dejando al equipo de gobierno atado de manos.
Con la toma en consideración de esta reforma, se abre la puerta a que municipios de todos los tamaños puedan diseñar sus propias ordenanzas sin miedo a recursos judiciales interminables. La clave reside en ofrecer garantías legales a los consistorios, permitiendo que cada uno decida, dentro de su autonomía local, si aplica este gravamen y en qué cuantía lo hace para equilibrar sus presupuestos.
¿Subirán las tarifas a los usuarios finales?
Como suele ocurrir cuando se toca el bolsillo de las grandes corporaciones, el debate sobre el traslado de costes al consumidor ya está sobre la mesa de Gernika. El Partido Popular ha sido el más escéptico, advirtiendo que este tipo de incrementos de impuestos para empresas rara vez resultan neutrales para el ciudadano de a pie, que podría ver un recargo en su factura mensual.
Sin embargo, el argumento de la equidad fiscal ha pesado más en el pleno, donde se entiende que el beneficio industrial obtenido por el uso de farolas, fachadas y azoteas públicas debe revertir en el territorio. Es una partida de ajedrez donde las operadoras de telefonía móvil deberán ahora recalcular sus márgenes de beneficio en un territorio que ha decidido cobrar por cada metro de aire y suelo ocupado.
Electrificación y nuevos espacios económicos
El pleno de las Juntas no solo ha mirado al cielo para buscar antenas, sino también al asfalto de las líneas de Bizkaibus en un ambicioso plan de sostenibilidad. Se ha acordado acelerar la electrificación del transporte público con el horizonte puesto en 2027, garantizando que instalaciones clave como Aparkabisa cuenten con puntos de carga rápida para la flota foral.
Este impulso a la movilidad verde se complementa con la intención de EH Bildu de potenciar los Elkartegiak, buscando que el suelo industrial no se quede en barbecho. Aunque esta última propuesta no salió adelante por el rechazo de PNV y PSE, queda claro que la estrategia económica de Bizkaia para los próximos años pasa por optimizar cada palmo de terreno público disponible, ya sea para autobuses o para naves industriales.
Un paso irreversible hacia la autonomía municipal
Lo que ha ocurrido esta semana en la Casa de Juntas de Gernika es, en esencia, una transferencia de poder fiscal hacia los alcaldes y alcaldesas del territorio. Al modificar el artículo 25 de la Norma de Haciendas Locales, se elimina el veto centralizado y se devuelve a los ayuntamientos la capacidad de regular sus propios recursos económicos frente a gigantes tecnológicos.
No es solo una cuestión de dinero, sino de respeto al espacio que todos compartimos y que, hasta hoy, las antenas ocupaban con una alfombra roja legislativa. La reforma legislativa seguirá ahora su trámite parlamentario, pero el mensaje es nítido: en Bizkaia, el uso del espacio público por las telecos dejará de ser una excepción fiscal para convertirse en una fuente de ingresos comunitaria.
