La llegada de Uber a Zaragoza no ha sido demasiado fácil. La empresa de transporte sigue buscando nuevos territorios, pero la ciudad aragonesa ha sido un reto más complicado de lo esperado. La realidad es que su llegada ha puesto a los taxistas de la zona en pie de guerra, y ha generado que estos se dediquen a denunciar a los vehículos de la empresa ante las autoridades. Según publica la organización Auto-Taxi, se trata de más de 1.000 denuncias por violaciones de las normativas municipales incurridas por vehículos de la plataforma de VTC.
Según el presidente de la asociación Auto-Taxi en Zaragoza, Miguel Izaguerri, es una cifra de sanciones que no entienden desde su sector. «Nos da la sensación de que las multas no van a ninguna parte porque estamos hablando de sanciones de entre 1.400 euros y 1.800 euros, que no es poco», señala Izaguerri en declaraciones recogidas por El Español.
El dato es llamativo. No es un secreto que los conductores de Uber han sentido una persecución abierta por parte de los taxistas de Zaragoza desde su llegada a la ciudad, con algunos en 2024 defendiendo incluso que habían sido víctimas de vandalismo contra sus vehículos, incluyendo daños en neumáticos, sobre todo aquellos taxistas que están operando en la plataforma. Pero esta vez se ha tratado de ataques legales, que de momento no surten el efecto deseado.
Según los datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hay 285 licencias de VTC aprobadas en Aragón, pero los taxistas insisten en que la mayoría de estas solo tienen permisos para recorridos interurbanos, con apenas unas 59 licencias urbanas funcionando en la comunidad. Desde Auto-Taxi se asegura que estas licencias, que incluyen los datos de licencias dedicadas a los servicios de turismo tradicionales, son suficientes para la ciudad.
Es otra muestra de la tensión permanente entre los dos sectores. A pesar de los intentos de algunos gobiernos autonómicos y ayuntamientos para que se compartan los espacios con el mundo del taxi, hay quienes consideran que la nueva movilidad es una sentencia de muerte, incluso si no son pocos los taxistas que mantienen su presencia en estas plataformas, o en otros espacios similares como Free Now.
INSISTEN EN QUE UBER Y LAS VTC SON COMPETENCIA DESLEAL
La posición de las organizaciones del mundo del taxi en Zaragoza, como la que tienen en la mayoría de España, es que Uber, Cabify y Bolt representan una competencia desleal. Denuncian la posibilidad de estas empresas de manejar sus tarifas como lo deseen, o como lo consideren necesario para el mercado. Además, recuerdan que la exigencia sobre los conductores para mantener su presencia en estas plataformas es mucho más laxa que la que tienen los taxistas, tanto por las exigencias de permisos como por el precio de los seguros y exigencias similares.
Además, se suma que la mayoría de las denuncias, más de 1.000, según datos de la propia policía, son por la falta de la licencia correcta. Es un reclamo que se repite también en Cataluña, donde los taxistas defienden que la mayoría de los vehículos que operan como una VTC de la «nueva movilidad» lo hacen a pesar de tener una licencia que solo les permite realizar viajes interurbanos. En el caso de Zaragoza, los reportes de los taxistas incluyen también la contratación de un detective privado que confirmara que una parte de los conductores de Uber y Bolt operaban sin la licencia apropiada.
EL CASO DE TOLEDO ACOMPAÑA AL DE ZARAGOZA
La situación de los últimos años en Zaragoza se está repitiendo este año en Toledo. Tanto Uber como Bolt han aterrizado en la capital de Castilla-La Mancha durante 2025 y han empezado 2026 buscando consolidarse en la ciudad. Lo cierto es que su presencia en la zona también ha puesto en alerta a los competidores dentro del mundo del transporte, aunque la importancia de la misma no ha hecho más que crecer por su importancia para el turismo local.
Además, en el mes de octubre Cabify también se encontraba buscando conductores para operar en la ciudad. Es cierto que al mismo tiempo se espera que este año entren regulaciones en la zona que hagan más complicado su funcionamiento, aunque no deberían llegar al nivel de las restricciones que se han planteado en Cataluña.
