Le guste o no a la empresa pública, desde el uno de enero están obligados a cumplir con la nueva política de indemnizaciones que ha pedido el Senado. Es una nueva realidad para Renfe que atraviesa problemas de pérdidas desde la llegada de Ouigo e Iryo al país, y que ahora tendrá que devolver un mayor porcentaje del precio de los billetes cuando haya retrasos en los viajes de la alta velocidad, un problema demasiado habitual en el servicio de la empresa pública, al menos con las nuevas exigencias de la política de puntualidad.
La exigencia, que el Senado ha incluido en una enmienda de la nueva ley de transporte sostenible, entrará en vigor desde el 1 de enero, es decir, para aquellos que vuelvan temprano de los viajes de fin de año ya puede ser una realidad. En principio, la empresa pública tendría que devolver un 50% del precio del billete a los viajeros que lleguen a su destino con 15 minutos de retraso y el 100% del precio a aquellos que lleguen más de 60 minutos tarde.
En respuesta, la propia Renfe ha buscado estrategias legales para intentar, al menos, retrasar la entrada de la ley o, si es imposible evitarla, intentar que Ouigo e Iryo tengan que cumplir con la misma medida.
Lo cierto es que la presencia de estos dos competidores ha sido el principal motivo de la empresa pública para cambiar su propia normativa. El argumento es que la presencia de más trenes en las vías aumenta las posibilidades de retrasos de al menos 15 minutos, al punto que desde la dirección de la empresa y el ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible han dicho abiertamente que la política de puntualidad que exige la ley desde el mes de enero no es sostenible en el tiempo. Por su lado, desde la competencia han señalado que sería lógico aplicar la misma exigencia a las tres empresas que operan hoy en la alta velocidad.
LA POLÍTICA DE PUNTUALIDAD DE LA COMPETENCIA
La diferencia en las exigencias de las políticas de puntualidad de Renfe con sus dos rivales, Ouigo e Iryo, ha sido uno de los principales argumentos de la empresa pública contra la enmienda del Senado. Ambas son más estrictas que la aplicada por la empresa pública hasta este mes, pero no llegan al extremo de lo que exige la nueva medida del Senado.
Puntualmente, Ouigo devuelve el 50% del precio del billete a los usuarios por un retraso mayor a los 30 minutos, y en caso de que se alargue más de una hora se suma un 50% más en un billete reembolsable. Esto último sube hasta el 100% del importe pagado por el billete en caso de que el retraso alcance los 90 minutos.
En el caso de Iryo, se devuelve un 50% del importe pagado por el billete en caso de retrasos mayores de 60 minutos, y en caso de retrasos por encima de los 90 minutos se devuelve el 100% del importe, ya sea en un vale de compra o en dinero en efectivo. Ambas tendrían que apretar los tornillos en caso de que se les aplique la nueva ley.
De momento no es una posición que han asumido desde el PP, a pesar de los comentarios de la directiva de Renfe y desde el Ministerio. Al mismo tiempo, ambas instituciones están dedicadas a intentar que la enmienda no se aplique de ningún modo, con la idea de evitar lo que consideran un sobre coste demasiado alto para la empresa, que además consideran puede tener un efecto directo sobre los usuarios del servicio.
RENFE AVISA: LA NUEVA POLÍTICA PUEDE SUBIR LOS PRECIOS
Lo cierto es que la empresa pública ya ha avisado de que esta política se puede traducir en un aumento de los precios para el usuario de los billetes del AVE y del AVLO. Consideran que es imposible evitar del todo los retrasos, sobre todo por la cantidad de trenes que en este momento operan en el sistema de alta velocidad, y que pueden complicar la fluidez del sistema. Por tanto, si es más costosa la indemnización de los retrasos, es de esperar que la empresa deba buscar una forma de cubrir este nuevo gasto.
De momento no se han hecho anuncios en este respecto, aunque ya se han visto aumentos de precios en la ruta que conecta Madrid Barcelona, tanto por los intentos de las tres grandes empresas de la alta velocidad de salir de los números rojos como por la retirada de los trenes del servicio low cost de la pública, el AVLO. Tocará esperar para saber si pueden poner el freno a esta medida a tiempo para evitar que entre en vigor en el mes de enero.
