Desde la aprobación de la Ley 6/2009 de Libertad de Elección Sanitaria, Madrid ha convertido al paciente en un actor activo del sistema, capaz de elegir centro y profesional dentro de la red pública con una intensidad desconocida en otras comunidades. El último ejercicio con datos cerrados confirma que esa libertad no es un principio abstracto, sino un mecanismo real de reasignación de demanda: en 2024, 247.295 madrileños decidieron ser atendidos en un hospital distinto al que les correspondía por zona y, en una proporción abrumadora, optaron por centros de gestión mixta.
La tabla de “pacientes externos” —aquellos que pertenecen a la población de referencia de otros hospitales— muestra que los hospitales públicos gestionados por empresas privadas encabezan el ranking. La Fundación Jiménez Díaz (FJD) es el líder indiscutible, con 97.587 pacientes externos en 2024, un aumento del 16% respecto a los 84.082 del año anterior. Le siguen el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (61.718) y el Hospital Universitario General de Villalba (34.432).
La lectura de estos movimientos no es neutra. Mientras algunos discursos interpretan estas cifras como un “negocio” para las concesionarias, el dato esencial es que decenas de miles de ciudadanos renuncian cada año a ser atendidos en hospitales 100% de gestión directa para acudir a estos centros, aun cuando el sistema no les obliga a hacerlo. En paralelo, grandes hospitales públicos ven cómo salen de su área decenas de miles de pacientes: La Paz perdió 49.518 usuarios de su zona en 2024, un 1,3% más que el año anterior, y el Ramón y Cajal vio marcharse a 33.128 pacientes, un 4,2% más.
¿Por qué ocurre este trasvase? Los datos asistenciales, económicos y de satisfacción ofrecen una respuesta consistente. Los hospitales de gestión mixta presentan sistemáticamente menores listas de espera quirúrgica y de consultas externas que la media del SERMAS, mejores indicadores de seguridad clínica y niveles de satisfacción superiores al 90%, con tasas de reclamaciones por debajo de sus grupos de complejidad. En un entorno donde la espera media quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud alcanza los 118 días y la demora para una primera consulta supera los 96 días, optar por centros en los que la cirugía se programa en 13–25 días resulta comprensible más allá de cualquier etiqueta ideológica.
Un trasvase que tiene claras consecuencias para el sistema. Por un lado, actúa como un mecanismo de competencia regulada que premia a los centros más accesibles y eficientes, y obliga al resto a revisar su organización si no quiere seguir perdiendo pacientes. Por otro, traslada un mensaje político nada menor: cuando los ciudadanos pueden elegir, tienden a concentrarse en aquellos hospitales que combinan rapidez, buenos resultados clínicos y una experiencia más humana, incluso si son los más cuestionados desde determinados discursos partidistas.
