Tu casa está en problemas. El Real Decreto-ley 16/2025 publicado en el BOE el pasado 24 de diciembre extiende la suspensión de desahucios en España hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta prórroga del decreto antidesahucios afecta directamente a miles de propietarios que llevan meses, incluso años, sin cobrar el alquiler de su vivienda y que ahora deberán esperar al menos un año más para recuperar su propiedad.
La nueva normativa mantiene la prohibición de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, mientras que los propietarios afectados podrán solicitar compensación económica hasta enero de 2027. Sin embargo, estas ayudas cubren únicamente el valor medio del alquiler en la zona o la renta pactada, el menor de ambos, dejando fuera gastos adicionales en muchos casos.
Qué cambia con la nueva prórroga
La extensión del decreto hasta finales de 2026 paraliza cualquier proceso judicial de desahucio iniciado contra inquilinos que aleguen vulnerabilidad económica. Esto significa que propietarios con procedimientos ya en marcha verán cómo estos quedan suspendidos automáticamente hasta esa fecha. El plazo para solicitar compensaciones se amplía hasta el 31 de enero de 2027, dando un margen adicional a los arrendadores para reclamar ayudas.
La medida se acordó entre el Gobierno y EH Bildu como parte de un paquete que incluye también la prohibición de cortes de suministros básicos y la ampliación del bono social eléctrico. Las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar estas compensaciones, aunque muchas ya han denunciado falta de financiación estatal suficiente para cubrir todas las solicitudes.
Los expertos inmobiliarios advierten que esta situación está provocando una reducción drástica de la oferta de alquiler en España. Muchos propietarios prefieren mantener sus pisos vacíos antes que arriesgarse a un impago prolongado sin herramientas legales efectivas para recuperar su casa.
Requisitos para la suspensión del desahucio
No todos los inquilinos pueden acogerse automáticamente a la protección del decreto antidesahucios. La normativa establece criterios específicos de vulnerabilidad que deben demostrarse ante el juez mediante documentación oficial. El inquilino debe acreditar que sus ingresos mensuales no superan determinados límites establecidos según la composición del hogar.
Los casos que pueden beneficiarse de la suspensión incluyen:
✓ Familias con ingresos inferiores a tres veces el IPREM mensual
✓ Hogares con menores, personas mayores de 65 años o dependientes a cargo
✓ Situaciones de desempleo sin prestaciones o con prestaciones insuficientes
✓ Víctimas de violencia de género con acreditación oficial
✓ Personas con discapacidad igual o superior al 33%
Además, el inquilino debe demostrar que no dispone de alternativa habitacional viable. Esto implica que no posee otra vivienda en propiedad ni tiene familiares que puedan acogerle de forma razonable. La carga de la prueba recae sobre el arrendatario, quien debe presentar toda la documentación ante el juzgado.
Las compensaciones que nunca llegan
El sistema de compensaciones diseñado para proteger a los propietarios afectados presenta graves deficiencias en su aplicación práctica. Aunque la normativa contempla el pago del alquiler medio de la zona más gastos corrientes como IBI y comunidad, muchas comunidades autónomas reconocen que los fondos son insuficientes. En Asturias, por ejemplo, se destinaron 700.000 euros en 2025 para cubrir apenas 59 expedientes.
El plazo para solicitar estas ayudas se extiende ahora hasta el 31 de enero de 2027, pero los propietarios denuncian que los trámites burocráticos son extremadamente complejos. Deben presentar el contrato de arrendamiento, el auto judicial que suspende el lanzamiento, todas las facturas de gastos corrientes y justificantes de impagos. Además, el cálculo toma siempre el valor más bajo entre la renta pactada y el precio medio de mercado.
Las comunidades autónomas asumen estas compensaciones en solitario, sin financiación directa del Estado. Esto provoca que algunas regiones agoten rápidamente sus presupuestos, dejando solicitudes pendientes sin resolver durante meses. Para muchos pequeños propietarios, estas ayudas llegan demasiado tarde, cuando ya han perdido su propia vivienda por no poder pagar la hipoteca.
El drama de los propietarios atrapados
La historia de propietarios que pierden todo mientras otra persona ocupa su vivienda sin pagar se repite cada vez con más frecuencia. Casos como el de Jorge, un madrileño de 50 años que acabó durmiendo en una furgoneta mientras su inquilino permanecía en el piso sin abonar un euro, ilustran el lado oscuro de esta protección legal. Tras tres años de impagos protegidos por el decreto, perdió su empleo y el banco ejecutó la hipoteca.
El impacto psicológico sobre estos propietarios resulta devastador, con muchos desarrollando cuadros de ansiedad y depresión. La paradoja es que mientras el decreto busca proteger a los más vulnerables, está creando nuevos casos de vulnerabilidad entre pequeños ahorradores que invirtieron en una segunda vivienda como complemento de pensión. Muchos de ellos dependen de ese ingreso mensual para cubrir sus necesidades básicas.
La prórroga hasta 2027 significa que algunos propietarios acumularán más de cuatro años sin cobrar alquiler ni poder recuperar su propiedad. Esta situación está provocando que miles de viviendas se retiren del mercado de alquiler, agravando paradójicamente la crisis de acceso a la vivienda que la medida pretendía aliviar.
