El afán de las VTC de expandir su presencia en el territorio nacional se mantiene. El siguiente espacio donde quieren entrar con fuerza es Baleares, donde ya hay unas 3.500 solicitudes de nuevas licencias para conductores de Uber, Cabify y Bolt. Es un movimiento que ha puesto nervioso tanto al sector del taxi como a una parte de las patronales de las VTC en la zona, que temen que esta afluencia de nuevos vehículos afecte directamente su facturación, así como la movilidad en las islas.
Es una preocupación que ya se dio en la Comunidad de Madrid con el objetivo de Cabify de conseguir unas 20.000 licencias de VTC en la ciudad. De momento, tras la intervención del TSJM, se han aprobado unas 8.500 de las que han conseguido entregar los requisitos de casi 800. Esto sin que el mercado de la capital se vea comprometido, de hecho, en los últimos meses el número total de licencias activas de VTC en la capital se ha reducido un poco a pesar de la llegada de las licencias de Cabify.
En cuanto a Baleares, es evidente que la situación de las islas las convierte en un caso particular. Su situación geográfica y poblacional hacen que la apuesta sea llamativa en largos periodos del año, aunque también es cierto que un aumento de la oferta de transporte para particulares en la temporada estival puede ayudar a la comodidad del turismo. Sin embargo, otros problemas de estas zonas han hecho que la comodidad de los turistas esté lejos de las preocupaciones de la mayoría de los residentes.
De momento, dos agrupaciones del sector transporte en la zona, Taxis-PIMEM y la Federación Empresarial Balear del Transporte adscrita a CAEB, han pedido al Consell tomar medidas para evitar la entrada al mercado de estas licencias. Mientras tanto Moove Cars, filial de Uber encargada de administrar los contratos de sus conductores y manejar las licencias, insiste en su posición y recientemente ha conseguido una sentencia positiva del Tribunal Superior de Justicia de Baleares para que se vuelvan a evaluar 600 licencias que habían sido rechazadas por el gobierno anterior.
UNA SITUACIÓN QUE SE REPITE
La realidad es que por momentos la situación parece calcada de lo ocurrido en Madrid. Es de esperar que las empresas como Uber o Cabify quieran aumentar su presencia en las diferentes zonas del país, y tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que prohíbe limitar las VTC solo para proteger al taxi hay pocas herramientas para limitar su crecimiento, al menos que se revise la legislatura de base como en el caso Catalán, aunque allí el objetivo ha sido más bien la expulsión de las plataformas de la llamada «Nueva movilidad».
Los argumentos que pide la legislación europea para limitar el crecimiento de las VTC deben ir alrededor de la sostenibilidad o la sobrecarga del transporte en las zonas donde se piden nuevas licencias. El primero es complicado, pues en España las tres empresas del sector ya solo suman nuevos vehículos a las flotas si son eléctricos, aunque en Baleares la circunstancia del tráfico es muy diferente a la de Madrid, y en general a las de la península, por lo que allí puede haber un argumento clave para evitar la entrada de estas licencias.
UBER SIGUE BUSCANDO ESPACIOS DE CRECIMIENTO
Por su lado, desde Uber, y el resto de plataformas, se siguen buscando espacios para crecer en territorio español. No solo es Baleares, sino que hay una apuesta clara por la misma empresa en el País Vasco y allí están los movimientos de las tres empresas para ocupar espacios en Castilla-La Mancha, con la apuesta de sumar licencias en ciudades clave de la zona, en particular de una Toledo que de momento ha sido complicada.
El caso de Madrid, encabezado de momento por Cabify, es todavía más evidente con una apuesta que debería alcanzar las 20.000 nuevas licencias si el unicornio español cumple con su cometido. Desde la empresa se sienten confiados que esto acabará por ocurrir y han defendido tanto la llegada escalonada de las primeras 800 licencias de este bloque como de la necesidad del resto, sobre todo para atender las zonas de la periferia de la capital.
El caso opuesto ocurre en Cataluña, donde la regulación nueva está diseñada para expulsarlos. Es un reclamo que han hecho las tres grandes empresas del sector, señalando una preocupación real sobre los empleos que se pueden perder ante la nueva medida de la Generalitat.
