El máximo responsable de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, ha vuelto a situarse en el centro de la controversia política en Navarra tras su ausencia en la comisión parlamentaria que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de obra pública desde 2011.
Citado para comparecer este martes en el Parlamento de Navarra en el marco de las indagaciones sobre la reforma de los túneles de Belate —una obra adjudicada a una UTE en la que Acciona ejerce como empresa principal—, Entrecanales no acudió a la sesión y este miércoles se dejó ver en Davos. La citación, cursada el pasado verano, fijaba la comparecencia de Entrecanales como persona física, lo que implica la exigencia de responsabilidades directas ante los parlamentarios navarros.
El viernes previo a la sesión Acciona comunicó al Parlamento que su presidente ejecutivo no asistiría y que, en su lugar, comparecería Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía.
La empresa justificó la ausencia de Entrecanales en compromisos internacionales previamente adquiridos. Mollinedo se personó el martes por la mañana en el Parlamento de Navarra con la intención de comparecer, pero la comisión le trasladó que quien estaba citado formalmente era Entrecanales y no la empresa como persona jurídica.
Ante esta negativa, el directivo solicitó acceder a la Cámara para registrar un escrito en el que Acciona dejaba constancia de que, a su juicio, había atendido el requerimiento parlamentario en la fecha y hora señaladas. La comisión, sin embargo, rechazó esta interpretación y dio por constatada la incomparecencia del presidente de Acciona.
Tras suspender la sesión prevista, los miembros de la comisión decidieron volver a solicitar la comparecencia de Entrecanales. Para ello, habilitaron una fecha extraordinaria, el próximo 9 de febrero, y reiteraron la citación de manera expresa. En esta ocasión, además, el Parlamento advirtió de que, si el máximo responsable de Acciona no comparece, se valorará la adopción de las medidas legales que los servicios jurídicos consideren oportunas.
Los grupos que integran la comisión consideran que las explicaciones ofrecidas por la empresa no están suficientemente justificadas y subrayan que la agenda en Davos era conocida con antelación. El marco legal que regula estas comparecencias refuerza el carácter obligatorio de las citaciones. Tanto la normativa interna de la comisión como el Código Penal establecen que acudir no es una mera cortesía institucional.
El artículo 502.1 del Código Penal advierte de que la incomparecencia injustificada tras requerimiento legal puede constituir un delito de desobediencia, sancionado con penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses en los casos graves, y con multa de uno a tres meses si se considera leve.
Este mismo precepto sanciona la incomparecencia ante comisiones de investigación autonómicas y, si se trata de autoridades o funcionarios, prevé incluso la suspensión del cargo. No obstante, la aplicación práctica de estas previsiones penales no es automática.
El conflicto competencial entre el control parlamentario estatal y el autonómico explica por qué, hasta ahora, las negativas de funcionarios del Estado a acudir al Parlamento de Navarra no han derivado en actuaciones penales, pese a que la normativa de la comisión incluye expresamente el apercibimiento legal. Aun así, los miembros de la comisión insisten en que el aviso no es simbólico y que la reiteración de una incomparecencia podría tener consecuencias.
Las obligaciones legales tampoco se limitan a la asistencia. Mentir o faltar a la verdad ante una comisión parlamentaria constituye igualmente un delito. El artículo 502.3 del Código Penal castiga a quien falte a la verdad en su testimonio con penas de prisión o multa, lo que refuerza el carácter cuasi judicial de estas investigaciones.
Al mismo tiempo, las normas internas garantizan el respeto a derechos constitucionales como la intimidad, el honor o el secreto profesional, y permiten que las sesiones se celebren a puerta cerrada si concurren razones justificadas. Los comparecientes pueden, además, acudir acompañados de una persona de su confianza.
PROBLEMAS REPUTACIONALES
La presión sobre Acciona se produce en un contexto especialmente delicado desde el punto de vista reputacional. Según la Guardia Civil, la filial Acciona Construcción habría canalizado más de un millón de euros mediante facturas falsas y sociedades pantalla a personas del entorno del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, presuntamente a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Agentes de la UCO registraron en noviembre de 2025 varias sedes de la compañía en busca de pruebas sobre estas posibles irregularidades, centradas también en quien fuera asesor ministerial, Koldo García. Los audios incorporados al informe policial podrían implicar a la constructora en el pago de comisiones ilegales.
No es la primera vez que el nombre de Acciona aparece vinculado a grandes causas de corrupción sin que ello derive en consecuencias estructurales. Durante los años de la trama Gürtel, la compañía figuró como adjudicataria habitual en territorios gobernados por el Partido Popular sin que se produjeran sanciones relevantes. Algo similar ocurrió con la Púnica en la Comunidad de Madrid o con el caso Palau en Cataluña. Incluso cuando la evidencia ha sido clara, la empresa ha logrado salir relativamente indemne.
El antecedente más ilustrativo fue el caso Plaza en Aragón, donde Acciona reconoció su responsabilidad civil y pactó el pago de 60 millones de euros por los sobrecostes de la plataforma logística de Zaragoza. Acciona también es noticia porque está pleiteando en el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal va a revisar el proceso que llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a sancionar a la compañía con 29,4 millones de euros, dentro de un total de 203 millones que sumaron seis constructoras por supuestamente alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de infraestructuras, conformando según algunos medios un «cártel de constructoras».
ENTRECANALES EVITA CRITICAR A TRUMP
Mientras participa en el Foro Económico Mundial de Davos, Entrecanales concedió una entrevista a Expansión, donde, preguntado por Donald Trump, ha afirmado: «La primera etapa de la segunda Administración Trump ha tenido un impacto relevante en política exterior, reforzando la presión sobre regímenes adversarios y priorizando la seguridad de Occidente frente a la creciente influencia china».
El empresario afirma sobre Trump que «aunque sus métodos no siempre sean ortodoxos, es cierto que los enfoques diplomáticos tradicionales han mostrado un éxito limitado en las últimas décadas. En política económica doméstica, los resultados han sido positivos en términos de inversión, empleo y competitividad, generando un entorno favorable para el desarrollo de grandes infraestructuras estratégicas.
