La Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, ha presentado sus aportaciones a la audiencia pública del Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios (PNRE), subrayando tanto los avances significativos que el documento representa como las áreas en las que considera necesario reforzar su enfoque social.
Este plan, impulsado por el Ministerio competente en materia de vivienda y energía, busca modernizar el parque inmobiliario español, alineándose con la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios y contribuyendo de manera decisiva a la descarbonización del sector. Entre los aspectos más relevantes del PNRE se encuentran la fijación de objetivos vinculantes para 2030, 2040 y 2050, la introducción de normas mínimas de eficiencia energética, el impulso a la rehabilitación integral de barrios y la coordinación con estrategias clave como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
Según CECU, uno de los mayores aciertos del plan es su enfoque integral, que no solo contempla la eficiencia energética sino también la calidad arquitectónica, la accesibilidad, la salud y el confort de las viviendas. Además, la organización destaca el amplio proceso participativo desarrollado por el ministerio, considerado una buena práctica a nivel europeo, que ha permitido que distintos agentes y sectores aporten su visión al diseño del plan.
Esto, a juicio de CECU, refuerza la legitimidad de la estrategia y permite que se construya sobre un diagnóstico amplio de las necesidades del parque edificatorio español. Sin embargo, la federación advierte que, pese a sus fortalezas técnicas y estratégicas, el PNRE muestra ciertas debilidades que deberían ser abordadas para garantizar una transición justa. La principal de ellas, según CECU, es la limitada dimensión social del plan.
Aunque el documento reconoce la existencia de pobreza energética y vulnerabilidad residencial, no especifica mecanismos suficientemente robustos para proteger a los hogares más vulnerables y a las personas inquilinas de posibles impactos negativos, como el incremento de los alquileres o la necesidad de trasladarse temporalmente durante las obras.
Otro de los puntos críticos identificados por la organización es la falta de concreción de los instrumentos financieros destinados a la población vulnerable. Aunque el PNRE menciona fuentes de financiación públicas y privadas, no detalla los porcentajes de subvención, los modelos de cobertura económica o los canales simplificados para aquellos hogares con menor capacidad administrativa o digital.
Esta ausencia de claridad podría dificultar que los hogares con menos recursos accedan de manera efectiva a las ayudas, limitando el impacto social positivo del plan. Además, CECU alerta sobre un riesgo operativo relacionado con la capacidad de ejecución del sector. La distancia entre la tasa actual de rehabilitación y la requerida para cumplir los objetivos del PNRE es considerable.
Si bien el plan incluye medidas de formación, industrialización y acompañamiento técnico, no se detallan suficientemente los mecanismos para afrontar los posibles cuellos de botella en mano de obra, coordinación administrativa y tiempos de tramitación.
BRECHA ENTRE PLANIFICACIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVO
Esta brecha entre planificación y capacidad operativa real podría comprometer los resultados esperados si no se adoptan medidas complementarias que la mitiguen. Pese a estas debilidades, la federación considera que, con los ajustes necesarios, el PNRE tiene el potencial de convertirse en una política pública transformadora.
Un plan reforzado socialmente podría reducir la pobreza energética, generar empleo verde y avanzar hacia un modelo de vivienda más sostenible, saludable y socialmente justo. En este sentido, la integración de la eficiencia energética con la protección social, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida de los habitantes es clave para lograr un impacto duradero.
CECU también subraya la importancia de que las medidas incluidas en el plan se traduzcan en resultados concretos en barrios y municipios. La rehabilitación integral no debe limitarse a mejorar los edificios individualmente, sino abarcar el entorno urbano completo, favoreciendo la cohesión social y la regeneración de zonas desfavorecidas.
De esta manera, se fomenta un modelo de desarrollo más equitativo y se evita que la modernización del parque inmobiliario solo beneficie a ciertos sectores de la población.
