Madrid se encamina, una vez más, a batir otro récord preocupante. El precio del alquiler y de la vivienda en propiedad no solo no se modera, sino que acelera, mientras las distintas administraciones observan el fenómeno con una mezcla de resignación ideológica y parálisis política.
El mercado inmobiliario de la capital se ha convertido en un problema estructural que ya no admite diagnósticos ambiguos: el acceso a la vivienda es hoy uno de los principales factores de desigualdad y de expulsión social en la ciudad.
Los últimos datos de Idealista son elocuentes. El precio del alquiler de metro cuadrado en la ciudad de Madrid alcanzó en noviembre los 22,8 euros, con una subida de un 11,3% en comparación con noviembre del año anterior.
Este dato no se trata de una oscilación coyuntural ni de un repunte puntual: es una tendencia sostenida que dibuja un mercado completamente desconectado de los salarios y de la realidad económica de la mayoría social.
El problema no se limita al alquiler. En el conjunto de España, los precios de compraventa cerrarán el año con un crecimiento del 13,7%, y las previsiones apuntan a un aumento adicional del 7,8% en 2026.
En Madrid, según expertos del sector, el incremento podría rondar el 15%, consolidando a la capital como uno de los mercados más tensionados del sur de Europa. Pisos.com anticipa, además, que el mercado del alquiler crecerá un 10,3% en el cómputo total del año. Ante este escenario, la respuesta política se antoja, como mínimo, insuficiente.
El Partido Popular, que gobierna tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, insiste en negar cualquier intervención por intereses ideológicos. Isabel Díaz Ayuso se niega a declarar zonas tensionadas, pese a que la ciudad de Madrid encaja por completo en esa definición: precios disparados, esfuerzo económico desproporcionado de los hogares y expulsión progresiva de residentes hacia la periferia.
A nivel municipal, José Luis Martínez-Almeida mantiene una posición similar. El alcalde se niega a perseguir de forma sistemática los miles de pisos turísticos ilegales que operan en la capital, pese a que su impacto sobre el mercado del alquiler está ampliamente documentado.
La ausencia de un cuerpo de agentes dedicados exclusivamente a esta tarea no es una cuestión técnica, sino una decisión política. Mientras tanto, barrios enteros se vacían de vecinos y se llenan de maletas con ruedas.
Las políticas de inversión en vivienda del PP resultan, además, notablemente tímidas frente a la magnitud del problema. Almeida ha anunciado que en 2026 habrá algo más de 6.100 viviendas destinadas a alquiler asequible en marcha, una cifra que, aun siendo positiva, es claramente insuficiente para una ciudad de más de tres millones de habitantes.
En la Comunidad de Madrid, el presupuesto destinado a vivienda asciende a 714 millones de euros, superando por primera vez esa barrera, con un aumento de las subvenciones para rehabilitación y la construcción de vivienda social en municipios como Majadahonda, Móstoles, Villa del Prado y la propia capital. Pero el ritmo y la escala siguen estando muy lejos de lo necesario.
El resultado es un mercado que genera un dolor social creciente. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más del 70% de sus ingresos al alquiler, trabajadores esenciales expulsados del centro urbano y una brecha territorial cada vez más profunda.
SEGREGACIÓN
Madrid no solo se encarece: se segrega. El Gobierno central tampoco se atreve a intervenir con la fuerza que exige la situación. El PSOE se muestra reticente a prorrogar ‘por decreto’ los 60.00 contratos de alquiler que vencen en el Estado español durante 2026.
El Ejecutivo ha optado por un perfil bajo que contribuye a las políticas de sus adversarios. Así, la vivienda se ha convertido en el ejemplo perfecto de una política pública fallida por acumulación de inacciones.
Ninguna administración asume plenamente su responsabilidad, y todas encuentran una excusa para mirar hacia otro lado: el mercado, la seguridad jurídica, la falta de competencias o la herencia recibida. Mientras tanto, los precios siguen subiendo y el problema se cronifica.
