Negar la colaboración público‑privada equivale a elegir el dogma sobre el paciente, sobre todo cuando los datos de la propia Comunidad de Madrid muestran que los hospitales de gestión mixta atienden más y mejor, con menos coste por habitante. Incorporar este modelo a la narrativa sanitaria no es una concesión al mercado, sino una forma de blindar el derecho efectivo a la salud con números y resultados, no con consignas.
El último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud sitúa la espera media para una intervención quirúrgica en España en 126 días y la demora para la primera consulta hospitalaria por encima de los 105 días, con una nota ciudadana al sistema público de 6,3 sobre 10. En ese contexto, cerrar por dogma la puerta a modelos que demuestran reducir esperas y costes no es defender lo público, es aceptar que el paciente siga en la cola.
La Comunidad de Madrid ha utilizado la colaboración público‑privada para acometer la mayor expansión hospitalaria de su historia, absorbiendo casi un millón de nuevas tarjetas sanitarias sin disparar de golpe la inversión pública, ya que el coste de construcción y equipamiento se ha distribuido a 30 años y ha sido asumido por el concesionario. Los hospitales concesionados están plenamente integrados en la red pública, sometidos a estándares, auditorías mensuales de actividad y control presupuestario por parte del SERMAS, que mantiene la titularidad del servicio y la potestad de fijar cartera y objetivos.
Hospitales que cuestan mucho menos y rinden mucho más
Los datos económicos son difíciles de conciliar con la idea de “privatización cara”. En el último ejercicio liquidado, el coste per cápita del Hospital Universitario Infanta Elena fue de 560,70 euros frente a los 625,24 de la media de hospitales de su mismo grupo, un 10,3 % menos. El Hospital Rey Juan Carlos registró 439,99 euros por tarjeta sanitaria frente a 903,10 euros de media del Grupo II, es decir, un 51,3 % menos; el General de Villalba, 428,59 euros frente a los mismos 903,10, lo que supone un 52,5 % de ahorro por habitante.
En alta complejidad, la Fundación Jiménez Díaz presenta un coste por habitante un 27,7 % inferior a la media de hospitales de su grupo, 350,78 euros menos por persona pese a ser un centro de máxima complejidad con todas las especialidades. Es decir, los hospitales públicos gestionados por Quirónsalud en Madrid proporcionan más servicios, más accesibilidad y mayor complejidad asistencial con entre un 10 % y un 52 % menos de coste per cápita que sus equivalentes de gestión directa.
Menos espera, más elección y mejores resultados clínicos
Frente a los 126 días de espera media quirúrgica del SNS, los cuatro hospitales madrileños de gestión mixta se mueven entre 13 y 25 días, con el General de Villalba como centro con menor demora de toda la Comunidad (13,52 días). En encuestas oficiales del SERMAS de 2024, los índices de satisfacción general superan el 90 % en todos ellos: la Fundación Jiménez Díaz alcanza un 91,28, Villalba un 92,86 (la mejor puntuación de todo el sistema), Rey Juan Carlos un 91,12 e Infanta Elena un 90,18.
Esa preferencia se traduce en elecciones reales: la Fundación Jiménez Díaz es, desde 2012, el hospital más elegido por los madrileños en el sistema de libre elección, año tras año. La explicación está también en los resultados clínicos: los cuatro centros presentan mortalidad estandarizada históricamente inferior a 1, menores tasas de complicaciones e infecciones nosocomiales y estancias medias más cortas que los hospitales comparables, pese a atender pacientes más complejos según el índice de complejidad ajustada del SERMAS.
A ello se suma el liderazgo específico de la Fundación Jiménez Díaz en eficiencia global: según los rankings de eficiencia hospitalaria de la Comunidad de Madrid, la FJD ha liderado durante varios años consecutivos la clasificación, combinando alta complejidad con uno de los menores costes por proceso ajustado.
Un modelo auditado que incluso asume actividad no financiada
El relato de “hospitales sobrefinanciados” tampoco se sostiene cuando se observan las liquidaciones. Entre 2018 y 2024, la Fundación Jiménez Díaz realizó actividad asistencial por encima del techo presupuestario fijado por el SERMAS por valor de 193 millones de euros que no fueron financiados, aproximadamente un 10 % de toda su actividad en ese periodo. Pese a ello, el centro mantuvo su volumen de intervenciones y consultas para no trasladar el límite presupuestario a la puerta del paciente.
Las tarifas de libre elección que se aplican a estos hospitales se basan en precios públicos que solo se han actualizado dos veces en diez años, mientras el IPC nacional creció un 15,6 % entre 2017 y 2023, lo que implica que buena parte de la actividad se retribuye con importes por debajo de los costes reales de referencia. Además, estos centros cobran la actividad de libre elección con años de retraso porque solo se paga una vez auditada y aprobada la liquidación anual, situación que explica los “picos” de pagos concentrados en algunos ejercicios, a menudo utilizados de forma interesada en el debate político.
Elegir datos, no consignas
La experiencia madrileña demuestra que la cuestión relevante ya no es quién gestiona el hospital, sino qué modelo ofrece mejor combinación de accesibilidad, resultados clínicos y sostenibilidad presupuestaria. En los cuatro hospitales públicos gestionados por Quirónsalud, los pacientes esperan menos, mueren menos de lo esperado, sufren menos complicaciones y muestran mayor satisfacción, mientras la Administración paga bastante menos por cada tarjeta sanitaria.
Negar esa realidad por motivos ideológicos significa renunciar a un instrumento que está permitiendo tratar más y mejor a miles de pacientes con menos gasto, justo cuando la sanidad pública afronta el envejecimiento, la cronicidad y la presión financiera. En definitiva, seguir demonizando la colaboración público‑privada en Madrid no es una defensa del sistema, sino una renuncia a la evidencia: cuando se elige el dogma, quien pierde no es el modelo, es el paciente.
