En España, miles de autónomos empiezan la jornada cuando aún no salió el sol. Limpiar portales a las tres de la mañana, encadenar más de diez horas de trabajo y facturar 4.000 euros mensuales es una realidad extendida. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde una confusión fiscal que alimenta frustración y sensación de injusticia.
La pregunta se repite con fuerza en redes y conversaciones cotidianas: ¿cómo puede ser que, facturando 4.000 euros, a un autónomo le queden apenas mil? La respuesta importa ahora porque el debate se volvió viral, pero también porque expone un problema estructural que combina números mal entendidos, sistema fiscal complejo y una carga emocional permanente.
Facturar no es ganar: dónde se pierde el dinero
El primer error frecuente es mezclar conceptos. El IRPF no distingue entre asalariados y autónomos: ambos lo pagan. La diferencia clave está en la Seguridad Social. Mientras a un trabajador por cuenta ajena se le descuenta alrededor del 6,4% de su nómina, la empresa aporta en silencio más de un 30% adicional. El empleado no lo ve, pero el Estado sí lo cobra.
En cambio, el autónomo paga toda su cotización directamente de su factura. Para unos ingresos de 4.000 euros mensuales, la cuota ronda los 477 euros tras ajustes por tramos. Esa cuota es deducible, lo que reduce la base sobre la que se calcula el IRPF. Cuando se ponen los números sobre la mesa, el resultado sorprende: tanto el asalariado como el autónomo terminan con un neto cercano a los 2.800 euros mensuales, lejos de los mil que suelen mencionarse.
Entonces, ¿dónde nace la sensación de ahogo? En varios factores que se superponen: gastos reales del autónomo (vehículo, combustible, materiales, gestoría), meses flojos sin ingresos y, sobre todo, la falta de separación entre facturación, impuestos y dinero disponible. Facturar no es ganar, y confundir ambos conceptos distorsiona cualquier cálculo.
Ser autónomo: Cotizar menos hoy, cobrar menos mañana
La aparente igualdad de ingresos netos oculta una diferencia crucial. El asalariado cotiza por la totalidad de su salario. El autónomo, en cambio, suele hacerlo por una base mucho más baja. Esto no es discriminación: es una elección forzada por el coste. Cotizar más implicaría pagar cuotas mensuales muy superiores y reducir drásticamente el ingreso actual.
La consecuencia es clara: pensiones futuras más bajas, prestaciones por baja reducidas y ausencia de red cuando no entra dinero. El autónomo asume hoy un riesgo que pagará mañana. De ahí que muchos opten por cotizar al mínimo y buscar soluciones alternativas para su jubilación, aunque eso exige educación financiera y disciplina a largo plazo.
A esta ecuación se suma otro malentendido habitual: el IVA. No es un impuesto del autónomo, sino del consumidor final. Se recauda y se ingresa. El problema surge cuando el cliente paga tarde, o cuando se mezcla el IVA con el ingreso real. Ahí nace la sensación de que “Hacienda se queda con el 21%”, cuando ese dinero nunca fue propio.
En conclusión, el discurso de “facturo 4.000 y me quedan 1.000” simplifica una realidad mucho más compleja. El autónomo vive bajo presión constante, ve todos los impuestos de golpe y carga con una incertidumbre que el asalariado no percibe. No hay víctimas absolutas ni privilegiados puros: hay dos sistemas distintos. Entenderlos es el primer paso para dejar de caer en la trampa de la confusión y empezar a tomar decisiones con números, no con eslóganes.
