La cultura entra en la arena del poder. En 2025, una parte creciente de músicos, cantantes y compañías artísticas ha decidido convertir sus agendas —dónde actúan, con quién trabajan y en qué plataformas publican— en herramientas de presión política y ética. Tres nombres concentran la atención del sector: Kennedy Center, Spotify y Superstruct Entertainment. Los tres han sido objeto de boicots públicos por decisiones percibidas como ideológicas o moralmente controvertidas.
Kennedy Center: cancelaciones por politización cultural
El emblemático centro cultural de Washington afrontó cancelaciones de conciertos y retiradas de artistas tras cambios simbólicos y de gobernanza interpretados por parte del sector como una politización de una institución nacional. Músicos y compañías defendieron su negativa a actuar alegando que los espacios públicos de cultura deben preservar neutralidad, pluralismo y libertad creativa.
La dirección del centro, por su parte, replicó que las decisiones respondían a criterios institucionales, mientras el debate se trasladaba al corazón de la pregunta: ¿puede la cultura permanecer al margen del poder?
Spotify: artistas contra la inversión en tecnología militar
La plataforma líder de ‘streaming’ vive uno de los boicots más visibles del año. Colectivos y artistas han anunciado la retirada —total o parcial— de su música tras conocerse inversiones del liderazgo de Spotify en tecnología de defensa basada en inteligencia artificial.
El argumento central: la música no debe financiar la guerra. Para estos creadores, la responsabilidad ética no se limita a los pagos por reproducción, sino que alcanza a las decisiones estratégicas del accionariado y la cúpula ejecutiva. Spotify defiende la separación entre inversiones personales y la actividad de la plataforma, pero la presión reputacional ha reabierto el debate sobre gobernanza, valores y coherencia corporativa.
Superstruct Entertainment: festivales bajo escrutinio geopolítico
En España y otros mercados europeos, Superstruct Entertainment, uno de los grandes promotores de festivales, se ha convertido en foco de boicots coordinados. Artistas han cancelado actuaciones en eventos asociados al grupo al considerar problemáticas las conexiones de su accionariado con determinados fondos de inversión y sus implicaciones geopolíticas.
La consecuencia ha sido inmediata: bajas en carteles, reconfiguración de programaciones y una discusión pública sobre la trazabilidad del capital en la industria del entretenimiento. Los promotores alertan del impacto económico; los artistas responden que no hay neutralidad cuando hay dinero y poder en juego.
Una tendencia estructural, no coyuntural
Lo ocurrido con el Kennedy Center, Spotify y Superstruct revela un cambio de fase: los artistas ya no protestan solo con canciones, sino con decisiones operativas que afectan a taquilla, audiencias y reputación.
En un contexto de polarización, IA militar, fondos globales y gobernanza cultural, la música se consolida como actor político de facto. Para las instituciones y plataformas, el mensaje es claro: la licencia social para operar también se juega en el terreno de los valores.
El cierre de 2025 confirma que la cultura ha dejado de ser un espacio periférico del debate público. Hoy, actuar o no actuar es una declaración. Y el boicot, una herramienta de poder blando con efectos reales.
