Las empresas españolas afrontan un escenario digital cada vez más exigente en ciberseguridad, marcado por una superficie de exposición creciente, una dependencia tecnológica más profunda y un entorno internacional inestable.
La ciberseguridad ha dejado de ser un asunto puramente técnico para convertirse en un factor estratégico que condiciona la continuidad del negocio.
La combinación de amenazas avanzadas, automatización del cibercrimen y mayor presión regulatoria está empujando a muchas organizaciones a replantear sus prioridades de inversión de cara a los próximos años.
En este contexto, los datos más recientes apuntan a un cambio claro de tendencia. Un número significativo de compañías ya asume que proteger sus activos digitales no es opcional.
La previsión de incremento presupuestario para 2026 refleja una mayor concienciación sobre el riesgo, impulsada tanto por factores geopolíticos como por el uso masivo de tecnologías como la inteligencia artificial generativa en los entornos corporativos.
La ciberseguridad se consolida como prioridad estratégica
Según el Estudio de Ciberseguridad en España 2025 elaborado por Secure&IT, el 44,2 % de las empresas españolas prevé aumentar su inversión en ciberseguridad durante 2026, mientras que un 43 % planea mantenerla estable.
Solo una minoría contempla reducciones, lo que confirma el carácter estructural que ha adquirido esta disciplina dentro de la gestión empresarial.
Francisco Valencia, director general de Secure&IT, señala que “las organizaciones avanzan en ciberseguridad, aunque no todas al mismo ritmo”. Según explica, muchas compañías han consolidado ya una base tecnológica sólida, pero persisten carencias relevantes en ámbitos como la monitorización continua, la adaptación regulatoria o la seguridad industrial.
La madurez no es homogénea, lo que genera diferencias importantes en la capacidad real de defensa frente a incidentes.
Identidad, nube y protección del dato lideran la inversión
Las prioridades de inversión para los próximos meses se concentran en áreas consideradas críticas para reducir el riesgo operativo. La gestión de identidades, la seguridad en entornos cloud y la protección del dato se sitúan en el centro de las estrategias.
La autenticación robusta, los servicios de seguridad gestionada y los proyectos de prevención de fuga de información ganan peso como respuesta a amenazas cada vez más sofisticadas.
Valencia subraya que “el informe muestra una tendencia clara hacia una mayor inversión sostenida”.
En su opinión, este esfuerzo responde a la necesidad de proteger activos clave sin comprometer la agilidad del negocio. El objetivo ya no es solo reaccionar, sino anticiparse y reducir el impacto potencial de los ataques en términos de continuidad, reputación y cumplimiento normativo.
Avances y brechas en el gobierno de la seguridad
El estudio refleja que muchas empresas españolas han avanzado en el gobierno de la ciberseguridad, con una amplia implantación de políticas formales, análisis de riesgos y programas de concienciación. Sin embargo, la madurez sigue siendo desigual.
Persisten debilidades en la respuesta a incidentes, en la creación de comités de seguridad y en la adopción de certificaciones como ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad.
Esta situación se agrava ante el creciente marco regulatorio europeo. Normativas como NIS2, DORA o la Ley de Ciberresiliencia generan un notable desconcierto, especialmente entre pymes y proveedores tecnológicos.
Muchas organizaciones aún no tienen claro si les aplica la normativa ni han iniciado procesos de adaptación.
La falta de claridad regulatoria se traduce en riesgos adicionales, tanto legales como operativos.
Regulación y geopolítica elevan la percepción de riesgo
Francisco Valencia considera especialmente preocupante esta brecha de conocimiento normativo. “No se trata solo de cumplir con la norma, sino de entender su impacto real en el negocio y utilizarla para fortalecer la gestión del riesgo”, afirma.
Desde su punto de vista, una regulación bien interpretada puede convertirse en una palanca para profesionalizar la ciberseguridad y mejorar la resiliencia organizativa.
A este escenario se suma la presión geopolítica. Más del 55 % de las empresas reconoce que conflictos internacionales como los de Europa del Este u Oriente Próximo elevan su nivel de riesgo percibido. La interconexión global y la dependencia de terceros amplifican el impacto potencial de estos eventos en las infraestructuras digitales.
Amenazas persistentes y vigilancia insuficiente
En cuanto a las amenazas más temidas, el ransomware sigue encabezando la lista, con cerca del 60 % de las empresas señalándolo como su principal preocupación. El phishing, la exfiltración de datos y el robo de credenciales mantienen también niveles elevados de inquietud.
Aunque muchas organizaciones cuentan con medidas básicas de protección, la adopción de soluciones avanzadas progresa de forma irregular.
La monitorización continua sigue siendo uno de los grandes retos. Solo alrededor de una cuarta parte de las empresas dispone de un SOC plenamente operativo las 24 horas, mientras que un porcentaje significativo reconoce no contar con ningún servicio de vigilancia.
Desde Secure&IT insisten en que “la monitorización permanente es clave para detectar amenazas en tiempo real y reducir su impacto”. Sin visibilidad, la capacidad de respuesta queda seriamente limitada.
Los resultados del estudio dibujan un panorama de avance sostenido, pero también de urgencia. Como resume Francisco Valencia, “la ciberseguridad debe dejar de abordarse como proyectos aislados y convertirse en una cultura transversal”.
