Cuando Marta López (38 años) empezó a notar una pequeña luz roja encendida cada vez que salía de su piso, pensó que era el detector de humo del rellano, y no el inicio de una disputa vecinal. No tardó en descubrir que no lo era. La luz provenía de una cámara de seguridad instalada en la puerta de su vecino de enfrente, apuntando directamente al pasillo común.
“Cada vez que salía de casa tenía la sensación de estar siendo grabada”, explica. “No sabía si registraba vídeo, sonido o qué hacía exactamente”.
El propietario de la cámara era Carlos Medina (45), que la había colocado tras sufrir —según él— varios intentos de robo en su vivienda.
“Es por seguridad, no para espiar a nadie” La justificación antes de la disputa vecinal
Carlos defendía su decisión con un argumento que consideraba incuestionable: la seguridad. “Me entraron a robar en el trastero y nadie vio nada”, contaba. “Puse la cámara para protegerme, no para vigilar a los vecinos”.
El problema era que la cámara no solo enfocaba su puerta, sino también el tramo completo del rellano, incluyendo las puertas de otros tres pisos y parte del ascensor. Marta y otra vecina, Elena Ruiz (52), se sintieron incómodas desde el primer momento.
“Sabía a qué hora salía, cuándo volvía, si iba sola o acompañada”, decía Elena. “Eso no es seguridad, es control”.
La tensión sube en el portal
Lo que empezó como una conversación educada acabó en un intercambio de mensajes en el grupo de WhatsApp de la comunidad. Algunos vecinos apoyaban a Carlos; otros pedían la retirada inmediata de la cámara.
Marta decidió consultar al administrador de fincas, que confirmó que el asunto no era tan simple como “poner una cámara en tu puerta”. En edificios residenciales, grabar zonas comunes tiene límites muy claros.
Aun así, Carlos se negó a retirarla. “No graba sonido y solo se activa con movimiento”, insistía. “Además, es mi puerta”.
Qué dice la normativa sobre cámaras en comunidades
La normativa de protección de datos establece que las cámaras privadas no pueden grabar espacios comunes de forma permanente sin acuerdo de la comunidad. Y, en ningún caso, pueden captar imágenes de puertas ajenas o zonas de paso habitual sin señalización y autorización.
Además, el hecho de que una cámara sea “por seguridad” no la exime de cumplir la ley. Si enfoca más allá del espacio estrictamente privado, puede considerarse una intromisión en la intimidad.
Con ese informe sobre la mesa, Marta solicitó que el tema se tratara en la siguiente junta de vecinos. La junta fue tensa debido a esta disputa vecinal. Carlos se sintió atacado y defendió que nadie le ofrecía alternativas. “¿Quién responde si me vuelven a robar?”, preguntaba.
Finalmente, la comunidad votó exigir que la cámara se retirara o se recolocara de forma que solo enfocara el interior de su vivienda. Se le dio un plazo de dos semanas para hacerlo.
Carlos optó por retirarla por completo, aunque dejó claro su malestar. “Aquí parece que protegerte es un problema”, comentó al salir.
Un conflicto cada vez más común
Con el aumento de dispositivos inteligentes y cámaras domésticas, este tipo de disputa vecinal se repite cada vez más en comunidades de vecinos. Lo que para uno es prevención, para otro es vigilancia excesiva.
Y aunque uno pueda empatizar con el miedo de un vecino a que le roben o le suceda algo en su vivienda, lo cierto es que ello no quita que pueda resultar incómodo o violento.
Marta reconoce que la situación dejó huella. “Ahora la convivencia es correcta, pero ya no es la misma”. Una vez más, una medida individual, tomada sin consenso, terminó alterando la paz del edificio.
