La vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de batalla política de cara a las tres elecciones autonómicas que, previsiblemente, se celebrarán en el primer semestre del año. Aragón, Castilla y León y Andalucía afrontan citas con las urnas en un contexto marcado por la subida generalizada de los precios inmobiliarios, el crecimiento de la ultraderecha y la caída del PSOE en las encuestas, un escenario que, pese a situar al Partido Popular como favorito, complica las mayorías absolutas de sus actuales presidentes: Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno.
Los tres dirigentes del PP gobiernan con mayorías que podrían verse erosionadas si la fragmentación del voto en la derecha se intensifica. El ascenso de la ultraderecha —así lo admiten en privado distintos dirigentes populares— amenaza con dejar sin mayoría suficiente a los presidentes autonómicos, obligándolos a buscar pactos. En ese contexto, la vivienda emerge como una de las grandes preocupaciones sociales y como un eje central de confrontación política.
En Aragón, el precio de la vivienda cerró diciembre de 2025 en 1.609 euros por metro cuadrado, con un incremento del 7,5% interanual. Aunque el nivel es inferior al de otras comunidades, la tendencia alcista empieza a tensionar el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias.
Con este telón de fondo, el presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció hace apenas un mes en el pleno de las Cortes que el Gobierno autonómico impulsará 496 viviendas públicas en Zaragoza y otras 106 en Figueruelas, Utebo y Alagón.
El Ejecutivo del PP pretende así exhibir compromiso con la vivienda pública en plena precampaña. Sin embargo, la oposición socialista trata de disputar ese relato. La candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha puesto el foco en lo que considera un modelo fallido del actual Gobierno. Hace unos días, Alegría reivindicó la necesidad de “poner en marcha vivienda pública” y de “abandonar ese modelo que han planteado las dos derechas, que es un modelo de negocio y de privatización”.
La dirigente socialista aseguró que ese cambio de rumbo se produciría “a partir del 8 de febrero desde la presidencia de Aragón”, en alusión a la fecha electoral. Alegría defendió un modelo alternativo basado en “una vivienda pública, una vivienda asequible que permita sobre todo que los aragoneses y las aragonesas puedan vivir en su pueblo, puedan vivir en su ciudad, puedan vivir definitivamente en su comunidad autónoma”.
Además, vinculó la política de vivienda a la mejora de la financiación autonómica, subrayando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 300.000 millones de euros a las comunidades en los últimos años. En el caso de Aragón, cifró el incremento de recursos en 9.197 millones de euros más que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy, un aumento del 42,7%, hasta superar los 30.000 millones junto con los fondos europeos.
UN CONSORCIO DE VIVIENDA PARA CASTILLA Y LEÓN
En Castilla y León, donde el precio del metro cuadrado alcanzó los 1.296 euros en diciembre de 2025, con una subida interanual del 6,5%, la vivienda también se ha situado en el centro del debate político. El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha optado por confrontar directamente con el Gobierno central. Recientemente, remitió una carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que expresó su “preocupación por las inexactitudes” de sus declaraciones y rechazó que la Junta no aporte recursos a las promociones de alquiler asequible.
Según los datos aportados por Mañueco, de los 54,3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation transferidos a la comunidad, la Junta ha destinado 50,1 millones a vivienda y ha añadido 86,6 millones de recursos propios.
Desde el PSOE, el candidato a la Junta, Carlos Martínez, anunció en noviembre la propuesta de crear un consorcio autonómico para impulsar la vivienda protegida si gana las elecciones previstas para marzo de 2026, reforzando así el choque de modelos entre ambas formaciones.
LA PRESIÓN INMOBILIARIA DE ANDALUCÍA
En Andalucía, donde la presión inmobiliaria es mucho mayor, con un precio medio de 2.755 euros por metro cuadrado y un incremento interanual del 18,9%, la vivienda se ha convertido en uno de los grandes talones de Aquiles del Gobierno de Juanma Moreno. En diciembre de 2025, el PP sacó adelante en solitario la nueva ley autonómica de vivienda, una de las principales banderas del Ejecutivo andaluz. La oposición, sin embargo, denunció que la norma “no soluciona el drama de la vivienda” y que “profundiza en las peores políticas”.
Desde el Gobierno central, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la inversión estatal en Andalucía, destacando los fondos europeos y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que prevé destinar alrededor de 1.200 millones de euros a la comunidad para vivienda pública, rehabilitación y ayudas como el Bono Alquiler Joven.
Con los precios al alza y el malestar social creciendo, la vivienda se perfila como un factor decisivo en unas elecciones en las que el PP parte con ventaja, pero en las que Azcón, Mañueco y Moreno se juegan mucho más que la continuidad: se juegan su capacidad para gobernar en un escenario político cada vez más fragmentado y volátil.
