La negativa del violento imperialista Donald Trump a que las empresas compren viviendas pilla con el pie cambiado a PP y Vox. Y no porque el delincuencial expresidente estadounidense se haya convertido súbitamente en un adalid del derecho a la vivienda, sino porque su anuncio deja en evidencia la inconsistencia discursiva de la derecha española, capaz de celebrar fuera lo que rechaza dentro.
Trump pretende prohibir que grandes fondos de inversión compren viviendas unifamiliares en Estados Unidos. El anuncio marca un punto de inflexión discursivo. No porque Trump sea un aliado en la defensa del derecho a la vivienda —obviamente—, sino porque reconoce de facto que permitir que la vivienda funcione como un activo financiero más tiene consecuencias devastadoras para las mayorías sociales.
Sobre este fenómeno ha incidido la abogada Alejandra Jacinto, exdiputada de Podemos, en el diario Público. Jacinto recuerda que «Países Bajos, Singapur, Canadá o Nueva Zelanda han aplicado restricciones directas, impuestos disuasorios o prohibiciones parciales a la compra de vivienda por parte de inversores. No son experimentos marginales ni ocurrencias sino respuestas estatales a un diagnóstico compartido: cuando la vivienda se convierte en un activo financiero global, deja de cumplir su función social».
Jacinto no se deja engañar por el gesto de Trump y subraya sus límites políticos y morales: «El presidente de Estados Unidos no plantea esta medida por convicción social ni por una defensa estructural del derecho a la vivienda. Su trayectoria política y empresarial está marcada por la especulación inmobiliaria, la desregulación y la concentración de riqueza, y se caracteriza por ser cooperador necesario de genocidas como Benjamín Netanyahu por meros intereses inmobiliarios y comerciales en la franja de Gaza».
Aun así, añade que «su propuesta no cuestiona el modelo de fondo, ni la acumulación de vivienda en manos privadas, ni el papel de Wall Street en la economía cotidiana. Es, en el mejor de los casos, una corrección cosmética; en el peor, una maniobra electoral envuelta en retórica populista. Quizás influido por el éxito electoral de Mamdani en Nueva York y su nítida apuesta prohabitacional».
Este contexto internacional ha sido aprovechado por Sumar para volver a registrar una de sus propuestas estrella en materia de vivienda. El grupo plurinacional, a través de su portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha anunciado el registro de una proposición de ley para prohibir que empresas, corporaciones y fondos de inversión compren viviendas en España.
El objetivo es impedir que las sociedades mercantiles sigan utilizando la vivienda como un mero activo especulativo, una práctica que dispara los precios del alquiler y expulsa a miles de personas del acceso a un hogar digno.
No es la primera vez que Sumar intenta sacar adelante esta iniciativa. Ya en noviembre de 2025 el texto llegó al Pleno del Congreso, pero fue rechazado frontalmente por PP, Vox y Junts, mientras que el PSOE optó por la abstención. La novedad ahora es que el viento internacional sopla en otra dirección y deja al descubierto las contradicciones de quienes se autodenominan «patriotas».
El cambio de estrategia de Sumar responde directamente al anuncio de Trump, celebrado sin matices por Vox. Ibáñez lo resumió con ironía: «Ahora que Vox está a favor y que Feijóo no tiene posición más allá de lo que diga Trump, hemos registrado la ley para que no se siga acaparando vivienda».
DOBLE SEGUIDISMO
La frase señala un doble seguidismo: el de Vox respecto a Trump y el del PP respecto a Vox o, directamente, a lo que marque la derecha estadounidense. La contradicción es aún más evidente si se recuerda que el pasado noviembre Vox presentó una proposición no de ley para «proteger el acceso a la vivienda de los españoles frente a la especulación inmobiliaria y la compra masiva por parte de fondos y fortunas extranjeras».
Aquella iniciativa no prohibía la acumulación empresarial de vivienda, sino que apostaba por una «fiscalidad diferenciada para los no comunitarios», exenciones fiscales para españoles y la supresión del Impuesto de Sucesiones.
Este mismo martes, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, trató de enfriar cualquier apoyo a la propuesta de Sumar: «La semejanza en la literalidad de las propuestas no significa una identidad en el contenido. Y es evidente que estamos hablando de dos propuestas que en el fondo yo creo que son bastante diferentes».
Lo son, en efecto. La de Sumar busca frenar la especulación estructural; la de Vox se limita a un discurso identitario que evita confrontar a los grandes actores económicos. El episodio revela el seguidismo de los supuestos patriotas de Vox a Trump, su falta de un discurso social coherente y su desinterés real por contribuir a atenuar la crisis de vivienda en España.
Aplauden la medida cuando la anuncia un peligrosísimo líder extranjero al que admiran, pero la rechazan cuando implica tocar los intereses inmobiliarios dentro de nuestras fronteras. La vivienda, una vez más, queda subordinada al oportunismo político.
