Los datos de puntualidad en el informe mensual de Renfe desnudan la presión que crearía sobre la empresa pública que se aplicará su vieja política de puntualidad, como lo ha pedido el PP desde el Senado. Según la empresa, el promedio de tiempo de retraso de sus incidencias supera los 15 minutos en 2025, lo que quiere decir que un alto porcentaje de sus viajes se traducirían en la obligación de pagar una indemnización del 50% del precio si tienen que asumir la nueva normativa.
De momento esto no será necesario, con la abogacía del estado, consiguiendo una válvula de escape para Renfe, asegurando que el reglamento del sistema ferroviario español debe ser modificado para aplicar la normativa que ha aprobado el Senado. De momento, la posición que mantiene tanto la dirección de la empresa pública como el ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible es que aplicar esta nueva exigencia, sería inviable con un sistema de alta velocidad liberalizado, que ha multiplicado sus trenes en unos 4 años, generando un mayor número de incidencias en todo el sistema.
El argumento tiene como defenderse, sin ir demasiado lejos esta semana, un retraso de un tren de Ouigo causó retrasos en las otras dos operadoras del sistema, que además de la propia empresa pública incluye a la italo-española Iryo. Y este tipo de situaciones se han repetido con los tres operadores. Aun así, sigue siendo un dato llamativo que el promedio de los retrasos de la empresa más importante de la alta velocidad en el país supere el cuarto de hora, incluso sin el reglamento actual no se ven obligados a pagar indemnizaciones por este periodo de tiempo.
Actualmente, la política de indemnizaciones de Renfe incluye una devolución del 50% del precio pagado por los billetes en caso de un retraso superior a los 60 minutos, mientras que la empresa promete una devolución completa del precio del viaje en caso de que el retraso supere los 90 minutos. La nueva medida, que la empresa recuerda en su propia página web que todavía no se aplica, sería mucho más estricta y ya han adelantado que se trata de un cambio que se traduciría en un aumento de los precios.
LOS MESES CON MÁS RETRASOS PARA RENFE
Como no podía ser de otra forma, la empresa pública sufre retrasos más largos en los meses de verano, lo que consideran la temporada alta. Entre junio y agosto el promedio de los retrasos de Renfe supera los 18 minutos. Es un dato especialmente llamativo frente a la competencia, pero que también está marcado por otros problemas en la temporada estival, en la que este año hubo varios fallos masivos del sistema de ADIF por causas externas a la propia ferroviaria pública, aunque también caen a los pies del ministerio que dirige Óscar Puente.
El mes con mayor tiempo de retraso entre los trenes de Renfe en 2025 fue el mes de julio, cuando alcanzó los 18,8 minutos de retraso con respecto a la hora de llegada programada. Le siguen agosto (18,6), junio con (16,9) y mayo (16,7). Por otro lado, el de menos tiempo de retraso es febrero, con un promedio de 11,9 minutos. También es el mes con menos circulaciones en el sistema, con unas 7.950 frecuencias en todas sus rutas mientras que julio es el mes con más viajes con 9.820.
El reto entonces en 2026 será que los meses de mayor importancia no sean también los que tienen los retrasos más largos. Aun así, la propia Renfe al menos puede quedarse con el consuelo de que la mayoría de sus trenes llegan a tiempo, con más del 80% de los trenes cumpliendo con el horario previsto todos los meses, lo que señala que la preocupación es menos por la cantidad de retrasos y más por lo largos que son.
APLICAR LA MISMA NORMATIVA DE PUNTUALIDAD A LAS TRES OPERADORAS
El otro punto clave para la situación de Renfe es, precisamente, que las otras dos empresas que operan el sistema de alta velocidad español no están obligadas a cumplir con la misma exigencia de puntualidad que el PP introdujo a la ley de Movilidad Sostenible. Es un punto que señalan desde el gobierno, y que puede terminar marcando la revisión del reglamento.
Será interesante ver cómo evoluciona la situación. La posición de la empresa y el ministerio sigue siendo que no es viable aplicar la nueva política de puntualidad, y es cierto que al revisar los datos del año que acaba de terminar es evidente que sería doloroso para el bolsillo de la empresa.
