Mientras que Glovo sigue buscando soluciones a la crisis que ha nacido por los problemas en su proceso de contratación, Uber Eats ha decidido mantener su modelo de autónomos. Sin embargo, la situación de la empresa puede cambiar, después de todo la vicepresidenta primera y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que desde el mes de enero empezarían a buscar vías penales para obligar a que dejen de trabajar con autónomos.
Aunque desde la empresa han defendido una y otra vez que estos repartidores son autónomos, incluso según lo que dice el texto de la controvertida ‘ley rider’ la experiencia de sus competidores no es positiva. El caso de Glovo, que ha decidido contratar a estos repartidores, es el más evidente, pero en el pasado otros competidores como Stuart o Deliveroo han decidido directamente que la opción más fácil para afrontar los cambios en el texto de la ley era abandonar el país.
Aun así, Uber Eats no ha cambiado su posición. La empresa ha tenido su experiencia operando con flotas tercerizadas, y tras algunos meses decidieron volver a los autónomos. Sumado a que el proceso de contratar a sus riders ha sido complicado para su principal rival, con críticas continuas de los propios repartidores en cuanto a cómo se han organizado los horarios y las zonas de trabajo, e incluso por la forma en que se ha tratado a los repartidores que han quedado fuera de la flota, o los que no han podido cumplir con estos horarios.
LA VÍA PENAL EN EL CASO DE GLOVO
Lo cierto es que ya ha habido algún movimiento por la vía penal por la situación de los riders. Oscar Pierre, el fundador y consejero delegado de Glovo, tiene un año enfrentado un caso penal que puede traducirse en unos 4 años de prisión por violar los derechos de los trabajadores. Es una estrategia similar a la que el ministerio quiere aplicar ahora contra Uber Eats, aunque, por supuesto, será necesario demostrar la culpabilidad de la directiva de la plataforma.
El cambio en el Código Penal, aprobado en 2022, para obligar las plataformas a cumplir con la ley rider, cambió el el artículo 311 y puede traducirse en hasta 6 años de prisión para «Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
Por tanto, lo que ocurra con el juicio de Pierre puede ser interesante. La presión sobre una de las plataformas es también un aviso para sus competidores, aunque evidentemente no ha sido suficiente para cambiar la posición de Uber Eats sobre la situación. La empresa sigue teniendo su modelo de tres columnas que separa sus riders contratados y las flotas de aquellos que operan como autónomos, estos últimos enfocados a su negocio principal de entrega de alimentos de locales de restauración.
UBER EATS: TAREA PENDIENTE DE LA LEY RIDER
En cualquier caso, la situación de Uber Eats la ha dejado sola en la pelea contra la ley. Con la decisión de Glovo de acoplarse a la misma, y el caso de Just Eat, que desde hace años ha contratado a sus riders se han vuelto la única prioridad del gobierno, y de hecho sus rivales han pedido que compitan con igualdad de condiciones.
El problema es entonces para una parte de los riders. En la práctica son muchos los que siguen prefiriendo el modelo de autónomos, algunos por la libertad que viene de la mano con operar por cuenta propia, pero para otros era importante, pues al no tener sus documentos al día necesitaban que esta opción existiera para poder alquilar cuentas con más facilidad. Muchos de los riders en esta situación han apostado por Uber Eats como una solución temporal, pero estos movimientos legales pueden dejarlos sin una respuesta en el corto plazo.
