Cuando Javier Molina (52) decidióinstalar un aire acondicionado en su piso de Sevilla, lo hizo pensando únicamente en sobrellevar mejor el verano. Vive en un cuarto piso de un edificio construido a finales de los años noventa, sin climatización central, y tras varias semanas de temperaturas por encima de los 40 grados optó por colocar un equipo split con unidad exterior en la fachada.
La instalación se realizó en apenas una mañana. Javier no consultó previamente ni al presidente de la comunidad ni al administrador de fincas. La unidad exterior quedó fijada a la pared común del edificio, justo debajo del balcón del piso superior, donde reside Carmen Roldán (61), su vecina directa.
Los primeros días no hubo quejas, pero con el uso continuado comenzaron los problemas. Carmen detectó que el aparato goteaba agua sobre su tendedero y que el ruido era constante durante la noche. Tras varios intentos de hablarlo de forma informal, pero una difícil manera de llegar a un punto en común, la relación entre ambos se fue tensando.
El origen del conflicto vecinal
La discusión estalló cuando Carmen solicitó formalmente a la comunidad que revisara la instalación del aire acondicionado. Argumentaba que no solo se trataba de una molestia personal, sino de una alteración de un elemento común del edificio. El administrador revisó el caso y confirmó queno constaba ninguna autorización previa para la colocación del aparato.
Javier, por su parte, defendía que otros vecinos ya tenían aire acondicionado instalado desde hacía años y que nunca se les había exigido retirarlo. Consideraba injusto que se le señalara a él cuando el edificio ya presentaba varias unidades visibles en la fachada.
La comunidad convocó una junta extraordinaria para tratar el asunto. En ella se acordó requerir a Javier la retirada del aparato o, en su defecto, la regularización mediante votación formal. Javier se negó a asumir el coste de una nueva instalación y decidió mantener el equipo tal y como estaba.
Qué dice la ley sobre estos casos
La Ley de Propiedad Horizontal es clara en este punto: la fachada, los patios y los muros exteriores son elementos comunes. Cualquier modificación visible o estructural requiere autorización de la comunidad, incluso aunque la instalación, en este caso del aire acondicionado, beneficie únicamente a una vivienda.
El hecho de que existan otras instalaciones antiguas no implica consentimiento tácito. En muchos edificios, esos aparatos se colocaron cuando la normativa era más laxa o sin que nadie lo impugnara en su momento. Eso no convierte esas situaciones en un precedente legal automático.
Ante la negativa de Javier, la comunidad decidió acudir a la vía judicial. El juzgado dio la razón a la comunidad, obligando al propietario a retirar la unidad exterior y a devolver la fachada a su estado original. Además, tuvo que asumir los costes del procedimiento.
Un problema cada vez más frecuente
Los conflictos por aire acondicionado se han multiplicado en los últimos años, especialmente en zonas donde el calor es extremo y los edificios antiguos no están preparados para una climatización moderna. Las disputas suelen girar en torno al ruido, los goteos, el impacto visual y la ocupación de espacios comunes.
Los administradores de fincas coinciden en que muchos de estos problemas se evitarían con una consulta previa. Solicitar permiso, estudiar alternativas como patios interiores o sistemas colectivos y dejar constancia por escrito suele ahorrar conflictos largos y costosos.
En el caso de Javier, el desenlace le obligó a buscar una nueva solución técnica dentro de su vivienda. “Si lo hubiera sabido antes, habría preguntado”, reconocía después. Una conclusión habitual en este tipo de enfrentamientos vecinales que, con información y previsión, podrían no llegar nunca a los tribunales.
