Renfe y el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han conseguido la fórmula para evitar asumir la nueva política de puntualidad a la que los obliga la enmienda de la ley de transporte sostenible que fue impulsado desde el Senado por el PP. El ministro ha defendido que la Abogacía del Estado aseguró que antes de hacer obligatoria la nueva medida era necesaria una revisión completa del Reglamento del Sector Ferroviario, que ya adelantan puede durar varios meses.
El problema es que se ha avisado desde ya que la misma debe pasar por las manos de la CNMC, que ha defendido las nuevas opciones puntualidad, siempre y cuando estás afecten también a los nuevos competidores de la empresa pública.
Como lo recuerda la propia Renfe en el comunicado donde informan que, de momento, no cumplirán con la medida que ha impuesto el PP, la normativa como está definida sólo los afecta a ellos. La propia empresa ha defendido, a través de X, la red social antes conocida como Twitter, que aunque está de acuerdo con medidas que mejoren la puntualidad de todo el servicio, el mismo pasa también por aplicar la misma normativa de puntualidad a todos los operadores del país. «Renfe adaptó en 2024 su sistema a un esquema alineado con reglamentos europeos, precisamente porque opera en competencia. Si se mejora la protección al cliente, debe hacerse para todos los operadores«, ha defendido la empresa pública.
Es cierto que la situación de las líneas liberalizadas es muy distinta a la que existía antes de la llegada de los competidores privados. El número de trenes que opera en estas rutas se ha duplicado desde entonces, y el retraso de una operadora puede afectar a las demás. Es decir: Un retraso de un tren de Ouigo o Iryo en la vía puede obligar a Renfe a pagar las nuevas indemnizaciones. Es una realidad que puede ser complicada de gestionar, sobre todo en momentos de alta demanda de los servicios, como el verano y la temporada navideña.
Aun así, para la empresa pública el desenlace buscado no es que Ouigo e Iryo deban asumir la misma política de puntualidad, sino mantener la política actual. No es solo que el cambio en la política de indemnizaciones se traduciría en un aumento de los precios de hasta 10%, y de todos los servicios si se obliga a los competidores, sino que el promedio de retrasos de Renfe supera ya los 15 minutos, lo que obligaría a que en todos estos casos deban devolver a los usuarios un 50% del importe pagado para comprar el billete. Es un golpe que prefieren no encajar antes que hacerlo acompañados.
OUIGO E IRYO TAMBIÉN TENDRÍAN QUE SUBIR PRECIOS
De momento, el reglamento actual se mantiene, lo que quiere decir que no solo Renfe sino también Ouigo e Iryo mantienen sus actuales políticas de puntualidad. En ambos casos, según lo que escriben sus páginas web, las políticas se mantienen en casos donde los usuarios deban asumir un retraso en la hora de llegada superior a los 30 minutos, pero los retrasos de 15 minutos no están incluidos en sus opciones particulares. Es decir, que si el cambio en el reglamento llega a obligarlos a cumplir con su nueva sentencia, esto se debería traducir también en un aumento de sus precios, como el que ya avisa Renfe.
En cualquier caso, desde que se aprobó la enmienda, ambas empresas han mantenido silencio sobre la situación. La realidad es que al no ser nombrados en la misma han decidido esquivar la bala, sobre todo sabiendo la animadversión que el ministro Óscar Puente ha mostrado con ellas desde la liberalización. Al final, una política de puntualidad más agresiva a nivel nacional puede traducirse también en un aumento de precios, pues con más frecuencias de trenes la realidad es que también hay más riesgos de puntualidad.
RENFE Y EL MINISTERIO DEBEN RESPONDER A LOS USUARIOS AFECTADOS
A pesar de la decisión de Renfe, la enmienda sí que ha entrado en vigor. Por tanto, aquellos usuarios afectados por retrasos superiores a 15 minutos podrán pedir su indemnización a la empresa pública, pero tendrán que hacerlo a través de los despachos, con el costo económico y temporal que va de la mano de buscar un abogado para estas situaciones. Además, se recuerda que quien tendría que asumir este costo es el ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, no la propia empresa.
Habrá que seguir de cerca cómo asumen esta realidad los usuarios. Parece demasiado complicado, sobre todo para los usuarios del servicio low cost de la empresa, el AVLO, cuyo precio base puede bajar hasta los 7 euros. Esta barrera puede ser suficiente para que, de momento, el ministerio y la empresa pública escapen de pagar los 125 millones de euros que el presidente de la misma calcula que habría de pagar si se cumple a rajatabla lo que el PP espera de la nueva enmienda.
