Esta es la principal conclusión de un análisis llevado a cabo por Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que arremete directamente contra las directivas europeas de sostenibilidad empresarial conocidas como CSRD y CSDDD, indicando que “no deberían simplificarse, sino derogarse”.
En este sentido, el autor recuerda que el año pasado la Comisión Europea dio marcha atrás parcialmente con el denominado paquete Ómnibus, reduciendo el alcance de estas normas y aplazando su aplicación. Para Arruñada, este repliegue constituye un reconocimiento implícito de que el diseño original, impulsado desde las propias instituciones europeas, era inviable tanto desde el punto de vista económico como operativo.
Por otro lado, el análisis subraya que se trata de normativas que generan costes elevados y distorsiones económicas, al tiempo que desplazan decisiones políticas hacia el ámbito empresarial. Conviene recordar que la CSRD obliga a miles de empresas a elaborar informes detallados sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), mientras que la CSDDD va un paso más allá, imponiendo deberes de diligencia sobre los impactos ambientales y sociales de la actividad empresarial, incluso a lo largo de toda su cadena de valor.
La información de sostenibilidad no se puede medir
A partir de este diagnóstico, Arruñada sostiene que las directivas no logran los objetivos que declaran perseguir. En particular, cuestiona que la información ESG obligatoria sea útil para los inversores o contribuya de forma efectiva a mejorar el comportamiento ambiental de las empresas. Según el autor, a diferencia de la información financiera, la información de sostenibilidad carece de una unidad de medida común, se basa en indicadores heterogéneos y, en muchos casos, contradictorios, lo que dificulta su comparación y su uso racional en la toma de decisiones.
El informe también pone el foco en la proliferación de agencias de calificación, consultoras y verificadores especializados en ESG, cuyos incentivos —advierte— no siempre están alineados con la mejora real del desempeño ambiental o social. La complejidad normativa habría dado lugar, según Arruñada, a un auténtico “complejo industrial del compliance”, que se beneficia directamente del aumento de las obligaciones regulatorias sin que exista una evidencia clara de beneficios proporcionales para la sociedad.
Más allá de la crítica económica, el análisis introduce una dimensión política. A juicio del autor, las directivas de sostenibilidad trasladan a las empresas debates que deberían resolverse en el ámbito democrático, como la corrección de externalidades o el reparto de los costes de la transición ecológica. En lugar de recurrir a instrumentos clásicos de política pública —como impuestos, precios o regulaciones claras—, la Unión Europea habría optado por delegar implícitamente estas decisiones en los órganos de gobierno corporativo, que carecen de legitimidad democrática para ello.
Arruñada interpreta este desplazamiento como el resultado de una dinámica política en la que una minoría con preferencias muy intensas en materia de sostenibilidad logra imponer sus objetivos a través de mecanismos indirectos, evitando el debate abierto sobre sus costes.
En este contexto, el autor concluye que la simplificación introducida por el paquete Ómnibus resulta insuficiente. Aunque reconoce que reduce parcialmente las cargas más visibles, considera que no corrige los problemas estructurales del modelo. Por ello, plantea que la opción más responsable no es reformar marginalmente las directivas, sino derogarlas o, al menos, congelarlas indefinidamente.
En definitiva, Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), más allá de la realización de estas directivas, propone volver a principios más clásicos de política económica como es el caso de la corrección de las externalidades mediante precios adecuados, reforzar la competencia y exigir responsabilidad jurídica efectiva cuando existan daños reales y verificables. Arruñada apunta, que de esa forma sería posible compatibilizar sostenibilidad, seguridad jurídica y competitividad empresarial en el marco europeo.
