Hasta hace poco había poco movimiento, pero con las elecciones sindicales de Glovo en la puerta, las primeras desde que la empresa ha cambiado su modelo de autónomos, cuatro de los grandes sindicatos están buscando ser la cara de la lucha por la profesionalización del trabajo de los riders. Ya Comisiones Obreras (CC.OO.), la Unión General de Trabajadores (UGT), el Sindicato Libre de Transporte (SLT) y Solidaridad, el sindicato que se ha señalado por su cercanía política a Vox, empiezan a tocar la puerta de los repartidores.
No debería ser una sorpresa. Lo cierto es que la situación de los repartidores ha sido una de las grandes controversias globales en cuanto a derechos del trabajador en España y el resto de países donde estas plataformas han empezado a operar. La realidad es que la relación laboral de estos trabajadores con las plataformas, y sus condiciones, han sido un punto clave de discusión entre las plataformas y los diferentes gobiernos, al punto que han recibido críticas y perdido demandas incluso en países como Reino Unido o Estados Unidos, que en principio tienen administraciones más liberales en lo económico que la de España.
El caso Ibérico es especial, al punto de ser una pregunta permanente en las conferencias de inversionistas. La controvertida Ley Rider, impulsada desde el Gobierno por el ministerio de trabajo que ya encabezaba Yolanda Díaz, ha obligado a estas empresas a tomar decisiones sobre la marcha. De las tres plataformas que siguen operando en España, la más rápida ha sido Just Eat, que ha entrado a un modelo de contratación incluso antes de que se aprobara oficialmente la ley, les ha seguido, a regañadientes, Glovo que inició el proceso de contratación a finales de 2024, solo queda en el aire Uber Eats, que ya empieza a sentir la presión legal del gobierno.
En cuanto a la posición de los riders sobre los sindicatos, la necesidad de asumir sumarse a alguno empezó a estar presente desde mediados del año, cuando empezaron a vivir en carne propia las nuevas condiciones laborales. Lo cierto es que la necesidad de una figura legal que les permitiera asumir legalmente algunas formas de protesta más radicales, incluyendo una posible huelga, ha hecho que se vean obligados a dar este paso.
El problema es que muchos de los riders ven parte de los sindicatos con malos ojos. Sigue siendo una realidad, incluso con el cambio de modelo, que un alto porcentaje de estos repartidores asumen Glovo como un trabajo temporal como parte de su proceso migratorio, y en el caso de los latinoamericanos la incomodidad que tienen con sindicatos abiertamente de izquierda y cercanos al socialismo, como UGT o CC.OO. es evidente, sobre todo por qué para muchos de estos la ley rider ha generado más problemas que beneficios.
UN CONVENIO OBSOLETO QUE DEBE REVISARSE
Si en algo están de acuerdo los sindicatos que compiten por captar repartidores, es que es necesario revisar el convenio sobre el que se han construido los contratos de Glovo. Actualmente, se usa un convenio de mensajería aprobado en 2006, que no tomaba en cuenta el modelo de trabajo de las plataformas de delivery de alimentos, después de todo plataformas como el unicornio español, o incluso rivales como Uber Eats o Just Eats, no sólo no existían, sino que sus conceptos eran difíciles de imaginar. Por tanto, es de esperar que no proteja a los riders de algunas de las realidades del trabajo de estas plataformas.
Situaciones como la distancia de los viajes y la necesidad de cubrir las 24 horas de disponibilidad de las plataformas hacen que sea complejo adaptar un convenio tan antiguo para su nueva realidad. En cualquier caso, será un punto clave de las negociaciones que puedan tener los sindicatos y la empresa en el futuro inmediato, aunque es una realidad que tendrá que esperar por las elecciones del próximo 24 de enero.
RIDERS QUE BUSCAN OPCIONES MÁS ALLÁ DE GLOVO
Lo que ha sido evidente desde el principio del proceso de contratación es que los propios riders han empezado a buscar otras opciones de trabajo. Ya sea servicios de intermediación como Catcher, pasar a otras plataformas como Uber Eats o buscar otros empleos, los movimientos han sido evidentes para aquellos repartidores que se encuentran en situación de hacerlo. El problema es que algunos de ellos alquilaban cuentas mientras resolvían su situación legal, lo que los ha dejado en una situación especialmente vulnerable el último año, y otros han pedido que su despido en los últimos meses considere su tiempo como autónomos como parte de su antigüedad.
En cualquier caso, será interesante saber si después del 24 de enero, cuando se elija el sindicato, cambiarán algunas posiciones. La realidad es que son conversaciones necesarias dentro de la empresa, y que tenían que llegar antes o después tras la decisión de aprobar el proceso de contratación.
