El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar un real decreto ley con incentivos fiscales a los propietarios que mantengan el precio del alquiler ha abierto una brecha con sus socios parlamentarios de izquierdas, que rechazan de plano la bonificación a los rentistas y reclaman una intervención directa del mercado.
Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu coinciden en que la política de vivienda del Ejecutivo vuelve a apoyarse en regalos fiscales a los caseros mientras el parque público de alquiler sigue sin llegar y miles de contratos están a punto de expirar.
Sánchez avanzó que el decreto incluirá tres medidas: una deducción fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios que no suban el alquiler al renovar contratos, una regulación más estricta de los alquileres de temporada para frenar el fraude y la limitación del «abuso» del alquiler por habitaciones.
Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno», defendió el presidente durante su visita a los trabajos de demolición del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde se prevé la construcción de más de 10.700 viviendas asequibles.
La medida estrella del decreto es la nueva deducción fiscal, con la que el Gobierno pretende evitar subidas bruscas de precios en un contexto especialmente delicado. Según el Ministerio de Consumo, este año expirarán más de 630.000 contratos de alquiler firmados bajo los límites aprobados durante la pandemia, lo que podría traducirse en incrementos de entre el 30% y el 50% de las rentas y afectar a 1,6 millones de personas.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy calcula que el impacto medio para las familias podría rondar los 1.735 euros anuales. Los socios del PSOE han exigido que La Moncloa prorrogue de forma automática los contratos, pero los socialistas se niegan a intervenir el mercado.
BENEFICIO PARA RENTISTAS
Desde Sumar ya han dejado claro que votarán en contra de la deducción fiscal cuando el decreto llegue al Congreso para su convalidación. El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez, fue contundente: el texto está «pensado en los rentistas» y, por tanto, «no lo vamos a apoyar». En un mensaje publicado en la red social X, calificó la propuesta de «regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos».
Ibáñez defendió que el único decreto urgente debería ser uno que frene la subida masiva de los alquileres que amenaza La seguridad y el bienestar de la mayoría de familias cuando se renegocien cientos de miles de contratos.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también expresó su oposición a la bonificación a los caseros. «La prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros; tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas», señaló. Aunque reconoció que el PSOE ha asumido por fin la necesidad de intervenir el mercado del alquiler, criticó que lo haga con una fórmula «ineficaz, injusta y no adecuada».
«No creemos que la manera de intervenir el mercado de la vivienda sea por medio de regalos fiscales a los propietarios que ya cuentan con unos ingresos medios que son casi el doble que los de las familias inquilinas», zanjó.
Podemos ha elevado aún más el tono. Su secretaria general, Ione Belarra, cargó duramente contra el plan del Ejecutivo: «Esto es para que ardan las calles en movilización social», escribió en X tras conocerse la medida. «La solución del Gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya», añadió, dejando claro el rechazo total de su formación a cualquier bonificación a los arrendadores.
Desde ERC, Gabriel Rufián advirtió de las consecuencias políticas de no actuar con mayor contundencia. «O se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros», afirmó, reclamando una política clara basada en el principio de «una familia, una casa». Para los republicanos, el problema no se resuelve incentivando a los propietarios, sino limitando la capacidad de especulación y garantizando el acceso a la vivienda como derecho.
EH Bildu comparte ese diagnóstico. Su diputado Oskar Matute sostuvo que lo que debería hacer el Gobierno es «prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más». A su juicio, la propuesta del Ejecutivo es «una tomadura de pelo», al pretender «librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados».
Aunque el decreto también incluye medidas que sí cuentan con mayor consenso en la izquierda, como la limitación de los alquileres de temporada y la regulación del alquiler por habitaciones —ya en vigor en Cataluña—, el rechazo a la bonificación fiscal convierte en casi imposible su convalidación parlamentaria.
