El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que más de 3 millones de españoles residen ya en el extranjero, el mayor registro histórico. Detrás de esa cifra hay múltiples causas, pero una se repite con fuerza entre jóvenes y emprendedores: la presión fiscal sobre el autónomo en España.
En un contexto de inflación persistente, dificultades laborales y reformas fiscales más exigentes, cada vez más trabajadores autónomos llegan a la misma conclusión: emprender en España es posible, sostenerlo en el tiempo no siempre. ¿Por qué tantos negocios cierran antes de consolidarse?
Ser autónomo en España: facilidad para empezar, dificultad para resistir
Darse de alta como autónomo en España es, sobre el papel, sencillo. En pocas horas se puede completar el trámite en Hacienda y la Seguridad Social. Esa rapidez suele venderse como una ventaja competitiva frente a otros países europeos. Sin embargo, la verdadera prueba empieza después.
Desde el primer día, el autónomo asume una serie de obligaciones fijas, independientemente de si genera ingresos o no. La más conocida es la cuota mensual, que en 2025 oscila entre los 225 y los 500 euros, según los rendimientos declarados. Durante el primer año existe una tarifa reducida cercana a los 80 euros, ampliable en algunas comunidades, pero esa ayuda es temporal. A esta cuota se suman otros impuestos clave:
- IVA, con un tipo general del 21%, que el autónomo recauda pero debe adelantar.
- IRPF, que se aplica por tramos y puede alcanzar hasta el 47% en rentas altas.
- Gastos de gestoría, prácticamente imprescindibles, que rondan los 70–100 euros mensuales.
El resultado es una sensación recurrente entre quienes trabajan por cuenta propia: pagar antes de cobrar. De hecho, más del 60% de los autónomos declara ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales, según datos oficiales, una cifra que se reduce aún más tras impuestos.
Cuando emprender no garantiza derechos ni estabilidad
Uno de los grandes contrastes del sistema es que el autónomo asume una carga fiscal similar —o superior— a la de un asalariado, pero no accede a los mismos derechos laborales. No hay vacaciones pagadas, las bajas médicas son más limitadas y el acceso a prestaciones por cese de actividad es complejo y restrictivo.
Esta desigualdad se traslada también a la vida cotidiana. Alquilar una vivienda o acceder a una hipoteca suele ser más difícil para un autónomo, incluso con ingresos altos. Bancos y propietarios priorizan nóminas estables o perfiles funcionariales frente a ingresos variables, aunque estos últimos sean superiores.
A ello se suma la presión administrativa. Declaraciones trimestrales, revisiones constantes y un sistema sancionador eficaz hacen que Hacienda sea una de las instituciones más temidas, incluso por quienes cumplen. Un error, un retraso o una mala previsión puede traducirse en multas que desajustan economías ya frágiles.
No es casual que el 52% de los autónomos en España no tenga empleados (Directorio Central de Empresas). Contratar implica asumir cotizaciones adicionales, costes laborales elevados y una responsabilidad que muchos negocios pequeños no pueden sostener. El crecimiento, paradójicamente, se convierte en un riesgo.
Emigrar para pagar menos: una decisión cada vez menos excepcional
Ante este escenario, muchos optan por otra vía: cambiar de país. Andorra, Estonia, Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos aparecen de forma recurrente en los relatos de emprendedores que buscan menor carga fiscal y mayor previsibilidad. No siempre se trata de pagar menos por pagar menos, sino de poder planificar.
La expresión se repite en foros y redes sociales: “No nos vamos, nos obligan a irnos”. No es solo una cuestión de impuestos, sino de equilibrio entre esfuerzo, riesgo y recompensa. Cuando ese equilibrio se rompe, el proyecto deja de tener sentido.
